Martín Huerta y la descomposición de la justicia
Ayer se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación por el que se crea un gabinete de seguridad pública, el cual tendrá la misión de evaluar las amenazas del crimen organizado y coordinar las acciones para combatirlo. Esta iniciativa estará encabezada por el Presidente, secundado por los secretarios de Seguridad Pública, Gobernación, Defensa Nacional y Marina. La medida podría ser, en principio, positiva, si se tiene en cuenta la ofensiva de la delincuencia y el grado de inseguridad imperante en todo el país. Pero en la circunstancia presente, ante los alarmantes niveles de ineptitud que imperan en la SSP federal ųdependencia que tendrá el control real del nuevo gabineteų y visto el faccionalismo y el doble rasero con que el grupo en el gobierno ejerce el poder, el establecimiento de la nueva instancia genera, más bien, preocupación y hasta alarma.
De entrada, los hilos reales del gabinete de seguridad estarán en manos de Ramón Martín Huerta, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, quien ha sido descalificado por diversos sectores políticos por su negligente actuación al frente de esa dependencia. Martín Huerta es severamente cuestionado por su falta de iniciativa para rescatar a tres agentes de la Policía Federal Preventiva ųorganismo que depende de la SSPų que fueron atacados en noviembre pasado en San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac. El secretario tuvo cerca de tres horas para ordenar el operativo de rescate y no lo hizo. A la hora de justificar su pasividad, cayó en contradicciones. Primero afirmó que no tuvo conocimiento de los hechos hasta que ya fue muy tarde, y después alegó que las autoridades capitalinas le habían dicho que la situación estaba bajo control, lo que fue desmentido por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del DF. Inclusive llegó a explicar que no se mandó un helicóptero a San Juan Ixtayopan ante el peligro de que la turba enardecida lo derribara "a pedradas".
Luego vino el asesinato a balazos del narcotraficante Arturo Guzmán Loera en el penal de "alta seguridad" de La Palma ųque se sitúa en la esfera de responsabilidad de Martín Huertaų, crimen que evidenció la pérdida de control de las autoridades federales en los reclusorios a su cargo, incluso en aquellos destinados a reos peligrosos y en los que debiera ser especialmente estricta la vigilancia y las medidas para impedir la corrupción. Por si no hubiese bastado, cuando el encargado de esos centros de reclusión, Carlos Tornero, señaló la obviedad de que el homicidio referido no habría podido realizarse sin una "alta traición" de empleados del penal, éstos protagonizaron un paro de labores, medida que resulta alarmante en una cárcel que se pretende de alta seguridad y que expuso otra faceta de la descomposición y el desgobierno en los centros federales de reclusión.
Como telón de fondo del anuncio gubernamental comentado debe considerarse la profunda descomposición del sistema mexicano de justicia ųdesde la procuración e impartición, pasando por diversos tribunales y la red penitenciaria hasta llegar a los cuerpos policiacos municipales, estatales y federalesų y la ceguera de las autoridades federales para corregir esta situación.
La atrofia y corrupción del sistema de justicia han quedado demostradas en hechos recientes, como el asesinato referido, y como el enfrentamiento entre el procurador del estado de México, Alfonso Navarrete Prida, y la policía estatal. El funcionario acusó de insubordinación a ese cuerpo policiaco por negarse a rescatar a dos agentes judiciales en el municipio de Teotihuacán, cuyos habitantes pretendían lincharlos por abuso de autoridad.
Es grave y exasperante, para finalizar, que los esfuerzos del foxismo se encaminen a aprovechar las expresiones de la descomposición referida con fines políticos en vez de corregir las anomalías. Tal es el caso del linchamiento jurídico que el círculo presidencial pretende realizar contra el ex secretario de Seguridad Pública de la capital, Marcelo Ebrard, quien fue obligado a renunciar por los linchamientos de Tláhuac, mientras su contraparte federal, Martín Huerta, quien demostró al menos la misma negligencia e ineptitud, fue premiado con un cargo que implica una responsabilidad mayor. Estamos, en suma, ante la incoherencia y el amiguismo como estilo personal de gobernar y de inducir "el cambio".
