Enviar
Imprimir
Jueves 4 de mayo de 2006
Fiscal especial no descarta que se llame al procurador de Justicia de Quintana Roo
Kamel Nacif comparecerá la próxima semana por el caso Lydia Cacho: PGR
El empresario textil Kamel Nacif Borge deberá comparecer la semana próxima en calidad de indiciado, dentro de las investigaciones que sigue la Procuraduría General de la República (PGR) por la violación de las garantías individuales de la escritora y periodista Lydia Cacho Ribeiro, informó el fiscal especializado para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, David Vega Vera.
Al rendir un homenaje al periodista Francisco Zarco, el funcionario de la PGR no desechó la posibilidad de que en su indagatoria se cite a comparecer al procurador de Justicia de Quintana Roo, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo.
"Todos los que estén involucrados en este asunto serán citados; la semana próxima serán llamados a comparecer todos los que falten", luego de que ya acudieron ante el Ministerio Público Federal el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres; la procuradora de Justicia de esa entidad, Blanca Laura Villeda, y los agentes judiciales José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas.
El fiscal Vega Vera indicó que este jueves deberá acudir ante la PGR la juez poblana Rosa Celia Pérez González, quien fue la responsable de librar la orden de aprehensión en contra de Cacho Ribeiro, por la presunta comisión del delito de difamación, y que fue el origen de todo el caso en el cual se ha visto envuelto el empresario Nacif Borge, el gobernador Marín Torres y otras autoridades.
De acuerdo con la denuncia presentada por la autora del libro Los demonios del Edén, los delitos que se le imputan a los servidores públicos de Puebla y al empresario textil conocido como el Rey de la mezclilla, son abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, intimidación, tráfico de influencias, delitos contra la administración de la justicia, calumnia, privación ilegal de la libertad, violación de garantías y lo que resulte.
Dentro de la averiguación previa 002/FEADP/2006 se menciona que "el 16 de diciembre del 2005 Lydia Cacho fue aprehendida en las afueras del Centro Integral de Atención a la Mujer y los Niños, en Cancún, Quintana Roo, en cumplimiento de la orden de aprehensión obsequiada por la juez quinta de defensa social de Puebla, y, según dijo la periodista, fue objeto de maltrato tanto en su detención como en su traslado e internación en el Centro de Readaptación Social de San Miguel, de la ciudad de Puebla".
Hasta el momento, además de la comparecencia de algunos otros implicados en este caso, está pendiente el resultado de los peritajes solicitados respecto de las grabaciones en las cuales supuestamente se escucha al gobernador de Puebla, al empresario Kamel Nacif y otras personas, desarrollar una estrategia para afectar a la periodista.
Durante el acto realizado en la plaza Francisco Zarco, que se localiza en la delegación Cuauhtémoc, David Vega Vera entregó información relativa a siete casos de agresiones a periodistas que la PGR tiene bajo investigación, el de Cacho Ribeiro, Raúl de Gibb Guerrero, Dolores Guadalupe García Escamilla, Alfredo Jiménez Mota, Francisco Ortiz Franco, el atentado en el diario El Mañana, de Nuevo Laredo, y el asesinato de Francisco Arratia Saldierna.
En cuanto a Gibb Guerrero, quien fue asesinado en abril del 2005 en Veracruz, se encuentran pendientes de realizar 19 diligencias, y existen líneas de investigación relacionadas con su labor periodística y su entorno familiar.
Respecto de García Escamilla, ejecutada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el caso está en estudio para determinar si lo sucedido tiene relación con grupos de la delincuencia organizada, y aún falta tomar declaraciones ministeriales a personal de seguridad al servicio de la periodista.
Por lo que hace al caso de Jiménez Mota, quien también desapareció en 2005, según el fiscal David Vega Vera, "las líneas de investigación que se seguido están relacionadas con la actividad profesional, en temas relacionados con denuncias de autoridades de seguridad pública municipal, servidores públicos y delincuencia organizada".
