Más allá de las diferencias en los criterios jurídicos que han confrontado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con el Instituto Federal Electoral (IFE), en este último órgano comienza a preocupar una situación que hasta ahora no tiene precedente: las 11 amonestaciones públicas que los magistrados han realizado al secretario ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo Molina.

El tema preocupa porque saca a la luz errores procedimentales que pudieran estar incidiendo en el elevado número de expedientes que les son devueltos, además de que está en puerta un proceso electoral en el que se anticipa un elevado número de recursos legales que presenten los partidos políticos, como se ha evidenciado en los primeros días del mismo.

La reforma electoral ha reservado a la secretaría ejecutiva un papel protagónico, en especial en los diversos procedimientos sancionadores.

Lo anterior en un contexto en que las relaciones entre ambas instituciones no han estado en sus mejores términos, como lo evidencia el hecho de que casi una tercera parte de los recursos que los partidos presentan al TEPJF son devueltos, situación que explotó el pasado 20 de enero, cuando el IFE tuvo que repetir, con evidente molestia de los consejeros, el procedimiento de otorgar la validez del registro de la coalición Salvemos a México –Convergencia y PT– por órdenes de los magistrados.

Las recurrentes amonestaciones al secretario ejecutivo preocupan en el IFE por los términos en que son referidas. Por ejemplo, en un recurso presentado por el PRD relacionado con la administración de los tiempos oficiales en las elecciones de Guerrero, en particular los otorgados al PAN, se subraya que al desechar de plano la demanda, que debió ser procedente: esta Sala Superior concluye que el secretario del Consejo General violentó el principio de legalidad a que se encuentra obligado, por separar su actuación de los cauces legales, específicamente por haber determinado, sin atribución legal alguna, cambiar de vía el recurso de revisión interpuesto por el sol azteca.

Añade que para evitar la repetición de tales conductas se amonesta al secretario del Consejo General del IFE para que en lo futuro se abstenga de incurrir en este tipo de conductas.

En otro recurso interpuesto por el PRI en contra del gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez, la secretaría ejecutiva optó por dar vista a la Unidad de Fiscalización, cuando, indican los magistrados en su resolución, se erró en el procedimiento legal para resolverlo, pues se debió haber dado aviso al superior jerárquico del recurso de revisión interpuesto en el desahogo del procedimiento, para que fuera resuelto en la Junta General Ejecutiva.

Lo anterior hubiera significado el cumplimiento y respeto al principio de legalidad al que se encuentra obligado el secretario del Consejo General, el cual consiste en que todas sus funciones se realicen con estricto apego a derecho, ya que, como ha sido señalado, no existe ningún dispositivo constitucional, legal o estatutario que lo faculte a cambiar de vía ningún medio de impugnación.

Por ello se consideró necesario regresar el asunto al secretario del Consejo General, con el propósito de que exista una tutela jurisdiccional efectiva prevista en el artículo 17 constitucional.

A pesar de las 11 amonestaciones públicas acumuladas y el elevado número de recursos devueltos, para el consejero electoral Virgilio Andrade no puede hablarse de que existan focos rojos en torno al desempeño del secretario ejecutivo.

Lo anterior, en función de dos consideraciones que deben evaluarse: la instrumentación de nuevos procedimientos legales derivados de la reforma electoral y que se aplican por vez primera, así como algunos replanteamientos en los criterios jurídicos del TEPJF a los cuales el IFE se ha comenzado a adaptar paulatinamente.

Sin embargo, tras el polémico caso del perdón promovido por algunos consejeros a las televisoras –por la interrupción de programas, el empaquetamiento de promocionales y la presentación de cortinillas–, en sentido contrario al dictamen elaborado por Jacobo Molina, la postura de este último quedó más señalada por un sector de consejeros electorales.

Algunas versiones dan cuenta de que causó molestia la forma en que procesó la elaboración del dictamen que luego fue revertido por consejeros en plena sesión de Consejo General, bajo la figura del sobreseimiento, que no era otra cosa que perdonar las irregularidades cometidas, bajo el eufemismo de que se habían corregido las conductas en el caso de Televisa y Tv Azteca.

Por lo demás, el secretario presentará un nuevo dictamen relacionado con Televisa, por el presunto incumplimiento de pautas en Nuevo León, donde las filiales del consorcio televisivo no transmitieron correctamente los promocionales relacionados con la campaña local.