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México D.F. Miércoles 24 de noviembre de 2004

A pesar de los llamados a la distensión y a la cordura formulados por diversos sectores de la sociedad, el gobierno federal sigue empeñado en llevar al país a una confrontación de instituciones. Ayer el presidente Vicente Fox incurrió en la desmesura de afirmar que el Presupuesto de Egresos para 2005 aprobado por la oposición en la Cámara de Diputados "descarrila" el proyecto de nación presuntamente en marcha y acusó a los legisladores de haber tomado decisiones "sin ningún criterio profesional de ningún tipo" y hasta de haber elaborado el documento en "horas nocturnas". Según el mandatario, el decreto que recibió la Presidencia de la República para su publicación en el Diario Oficial -publicación que, previsiblemente, no ocurrirá- se desvía de lo que debiera ser, a su juicio, "un presupuesto con sentido de desarrollo y de planeación de corto, mediano y largo plazo, con sentido de distribución de ingreso y combate a la pobreza, con sentido de formación de capital humano, con sentido de actualizar, modernizar y apoyar la calidad y la excelencia de nuestro proyecto educativo, de asegurar la salud de todos los ciudadanos".

Es pertinente cuestionar, por principio de cuentas, que exista en el país algo semejante a un "proyecto de nación en curso", porque muchos indicios apuntan a la carencia de tal proyecto en los cuatro años transcurridos desde el arribo de Fox a Los Pinos. La inexperiencia política, primero, y después la indolencia o la arrogancia, han imposibilitado al grupo en el poder la consecución de acuerdos políticos y la formulación de consensos entre las fuerzas partidistas y los sectores sociales. Si el foxismo no ha sido ni siquiera capaz de conseguir el respaldo parlamentario para concretar sus proyectadas reformas impopulares y privatizadoras, menos puede hablarse de la vigencia de un "proyecto de nación". A lo sumo, podría concederse, lo que se ha "descarrilado" en el Palacio Legislativo de San Lázaro es la forma en que el Ejecutivo federal pensaba emplear los dineros públicos durante sus dos últimos años de gobierno, justamente antes de la elección sucesoria prevista para 2006. El Presupuesto de Egresos, aprobado en ejercicio de las facultades que la Constitución otorga a la Cámara de Diputados, no está ciertamente libre de errores, omisiones y sesgos inducidos por intereses partidistas, pero de ninguna manera puede criticársele que descuide los rubros de salud y educación, como afirma el Presidente, porque las partidas destinadas a tales rubros fueron sustancialmente aumentadas, con respecto a la propuesta presidencial originaria, por los legisladores.

Como es ya proverbial en esta administración, en este asunto el grupo gobernante se manifiesta con actitudes contradictorias: en tanto que el titular del Ejecutivo persistía en sus descalificaciones excesivas, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, anunciaba la determinación oficial de dialogar con las diversas bancadas a fin de limar algunos de los desacuerdos en torno al presupuesto. Por desgracia, las buenas intenciones del inquilino del Palacio de Covián resultan un tanto ingenuas en el contexto de crispación y polarización generado por su jefe, y tardías, tras la incapacidad y la imprevisión del propio Creel, quien habría debido negociar con los diputados, en todo caso, antes de que el presupuesto fuera aprobado por éstos.

La desorientación del gobierno federal es patente en el episodio actual: ninguno de sus gestos encaja en un conjunto de acciones coherentes y sus voces desentonan unas con respecto de otras. El Presidente se apresuró a descalificar el presupuesto y a incitar en cadena nacional a la opinión pública antes de recibir el documento correspondiente. Ahora se argumenta la prisa del Ejecutivo en disponer de los lineamientos presupuestales, pero se retrasa la presentación de sus inconformidades para la semana entrante. Finalmente, mientras que Creel habla de buscar acuerdos con los diputados, Fox insiste en descartar cualquier solución negociada e insiste en su anuncio ambiguo de que actuará por la vía jurídica, sin especificar si se limitará a devolver a la Cámara el presupuesto con observaciones o si recurrirá a una controversia constitucional ante la Suprema Corte. Ciertamente, la segunda perspectiva resulta a todas luces indeseable, como lo han señalado diversos especialistas -entre ellos el ministro retirado Juventino Castro-, no sólo porque involucraría innecesariamente al tercer poder de la Unión en la confrontación en curso entre el Legislativo y el Ejecutivo, sino también porque sentaría un nuevo precedente de judicialización de las disputas políticas y colocaría al máximo tribunal del país en la espinosa situación de ser juez y parte, toda vez que el Presupuesto de Egresos aprobado incluye reducciones a las partidas destinadas al Poder Judicial.

Nunca es demasiado tarde para hacer votos porque el grupo gobernante reconozca la soberanía y las atribuciones constitucionales del Congreso de la Unión, asuma la derrota política que le significa, ciertamente, el presupuesto aprobado por la oposición, se conduzca con sentido republicano, institucional y democrático, deponga el dramatismo y el catastrofismo de sus mensajes, deje de actuar como si se hallara al borde de un ataque de nervios y se resigne a operar dentro de los márgenes presupuestales que le han sido fijados.