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México D.F. Viernes 10 de diciembre de 2004

El subprocurador de Control Regional de la Procuraduría General de la República (PGR), Gilberto Higuera Bernal, declaró ayer que individuos no identificados detectaron desde la mañana del pasado 23 de noviembre la presencia en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, de los agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) Víctor Mireles, Cristóbal Bonilla y Edgar Moreno Nolasco, y que "convocaron a participar" en el linchamiento de esos tres empleados públicos. Tal "hallazgo" de la PGR resulta sorprendente si se considera que, a decir de Gabriel Regino García, actualmente encargado de despacho en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina, desde el 10 del mes pasado, 13 días antes de los hechos, esa dependencia había informado a la PFP que sus agentes habían sido descubiertos por pobladores de la localidad y que su presencia allí estaba generando inquietud en la comunidad. Significativamente, ayer mismo Regino García fue interrogado durante varias horas por la PGR, por lo que resulta inconcebible que la institución desconociera ese dato, el cual fue difundido por lo demás, hace varios días, por la prensa. Higuera Bernal ni siquiera lo mencionó y al parecer sigue sin estar al tanto, pero, si se enterara, podría inferir que, de haber habido autores intelectuales en el linchamiento, éstos no contaron con un día para organizar el crimen, sino casi con dos semanas.

Esos hechos, así como la poco rigurosa simulación de la "reconstrucción de los hechos" efectuada antier por la procuraduría federal, y que quedó reducido a un mero "peritaje", supuestamente para determinar el tiempo en el que policías federales y locales habrían debido llegar al sitio del linchamiento, exhiben la falta de voluntad de las instituciones dependientes del Ejecutivo federal para esclarecer las responsabilidades por omisión de los mandos policiales de ambos niveles en el asesinato de los dos agentes de la PFP y las graves lesiones sufridas por un tercero. Otra muestra del desaseo con que el gobierno está manejando el asunto es que el presidente Vicente Fox no esperó siquiera a tener los resultados del simulacro de antier para destituir al secretario de Seguridad Pública de la ciudad, Marcelo Ebrard, y al comisionado de la PFP, José Luis Figueroa Cuevas.

La incoherencia de las autoridades federales antes, durante y después de la tragedia llega a tales extremos que resulta obligado preguntarse si tanta ineptitud aparente es sólo eso, ineptitud, o si el linchamiento del 23 de noviembre fue de alguna manera inducido desde alguna posición de la administración pública para luego utilizar las muertes de los agentes como munición política, judicial y mediática contra el Gobierno del Distrito federal. De no ser así, resulta difícil entender el designio de echar a Ebrard de su puesto y preservar, al mismo tiempo, a Ramón Martín Huerta, el secretario de Seguridad Pública Federal, quien en todo caso es responsable por partida doble: por permitir la realización de supuestos operativos de inteligencia tan burdos, disparatados e improcedentes -o bien, simplemente inconfesables- como el que realizaban los agentes agredidos, y por no haber reaccionado a tiempo para rescatarlos.

El doble rasero de las destituciones no es, como muchas otras medidas gubernamentales, un fallo elemental de lógica, sino expresión del faccionalismo con que se ejerce el poder público en Los Pinos. Pero las inconsistencias declarativas de los integrantes del Ejecutivo federal podrían indicar algo mucho peor: que los autores intelectuales del linchamiento estuvieran, en realidad, en alguna o varias oficinas públicas. La sospecha empieza a volverse inevitable, y ojalá resulte infundada.