La Secretaría de Educación Pública (SEP) consideró que las reformas al artículo tercero constitucional –que se analizarán en el Senado y que fueron aprobadas el 11 de diciembre pasado por los diputados– no deben plantear la obligatoriedad de pagar cuotas por el servicio educativo, pero sí que se abran canales para que los padres de familia otorguen mayor apoyo, mediante pagos, al que actualmente existe, a fin de sufragar los costos de la educación.

El subsecretario de Educación Media Superior de la dependencia, Miguel Székely Pardo, aseguró que la posición de la SEP en torno a las modificaciones al artículo 3 de la Constitución es que el Estado mexicano provea los recursos económicos para tal fin en la medida en que lo pueda realizar, aunque, señaló, las aportaciones, por iniciativa propia, de los padres, siempre son bienvenidas.

Durante la conferencia en la que presentó el programa Apoyo a la Economía de Familias de Estudiantes de Educación Media Superior, en el que se pretenden disminuir en 10 por ciento las cuotas de inscripción y colegiaturas en instituciones federales de ese nivel educativo dependientes de la SEP, el funcionario consideró que la gratuidad no quiere decir que los ciudadanos no tengan que gastar en la materia.

La gratuidad no implica que las familias dejen de destinar recursos a la educación. Hay muy pocos países donde la educación es totalmente gratuita en términos de transporte, alimentación de alumnos en la escuela y materiales (pero) la gran cantidad de países desarrollados son sistemas en los que las familias siempre tienen que realizar algún tipo de inversión a pesar de que la educación sea gratuita.

Inclusive, señaló que existe un número importante de escuelas en las que gracias a las aportaciones económicas de los padres se han construido espacios deportivos y de mejora en infraestructura. Pero creemos que eso siempre debe ser de manera totalmente voluntaria y que es el Estado mexicano el que tiene la responsabilidad de subsanar los costos.

Aun cuando el funcionario anunció que el programa echado a andar ayer tiene varias medidas de apoyo a la economía de 900 mil familias del país, que según la dependencia representarán para éstas un ahorro de 50 por ciento en la inversión en educación que realizan, hizo énfasis en que hay gastos que el Estado no puede absorber.

Sostuvo que debe definirse el concepto de gratuidad y qué servicios implica ésta. “Si estamos hablando de materiales educativos que los jóvenes requieren para poder recibir el servicio, ese es un gasto que no necesariamente por ley el Estado está obligado a cubrir. La gratuidad está en el sentido de no exigir como condición para entrar al sistema educativo una cuota determinada.

Cuando los padres de familia aportan cuotas siempre son voluntarias; por ley no puede haber cuotas obligatorias y esto es para todo el sistema educativo, no sólo para el nivel medio superior. Incluso es muy bien sabido que prácticamente todas las universidades públicas cobran algún tipo de cuota.

Mencionó que las familias gastan en promedio 645 pesos mensuales en escuelas públicas de bachillerato a escala nacional, mientras en las privadas el costo promedio es de 2 mil 560 al mes, aunque en el DF sobrepasa los 4 mil pesos mensuales.

Algunas de las medidas que se anunciaron son la reducción del 10 por ciento en los servicios educativos incluyendo uniformes en Cetis y Cbtis; devolución del 10 por ciento a las familias que hayan pagado cuotas y otros servicios entre enero y marzo; descuento de 25 por ciento en servicios educativos si otro miembro de la familia cursa el mismo nivel académico en otro plantel público.

En tanto, sólo en los planteles en el Distrito Federal del Conalep y del Colegio de Bachilleres se aplicará la misma medida de descuento en las cuotas, retroactivo a enero en las primeras instituciones y a partir de abril en Bachilleres.