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Editorial

Texcoco-Atenco: gobierno inexistente

A primera vista, podría resultar incomprensible que un desalojo de vendedores ambulantes de flores en el mercado Belisario Domínguez, realizado en la mañana de ayer por policías municipales de Texcoco, se haya convertido, en menos de 12 horas, en un conflicto de dimensiones alarmantes y resultados trágicos: un muerto, decenas de heridos ­tanto pobladores como agentes del orden municipales, estatales y federales­, más de un centenar de detenidos, unos 15 policías de distintas corporaciones secuestrados, una importante vía de comunicación bloqueada y manifestaciones frente a la Secretaría de Gobernación. Pero si se analizan los antecedentes del conflicto es posible percibir con nitidez la pavorosa ceguera y la ineptitud política mostrada por las autoridades de los tres niveles de gobierno. Esa ineptitud, en el caso del gobierno federal ante San Salvador Atenco, es marca de origen del foxismo: como se recordará, a inicios del sexenio el actual grupo gobernante provocó un conflicto de severas proporciones cuando intentó construir un aeropuerto alterno en esa zona del estado de México y pretendió expropiarles a los ejidatarios 4 mil 500 hectáreas a cambio de una indemnización de seis pesos por metro cuadrado. El intento de despojo ­que no puede llamarse de otra forma­ fue resistido con éxito por los habitantes del lugar, quienes se movilizaron en marchas a la ciudad de México en las que rasparon el asfalto con sus machetes.

Aunque los campesinos lograron preservar su patrimonio, nadie ganó con el episodio: la mayoría de los medios informativos se unió en una campaña infame orientada a forjar ante la opinión pública una imagen de los atenquenses como violentos, arbitrarios y torcedores de la ley, y presentó al gobierno de Vicente Fox como pusilánime y timorato, cuando la verdad es que la rectificación y la suspensión del proyecto aeroportuario fue una de las muy raras muestras de sensatez y sensibilidad política que ha dado el foxismo en los cinco años y medio que lleva en el poder.

A ese nefasto antecedente es preciso sumar la compleja problemática social del oriente mexiquense, combinación de tierras rurales y urbanas, concentración de pobreza y marginación, zona abandonada por las autoridades federales y estatales. En tales condiciones, cualquier diferendo ­por agua, por rutas de transporte, por tierras, por comercio, por elecciones locales­ adquiere una alta explosividad. En el pasado lustro, en la zona de Atenco han proliferado conflictos con algún grado de violencia, ante el pasmo de los gobernantes estatales.

El que se inició ayer, día de la Santa Cruz, habría debido ser un asunto muy menor: el municipio había autorizado a comerciantes ambulantes de flores que se instalaran en el mercado Belisario Domínguez en esa fecha. Pero el ayuntamiento que preside el perredista Nasario Gutiérrez, haciendo gala de una irritante torpeza, incumplió el acuerdo y mandó a la policía a efectuar una operación de desalojo tan improcedente como improvisada, con el resultado que ya se conoce.

En automático, y por lo que puede verse, sin tener la menor idea de las circunstancias, el gobierno mexiquense intervino, no para calmar los ánimos y buscar soluciones, sino para agitar más el avispero, con el envío de su fuerza antimotines. Posteriormente, ante el bloqueo de la carretera Texcoco-Lechería, la Secretaría de Seguridad Pública federal acabó de empeorar las cosas. Al cierre de esta edición, el conflicto tenía ya rango federal, pero el conjunto del gabinete foxista, salvo por una candorosa e idílica apreciación formulada por el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, parecía encontrarse de vacaciones en otro país. Los medios informativos, por su parte, aprovecharon la oportunidad para presentar a los atenquenses como intrínsecamente violentos y levantiscos, y hasta para sugerir, con una escandalosa falta de escrúpulos, que el conflicto podría estar vinculado a la presencia del subcomandante Marcos en la capital del país.

A la insensibilidad y la ineptitud conceptual y política de las autoridades, el autismo del gobierno federal y las declaraciones disociadas del gobernador mexiquense (es obra de "grupos minoritarios", fue su paupérrimo tartamudeo) y la torpeza del ayuntamiento de Texcoco ha de agregarse, para colmo, una utilización asombrosamente inepta e irresponsable de las fuerzas represivas. Los gobernantes no fueron capaces de evitar el conflicto mediante la negociación y la concertación, pero lo llevaron a una nueva dimensión mediante incursiones policiales descoordinadas, insuficientes e injustificablemente violentas, tanto como el condenable encarnizamiento de los habitantes contra efectivos del orden caídos y aislados. Las imágenes de federales preventivos corriendo para escapar de los ejidatarios enfurecidos no son, desde ningún punto de vista, tranquilizadoras, sino la representación fiel de una institucionalidad profundamente vulnerada y de un gobierno que llega a su último semestre en franca disolución, sin la menor idea de qué hacer con el país y, para todo efecto práctico, inexistente.