Descontrol, ineptitud, corrupción
El paro de labores realizado ayer por personal asignado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de La Palma, en protesta por las declaraciones formuladas la víspera por el comisionado de Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Carlos Tornero Díaz ųquien afirmó que el asesinato del reo Arturo Guzmán Loera, perpetrado en ese penal de "máxima seguridad" el 31 de diciembre había sido posible por una "alta traición" entre los empleados que allí trabajanų, es una nueva y preocupante prueba de la pérdida de control, por el gobierno foxista, de los reclusorios a su cargo.
Ciertamente, los trabajadores de La Palma añadieron a su queja por las expresiones del funcionario reclamos de orden laboral que pudieran ser, en principio, legítimos, y que debieron ser atendidos de manera oportuna por la SSP. Pero el hecho de que hayan sido manifestados en la circunstancia de crisis actual, y mediante una suspensión, así fuera parcial, de labores, abrió otra y peligrosa grieta en la de por sí vulnerada seguridad del centro penitenciario y dejó al descubierto una nueva faceta de la descomposición y el descontrol que imperan en ese y otros penales para reos de alta peligrosidad. A los indicios innegables de que en ellos las mafias del narcotráfico hacen lo que quieren ųorganizan fugas y asesinatos y trafican con armas de fuego, por ejemploų debe sumarse la triste constatación de que los descontentos laborales no son enfrentados por las autoridades en la forma correcta y que la estricta disciplina que tendría que primar en esas cárceles no se aplica ni siquiera a los custodios y empleados administrativos, por no hablar de los reclusos.
Es de sentido común asumir que en algunas instancias del Estado ųcomo son los penales de supuesta máxima seguridadų los conflictos de orden laboral deben ser resueltos por los directivos y altos funcionarios con extrema sensibilidad y sentido político y administrativo, y sin que el ejercicio de los derechos de los trabajadores ponga en peligro el control y la seguridad de las instituciones correspondientes y, con ello, la seguridad de la sociedad en su conjunto. Es significativo, sin embargo, que en el ámbito de la SSP, y con un mes de diferencia, hayan ocurrido dos expresiones de protesta relacionadas con las malas condiciones laborales: la que protagonizaron efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP) el mes pasado, tras el linchamiento de tres de su compañeros en Tláhuac, y la de ayer por empleados de La Palma. Esos homicidios, más el de hace unos días en el Cefereso, aunados a las manifestaciones de descontento, son en buena medida consecuencias de la pavorosa ineptitud, la autocomplacencia y la falta de rumbo y de sentido de los responsables, en el ámbito federal, de preservar la seguridad pública del país ųel secretario correspondiente, Ramón Martín Huerta, en primer lugarų y reflejan, a fin de cuentas, los vicios y las carencias del gobierno en su conjunto.
A juzgar por las reacciones del grupo en el poder al escandaloso asesinato perpetrado en lo que debiera ser uno de los recintos más y mejor vigilados de la República, el grupo foxista se apresta a descargar las responsabilidades ųal menos, las que resulten ineludiblesų en funcionarios menores de su propio organigrama. Y como, a diferencia del caso Tláhuac, en este episodio no tiene la menor posibilidad de endosar las culpas a otras instancias y niveles no panistas de gobierno, resulta significativo que hasta ahora Martín Huerta no haya formulado declaración alguna al respecto y que Tornero Díaz haya sido puesto a dar la cara en nombre del gobierno federal. Cabe preguntarse en qué otra sorpresa amarga en materia de seguridad va a traducirse el empecinamiento en mantener a la cabeza de la SSP al amigo de Vicente Fox.
Desde otro punto de vista, el patente desgobierno penitenciario ha generado reacciones inaceptables y hasta paradójicas, como la de algunos diputados y del jefe del Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, quienes recomendaron poner La Palma, así fuera temporalmente, "mientras se capacita a gente honrada", bajo control del Ejército. Es oportuno recordar que las atribuciones constitucionales centrales de las fuerzas armadas son preservar la soberanía y la integridad territorial, no remplazar a la policía. Involucrar a los soldados en el combate al narcotráfico, la persecución de la delincuencia organizada o la vigilancia de la seguridad, no sólo desvirtúa el mandato constitucional, sino que trastoca el orden institucional y genera indeseables fenómenos de corrupción y descomposición en las propias fuerzas armadas.
Si hasta hace unos años la llave para resolver los más lacerantes problemas de la administración pública era el combate a la corrupción en los ámbitos gubernamentales, hoy se requiere, además, combatir la ineptitud extrema que ha florecido ųsin una reducción perceptible de la corrupciónų a lo largo de estos cuatro años en casi todas las oficinas gubernamentales.
