2004: año de zacapelas políticas

Este ha sido un año de convulsiones políticas en México, marcado por la confrontación entre partidos y entre poderes de la Unión. Lejos de buscar consensos y negociaciones para resolver los problemas nacionales, los actores de la política se han dedicado principalmente a acarrear agua hacia su molino con miras a las elecciones presidenciales de 2006, tropezando en el camino con su propia torpeza y falta de oficio. En este contexto, las distintas fuerzas -léase PRI, PAN y PRD- cayeron en descalificaciones, golpes bajo la mesa, acusaciones y todo tipo de trucos sucios para desprestigiar a sus rivales políticos, en una lucha de todos contra todos que dejó a la ciudadanía un sabor amargo y la sensación de que sus líderes se perdieron en confrontaciones estériles.

El año comenzó con una oleada de videos comprometedores que mostraban a funcionarios y legisladores en actos de corrupción. El primero fue el dirigente del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Emilio González Martínez -mejor conocido como Niño Verde-, filmado mientras negociaba un soborno por 2 millones de dólares para tramitar un permiso de construcción en Cancún. Tras el escándalo, el entonces senador trató de justificarse alegando: "Me chamaquearon". Después tocó el turno al secretario de Finanzas del Distritio Federal, Gustavo Ponce Meléndez, quien fue captado apostando fuertes sumas de dinero -supuestamente del erario- en un casino de Las Vegas. Días después se divulgaron videos que situaron al hasta entonces desconocido empresario argentino Carlos Ahumada en las primeras filas de la escena política. En las cintas, grabadas por Ahumada, el empresario aparece sobornando a prominentes líderes del PRD, René Bejarano y Carlos Imaz, entre otros, a quienes entregó fuertes sumas de dinero. Nadie olvida la imagen de Bejarano retacando sus bolsillos con numerosos y gruesos fajos de billetes o a Imaz metiendo el dinero en una simple bolsa de supermercado. Si bien Imaz fue absuelto, el daño estaba hecho: por un lado, el desprestigio que afectó a su partido; por el otro, estos videos dejaron al descubierto oscuras maniobras en los círculos del poder para perjudicar una posible candidatura presidencial del jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador.

El ataque contra el PRD y el gobierno capitalino prosiguió en octubre, cuando el binomio PRI-PAN se aprovechó de su mayoría parlamentaria para aprobar fast track la reforma del artículo 122 constitucional, con lo que se obliga a las autoridades del DF a asumir unos 5 mil millones de pesos anuales en educación básica, un duro golpe para las finanzas locales. El escándalo y la confrontación entre el PRD y, sobre todo, el PAN aumentó en intensidad cuando varios medios de comunicación difundieron grabaciones ilegales de audio de legisladores perredistas que planeaban la toma de la tribuna del palacio de San Lázaro para protestar contra dicha reforma. El PRD contratacó al publicar la transcripción de un interrogatorio realizado a Ahumada en el que explica que realizó los videos de Bejarano e Imaz con la clara intención de perjudicar a López Obrador, revelando así un complot en el que estaría involucrado el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Asimismo, el caso Tláhuac -en el que tres policías fueron linchados ante la incompetencia de las autoridades capitalinas y federales para rescatarlos- fue utilizado por el gobierno del presidente Vicente Fox para agredir a funcionarios emanados del PRD. El encargado de seguridad de la ciudad, Marcelo Ebrard, fue obligado a renunciar y está bajo proceso, pero extrañamente su contraparte federal, Ramón Martín Huerta -amigo personal de Fox y quien incurrió en las mismas faltas de Ebrard-, permanece en su cargo.

Todos estos escándalos ocurrieron mientras los partidos políticos se peleaban entre sí y al mismo tiempo se desgarran internamente para determinar a su candidato presidencial, como es el caso del PRI -Carlos Madrazo contra Elba Esther Gordilllo, por citar sólo una disputa- y el PRD, donde se percibe un zafarrancho de todos contra todos. Los poderes de la Unión no escaparon de este ambiente enrarecido: baste recordar los dimes y diretes entre el Legislativo y el Ejecutivo por el presupuesto para 2005, involucrando indebidamente al Poder Judicial.

En conclusión, 2004 se ha ido sin que la tan anunciada transición hacia una verdadera democracia sea una realidad. En gran medida se debe a la incapacidad de la clase política en disociar el quehacer político de sus intereses personales, dejando de lado sus obligaciones hacia el pueblo que los eligió. Es necesario que los políticos hagan una profunda reflexión sobre el balance de su actuación en 2004 para no reditar un año dominado por agendas privadas en detrimento del bien público.