Manifestación a favor de la despenalización del aborto en el Zócalo capitalino en la víspera de la decisión de la SCJN. Foto: Archivo La Jornada

El camino es largo y pasmosamente silencioso. Atravesar el Panteón Civil de Dolores en una mañana lluviosa de septiembre no es un paseo atractivo, a menos que se busque la reflexión en el “santuario para las víctimas del aborto”. Es difícil imaginar a una mujer que se someta a la interrupción legal del embarazo en la ciudad de México, yendo días después a “llorar la muerte de su hijo”, como consigna una de las placas instaladas en este pequeño lote, situado en los confines del lugar. Quien quiera acudir a este lugar deberá pasar primero por las miradas hurgonas de los encargados y cuidadores, a quienes de tanto en tanto hay que pedir orientación al sentir que la caminata es interminable.

Al llegar al sitio, construido por organizaciones de inspiración cristiana, la mujer se encontrará con lo que parece una capilla al aire libre. A pesar de que la delegación Miguel Hidalgo, administradora del cementerio, aclaró que el santuario se encuentra en un “lote particular, cuyos familiares dispusieron hacer un área de oración”, por lo que no violenta ningún aspecto de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la escena no puede ser más parecida a un templo católico.

El rector de la Antigua Basílica de Guadalupe, Pedro Agustín Rivera, anunció que en el futuro habrá un lugar donde los no nacidos recibirán “cristiana sepultura”. Por ahora, no hay espacio para ello. Algunas bancas, un altar, dos discursos inquisidores, una imagen de Jesús crucificado y una de la Virgen de Guadalupe fueron el último golpe mediático que la Iglesia Católica y sus grupos laicos pudieron dar contra la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró constitucional la despenalización del aborto en la capital mexicana.

El camino a seguir
Si bien la resolución de la Corte allanó el camino para ampliar el derecho a interrumpir el embarazo a todo el país, en la mayoría de los estados se antoja difícil que se alcance pronto la despenalización. No obstante, existen varias estrategias que pueden seguirse.

Dado que la decisión del máximo tribunal sentó jurisprudencia en el tema, ésta puede ser empleada como recurso para impulsar reformas similares. “Uno de los mecanismos sería impugnar, cuando se den las condiciones para ello, las legislaciones de los estados”, explica el abogado Pedro Morales Aché, entrevistado por Letra S. Esto podría hacerse en el momento en que se reformara lo referente al aborto en algún Código Penal estatal, donde podría interponerse una acción de inconstitucionalidad.

Otra oportunidad sería en caso de que se imputara el delito de aborto a una mujer concreta, quien debería interponer un juicio de amparo. Sin embargo, el triunfo en esta situación únicamente protegería a la persona que interponga el recurso, explica el especialista.

Aún cuando se acumularan los cinco casos suficientes para sentar jurisprudencia en cuanto a una ley específica, ésta sólo es de observancia obligatoria para los tribunales, por lo que desencadenaría a su vez la necesidad de más amparos si las mujeres o el personal de salud siguieran siendo acusados por aborto.

Es decir, “la jurisprudencia obliga a los tribunales, no a los legisladores, aunque aquí sí es posible hablar de una obligación de carácter ético de los legisladores de ajustar la legislación a la jurisprudencia, pero no es una obligación legal”, dice Morales Aché. Lo más práctico entonces, sería que las legislaturas de cada estado modificaran sus Códigos Penales y así asegurar el acceso generalizado a este derecho, aunque no son vías excluyentes, según considera el abogado. En esto coincide su colega, Fernanda Díaz de León, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), quien también reconoce que la vía del amparo sería más compleja porque “se necesita mucho más de experiencia, de técnica jurídica; en ese sentido puede ser una estrategia que aplique alguna organización civil”.

Consultada sobre si se puede dar la despenalización del aborto a nivel federal, Díaz de León detalló que, si bien hay varias iniciativas en este sentido en las Cámaras de Diputados y Senadores, de ser aprobadas no tendrían gran impacto en la salud pública o en la vida cotidiana de las mujeres. “El aborto no es de competencia federal. Aunque la figura del aborto sí está contemplada en el Código Penal Federal, aplica solamente para cuando el sujeto activo del delito, en este caso la mujer, es servidora pública federal o el aborto se lleva a cabo en territorio federal que puede ser un avión o una embarcación con bandera mexicana, es decir, en situaciones límite”.

La mejor estrategia que puede seguir la sociedad civil organizada que apoya el derecho a decidir, consideró Díaz de León, es dar a conocer en las legislaturas locales los argumentos de la Corte o los argumentos con los que los ministros sustentaron su veredicto, haciendo conciencia en la ciudadanía, pero también en las y los legisladores.

Crece la demanda en todo el país
Luego de la histórica decisión del máximo tribunal el 28 de agosto pasado, el Partido Socialdemócrata (PSD) anunció que promovería leyes para despenalizar la interrupción legal del embarazo en varios estados de la República; el Partido de la Revolución Democrática (PRD) hizo lo propio en otras entidades y hasta el Revolucionario Institucional (PRI) se sumó a en algunas más.

Hasta el momento se han presentado iniciativas en los estados de México, Veracruz, Guerrero y Colima —prácticamente iguales a la ley del Distrito Federal—, mientras que algunos legisladores del PSD y PRD han anunciado que propondrán las propias en Nuevo León y Aguascalientes. En el debate público, los grupos conservadores de Guanajuato y Jalisco consideran a sus estados “protegidos” ante intentos de legalizar esta práctica debido a que, argumentan, sus habitantes “sí respetan la vida”. Lo cierto es que su principal escudo es el marcado catolicismo de sus gobernadores y grupos en el poder.

En la entidad gobernada por Emilio González Márquez se intentó, incluso, una reforma a la Constitución estatal para “blindar” al estado contra el aborto, promovida por organizaciones civiles ligadas a la jerarquía católica a fines de 2007. En enero pasado, la propuesta fue rechazada por la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del estado.