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México D.F. Martes 7 de diciembre de 2004 |
Amiguismo e irresponsabilidad
 La
determinación anunciada ayer por el presidente Vicente Fox de destituir
al secretario de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal, Marcelo
Ebrard Casaubón, y al comisionado de la Policía Federal Preventiva
(PFP), José Luis Figueroa Cuevas, por la negligencia y la ineficacia
con que actuaron las corporaciones policiales local y federal el pasado
23 de noviembre en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, ante el linchamiento
de dos agentes de la propia PFP, es una medida apegada a derecho, sí,
y que hasta podría considerarse correcta, de no ser por dos factores:
el hecho de que no haya sido despedido también el secretario federal
de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, corresponsable
de la inacción policial, y el desafortunado e incomprensible momento
escogido para hacer pública la decisión. Es pertinente poner
en perspectiva tales fallas.
Por principio de cuentas, ha de señalarse que en
la incapacidad para rescatar a tiempo a los tres agentes hay responsabilidad
equivalente de los secretarios federal y local de Seguridad Pública,
si bien al primero corresponde una adicional: un operativo de espionaje
mal diseñado y organizado que dejó en situación de
indefensión a las tres víctimas, pese a que, según
datos disponibles, la SSP federal recibió informes de su contraparte
capitalina de que sus agentes habían sido descubiertos y que su
presencia estaba generando malestar entre los habitantes de la zona.
Ante la exasperante y desoladora certeza de que ni los
policías de la ciudad ni los federales fueron capaces de hacer algo
por evitar las muertes de dos de los agentes y las graves lesiones a un
tercero, y tras el cúmulo inicial de pretextos y explicaciones insatisfactorias
ofrecidos por ambas dependencias, tanto el titular del Ejecutivo federal
como el gobernante capitalino, Andrés Manuel López Obrador,
habrían debido pedir (como se expresó en editoriales anteriores)
la renuncia inmediata de sus respectivos secretarios de Seguridad Pública.
Como Fox no lo hizo en ese momento, habría sido pulcro y decoroso
esperar, en todo caso, la culminación de las investigaciones y el
deslinde de las responsabilidades antes de tomar una determinación
semejante. Pero dio a conocer los ceses a dos semanas de los hechos, demasiado
tarde para hacer gala de determinación, y demasiado pronto si lo
que pretendía era mostrar prudencia. Para colmo, la carta de remoción
llegó al despacho de Ebrard cuando el funcionario comparecía
ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para explicar los hechos,
con lo que el mandatario cometió una notoria falta de respeto al
órgano legislativo capitalino.
Sin embargo, lo más grave no está en las
formas, sino en la actitud inequitativa y facciosa en la aplicación
de las leyes que exhibió, una vez más, el gobierno foxista:
se removió al titular de Seguridad de la ciudad, pero en el ámbito
federal las responsabilidades no fueron sancionadas con la misma medida,
sino que destituyó a un funcionario de menor rango, el comisionado
Figueroa Cuevas. En cambio, a Martín Huerta, cuyo rango y responsabilidades
son comparables a las de Ebrard, no sólo se le protegió y
cobijó, sino se le encomendó, en el colmo de la incongruencia,
la tarea de "una restructuración a fondo de la institución
(la PFP) que fortalezca las líneas de mando y eleve la moral del
personal", como si el titular de la SSP federal no hubiera dado, hace dos
semanas, pruebas fehacientes de su incapacidad para tal encargo.
La determinación de conservar en el puesto a Martín
Huerta tiene el agravante de que éste mantiene estrechos, añejos
y conocidos vínculos con el titular del Ejecutivo federal, dato
que tiñe los ceses de ayer con un matiz inocultable e inaceptable
de amiguismo. Queda la impresión de que los propósitos presidenciales
de hacer justicia "hasta las últimas consecuencias" y "trátese
de quien se trate" no tienen ninguna validez dentro del propio círculo
foxista. Así ocurrió con Lino Korrodi, Carlos Rojas Magnon,
Carlos Flores, Laura Valdés y otros funcionarios amigos del Presidente
que han logrado sustraerse de la acción de la justicia, del escrutinio
o de la fiscalización, y que ante irregularidades en el ejercicio
de sus funciones han sido sancionados, a lo sumo, con destituciones magnánimas.
Pero el compadrazgo mostrado en el caso de Martín Huerta lleva aunada
una grave irresponsabilidad porque, pese la manifiesta ineptitud del funcionario,
no sólo se le permite continuar en el cargo, sino se le con-fían
tareas de cuyo cumplimiento depende la seguridad de todos los mexicanos.
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