Huixtán, Chis., 28 de febrero. Unos 800 indígenas marcharon en la cabecera de este municipio tzeltal para protestar por las altas tarifas que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el consumo de energía, y exigir al gobierno federal que baje el precio del energético, pues la población más pobre sufre ya las consecuencias de la crisis económica.

Los indígenas marcharon en dos grupos a ambos lados de la carretera San Cristóbal-Ocosingo que pasa junto a la cabecera y luego se juntaron en la plaza central, donde participaron en un acto político.

Desde aquí exigimos al gobierno federal que deje de beneficiar sólo a los ricos y baje el precio de la luz; que se fije una tarifa fija de 10 centavos por kilovatios, pues nuestra gente no tiene dinero para pagar más y Chiapas es uno de los estados que más energía hidroeléctrica aporta al país, afirmaron los dirigentes de los manifestantes.

Cómo es posible que no se beneficie a los chiapanecos con tarifas justas si sus recursos se usan para hacer producir al país; no es posible que nos lleguen recibos por miles de pesos por tres o cuatro focos, señalaron.

Ubaldo Pérez Bautista, dirigente del Frente de Lucha Popular 29 de Febrero –que hoy cumplió cinco años de fundación–, informó que 800 familias de 16 de las 50 comunidades de Huixtán están en resistencia de pagos y desde hace cinco años cada usuario deposita bimestralmente ante el Supremo Tribunal de Justicia cinco pesos en favor de la empresa paraestatal, pero ésta se ha negado a cobrar el dinero que suma ya 120 mil pesos.

Dijo que sólo al principio aceptó el pago de cuatro bimestres pero luego se arrepintió y regresó el dinero a una cuenta a nombre de la agrupación que aglutina a los usuarios en resistencia.

Denunció que en fechas recientes la CFE ha hostigado a los usuarios mediante documentos para presionarlos a que paguen los adeudos pendientes.

En los documentos firmados por el apoderado legal de la CFE, Jorge Luis Hernández Potenciano, se apremia a los usuarios a que liquiden los adeudos en un plazo de 72 horas o de lo contrario se procederá a la suspensión del suministro.

Pérez Bautista desestimó las amenazas al afirmar que las comunidades están bien organizadas e impiden que los empleados de la paraestatal corten el servicio.

Las comunidades han aprendido a defenderse y resolver sus propias necesidades, como la reparación de transformadores, cambio de fusibles, apartarrayos, alineamientos, retenidas, reforzamiento de postes y ajuste del cableado eléctrico, ya que la CFE no repara ningún desperfecto, aseveró.