Legisladores de todos los partidos cuestionaron el acuerdo entre Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy para constituir una comisión diplomática que estudie el caso de Florence Cassez, pues consideraron que se trata de una cesión que pone en entredicho al sistema judicial mexicano y abre la puerta a una flexibilización de la ley contra la delincuencia organizada. Lamentaron asimismo que el presidente de Francia haya llevado el tema al pleno senatorial.

Después de la visita de Sarkozy al Senado, el presidente de la Comisión de Gobernación, el priísta Jesús Murillo Karam, y el panista Santiago Creel advirtieron que si México permite la repatriación de la secuestradora enviaría un mensaje terrible a la sociedad.

Si el presidente Calderón ha propuesto iniciativas de ley para elevar la pena en caso de secuestros, creo que actuar en consecuencia es que una vez que esta persona concluya su proceso cumpla su sentencia aquí en México y no se mande una señal equivocada de que cualquier delincuente, por presiones de su país de origen, puede ser extraditado, sostuvo Creel.

Murillo Karam, a su vez, hizo notar que Cassez ya ha sido procesada y sentenciada, y si la justicia mexicana la consideró culpable, ésa es la verdad legal. Debe cumplir aquí su sentencia, porque estamos hablando del delito más sentido en el país.

En San Lázaro, diputados de PRI, PAN, PRD, PT y Convergencia lamentaron que el caso de la francesa se haya politizado, y que, como señaló el secretario de la mesa directiva, José Manuel del Río, Sarkozy haya pasado por encima del protocolo y hablara del caso ante los senadores.

El coordinador del PRI, Emilio Gamboa, afirmó que ya sentenciaron culpable a esta mujer, y acotó que si bien Sarkozy está en su derecho de defender a los ciudadanos de su país, también nosotros tenemos la obligación de cumplir con la ley.

El también priísta Samuel Aguilar aseguró que el caso de una secuestradora no tiene nivel para ser tratado por dos jefes de Estado, y evaluó que Calderón no debió ceder a integrar una comisión, sobre todo porque hay muchos mexicanos agraviados por el secuestro que cometió la banda a que Cassez pertenecía.

El petista Silvano Garay dijo que si bien en la conferencia de prensa el Presidente mexicano aseguró que nadie está por encima de la ley, al conceder que el asunto se revise en el terreno diplomático abrió la puerta para que una secuestradora salga del país y que en Francia se le libere.

A su vez, Gerardo Priego, del PAN, convino en que el titular del Ejecutivo accedió a analizar el caso por la presión muy fuerte del gobierno francés, pero confió en que la comisión sea contundente para que esta señora pague sus culpas en México.

El presidente del Senado, el panista Gustavo Madero, consideró que Sarkozy no violentó el recinto, ya que no formuló ningún planteamiento inconveniente. No pidió directamente que se extradite a Cassez y cuando aludió al tema lo hizo con mucho cuidado.