Por omisiones, irregularidades, dilación y falta de oportunidad en las investigaciones en que incurrieron policías y personal ministerial y pericial de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero en el caso del asesinato del periodista Rafael Villafuerte Aguilar, director del diario La Razón, ocurrido el 13 de diciembre de 2003, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió al gobernador Zeferino Torreblanca la recomendación 11/2009.

La CNDH destaca que a más de cinco años del crimen, las autoridades correspondientes no han concluido la investigación respectiva, no tienen a ninguna persona detenida, pese a que el Ministerio Público cuenta con testimonios y con un informe de la policía ministerial en que identifican a los probables autores del homicidio.

Da cuenta la CNDH de que la señora Sonia Gama García, esposa del señor Villafuerte Aguilar, presentó ante el organismo, el 10 de julio de 2007, una queja por “omisiones e inactividad de la autoridad ministerial en la investigación del asesinato de su esposo.

En la queja señaló que el señor Villafuerte Aguilar fue privado de la vida por disparos de arma de fuego cuando circulaba en su camioneta en las inmediaciones de Coyuca de Catalán, Guerrero.

Resalta la CNDH en la recomendación que considerando que los hechos materia de la queja revisten especial gravedad e inciden en la opinión pública, y por su naturaleza trascienden el interés del estado de Guerrero, con fecha 8 de octubre de 2007 se determinó ejercer la facultad de atracción del caso.

Se precisa en el texto de la recomendación que, aunque la queja que da origen a la recomendación fue interpuesta en julio de 2007, y que el hecho, el crimen, ocurrió el 13 de diciembre de 2003, dada la naturaleza y gravedad que representan la dilación y las omisiones en la investigación, se determinó ampliar el plazo para conocer del presente caso.

Sostiene la CNDH que se constató que el personal ministerial, pericial y policial que intervino en la indagatoria violó en perjuicio de Sonia Gama García y sus hijas los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica y acceso a la justicia pronta y oportuna.