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México D.F. Jueves 18 de noviembre de 2004

El nuevo máximo histórico alcanzado por Petróleos Mexicanos (Pemex) en la producción sostenida de petróleo entre enero y octubre -un promedio de 3 millones 400 mil barriles diarios- no es razón de orgullo ni de complacencia. Por el contrario, el dato debe ser recibido con preocupación por la sociedad, toda vez que es indicativo de la dilapidación de una riqueza nacional finita y no renovable, así como una señal de la debilidad que presenta la economía nacional en su conjunto.

Se ha informado recientemente que las reservas probadas de crudo de nuestro país van a agotarse en poco más de tres lustros. Pero hace dos décadas que el Estado ha dejado de realizar inversiones significativas en la modernización, el mantenimiento y el equipamiento de Pemex, y las nuevas prospecciones y exploraciones, y hasta los trabajos de extracción, están siendo transferidos a empresas privadas por la vía de los contratos de servicios múltiples, contrarios al sentido del artículo 27 constitucional. En esas circunstancias, es claro que mientras más volumen de crudo se extraiga de los yacimientos nacionales más rápido se agotarán las reservas.

Desde los tiempos en que había que prepararse para "administrar la abundancia" supuesta por la despilfarradora administración de José López Portillo, y cuando las cifras de extracción promedio eran de un millón y medio o 2 millones de barriles diarios, el gobierno federal, y tras él el conjunto de la economía, empezaron a depender en forma creciente de las exportaciones de hidrocarburos. Las promesas de los gobiernos siguientes en el sentido de reducir esa dependencia se quedaron en el discurso, y hasta la fecha los ingresos de Pemex constituyen el primer rubro de ingresos de divisas para el país y el sostén principal del presupuesto público. Los gobernantes actuales ya no administran la abundancia, sino la persistente e inocultable crisis que las cifras oficiales niegan y que las penurias de la gente confirman todos los días. La factura petrolera es vista ya con normalidad como el principal componente de los ingresos nacionales, y casi nadie, en las filas de la clase política, formula propuestas orientadas a preparar al país para cuando las reservas se acaben, ni para recapitalizar Pemex con recursos públicos y ponerlo en condiciones de retomar el trabajo de prospección y explotación, para reactivar la industria petroquímica y para reconstruir la infraestructura de la paraestatal.

Con una irresponsabilidad indignante y escandalosa, los gobernantes y los políticos miran hacia otro lado cuando se formulan advertencias sobre la imprudencia de seguir cifrando la viabilidad económica del país en sus exportaciones de crudo, sobre la necesidad de disminuir el ritmo de la producción de hidrocarburos a fin de preservar una parte de ese patrimonio nacional para la generación inmediatamente posterior -no se diga para los nietos y biznietos de los actuales mexicanos- y sobre la pertinencia de diseñar e iniciar una transición ordenada y previsora hacia la economía ex petrolera que será la mexicana, si el dispendio sigue a sus ritmos actuales, en 20 o 30 años.

Significativamente, los sectores que se encuentran tras los principales rubros de ingresos de divisas del país, la industria petrolera y el trabajo de nuestros connacionales que acuden al norte del río Bravo, son objeto de un descuido y de un abandono injustificables por parte del México oficial, el cual se empeña denodadamente, en cambio, en cortejar hasta la impudicia a los inversionistas extranjeros, los cuales aportan recursos financieros menores que la exportación de crudo y que las remesas de los migrantes.

En este terreno, el gobierno del "cambio" no cambió nada con respecto a los usos económicos depredadores y antinacionales de sus predecesores. Cabe esperar que la sociedad logre articular una verdadera alternativa para la sucesión de 2006 y que el Estado adopte, en la preservación del patrimonio y en la defensa de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, actitudes responsables, comprometidas y acordes con el interés nacional de largo plazo.