La riña ocurrida el miércoles en el penal estatal de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 21 reclusos, así como otros enfrentamientos suscitados en las cárceles de La Mesa, Tijuana, o de Reynosa, Tamaulipas, se corresponden con un vacío de autoridad y eso es lo más preocupante, sostuvo en entrevista Andrés Calero, tercer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Esto, agregó, no se puede mantener como hecho aislado, porque es reflejo del grave problema de inseguridad en todo el país. Lo que estamos viendo con estos acontecimientos es que grupos o bandas del crimen organizado continúan actuando desde el exterior y el interior de las cárceles. Es decir, algunos integrantes de estos grupos delictivos que han sido aprehendidos siguen operando sus ilícitos.

La CNDH, señaló, desde finales de 2008 y lo que va de 2009 ha recibido quejas por hechos de ese tipo, y cada vez el número aumenta; se trata de quejas por extorsión y abusos, resultado de los autogobiernos.

Calero, responsable del Programa de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, reveló a La Jornada que sólo en enero de este año tenemos quejas por una fuga, dos motines y 22 riñas colectivas, y no siempre se trata de desavenencias entre reos, que son muy comunes, sino de problemas mayores.

El funcionario hizo un recuento de los incidentes que consideró más graves en penales del país: el de Tijuana, del 14 de septiembre de 2008, con resultado de 21 muertos; el de Reynosa, del 20 de octubre del mismo año, y el del pasado miércoles en Ciudad Juárez, pero “no vemos que la autoridad adopte medidas, ya que en muchos casos se trata de choques entre internos, pero en otros, como los de Reynosa y Juárez, se trató de una lucha de fuerzas contra la autoridad.

En ocasiones estos problemas derivan de pugnas desde el exterior, que buscan el control del penal, y eso refleja un vacío de autoridad, que no hace nada para evitarlos. Eso preocupa, ya que grupos de delincuencia organizada o bandas buscan el control de las cárceles para continuar operando en sus actividades delictivas.

Calero manifestó que estos conflictos tienen que ver con el crimen organizado, porque muchos integrantes de las bandas están presos; a veces se originan por rencillas, incluso en ocasiones de carácter trasnacional, porque han ocurrido riñas entre bandas en prisiones de Estados Unidos, y una vez que los presos se encuentran en otras cárceles se cobran los agravios pendientes.

El caso de Ciudad Juárez data de dos años atrás, era un conflicto conocido entre Los Aztecas y otras bandas, pero “desgraciadamente la autoridad no ha puesto la atención debida para evitar estos incidentes; deberían haber adoptado medidas que van desde ubicar a los integrantes de esos grupos en módulos separados, evitar que se junten en las prisiones e incluso aplicar acciones de seguridad para vigilar a los reos peligrosos, ya que lo grave es que los hechos ocurrieron en la zona de alta seguridad.

Aquí vemos negligencia de la autoridad, y se le hace un llamado para que redoble los esfuerzos de vigilancia en esas áreas. Es claro que hubo desatención, omisiones, y derivado de ello se tienen 21 muertos, pero en otros casos esos grupos continúan operando desde el interior.

Calero explicó que la CNDH tiene quejas radicadas por los cuatro sucesos en que hubo necesidad de que interviniera la autoridad federal: los motines de Tijuana, Reynosa, Villahermosa y Ciudad Juárez.

Otro caso que la CNDH ve con preocupación, abundó, es el hecho ocurrido en el penal de Torreón, Coahuila, donde hombres armados ingresaron a la cárcel y atacaron a un grupo de internos, con muertos y una fuga, y un acontecimiento de este tipo se repitió en Durango.

Indicó que esto se debe a problemas de convivencia de determinados reos e integrantes de la delincuencia organizada que empiezan a ejercer el control del penal y a exigir ciertas actividades o cuotas a otros internos, lo que deriva en riñas, enfrentamientos o levantamientos. Se han detectado motines que no han sido sólo en protesta contra la autoridad, sino contra las extorsiones de parte de otros reclusos. Un ejemplo es el caso de Nuevo León, donde los presos denunciaron: ahora llegan unos reos iguales a nosotros y nos quieren cobrar cuotas.