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México D.F. Martes 16 de noviembre de 2004

No ha ayudado a reducir delitos, dice estudio de ONG

Denuncian creciente uso de la prisión preventiva

La prisión preventiva en el país se ha incrementado en los últimos años y se aplica "indiscriminadamente" en casos de delitos menores, denuncia el estudio Los mitos de la prisión preventiva en México, elaborado por Open Society Justice Initiative, organización con sede en Washington, la cual añade que actualmente se encuentran 82 mil detenidos en estas condiciones en el país, lo que significa un costo de 6 millones 500 mil pesos diarios.

El documento añade que en los últimos 10 años se ha duplicado el número de personas en prisión preventiva en el país, sin que haya impactado en reducir la inseguridad y la delincuencia.

De acuerdo con el escrito, tan sólo en 2002, alrededor de 19 mil personas fueron encarceladas en el territorio nacional por delitos menores, sin que recibieran sentencia, lo que habla de la falta de resultados.

Además, el estudio sentencia: "la prisión preventiva no es método eficaz para garantizar la reparación del daño".

La investigación, que se llevó a cabo en el país, presenta resultados "preliminares" de un análisis del costo-beneficio que significa para México la prisión preventiva, así como el costo financiero que implica.

Destaca la información que más de 82 mil personas están presas en espera de sentencia, pese a que en la etapa procesal en que están debe presumirse su inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

Según el análisis, el costo de manutención de estos reclusos suma 6 millones 500 mil pesos diarios.

En contraparte, afirma el escrito que en Monterrey, Nuevo León, se aplican prácticas alternativas de detención preventiva con resultados "prometedores".

Por ejemplo, la asociación Renace patrocina casos en los que se solicita libertad provisional del acusado cuando hay elementos para confiar en la manifestación de su inocencia. Así, en los últimos 10 años, sólo 4 por ciento de los casi 2 mil beneficiados por este programa dejaron de presentarse al juzgado y no concluyeron el tratamiento de rehabilitación ofrecido por la asociación.

Además, sólo 2 por ciento de los beneficiarios de ese programa reincidieron en algún delito, lo que contrasta con la media nacional que asciende a 40 por ciento.

JESUS ARANDA

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