Saldrán reformas en este periodo, dicen perredistas

Pugna ALDF por aplicar sanciones severas a delincuentes electorales

RAUL LLANOS SAMANIEGO

La fracción del PRD en la Asamblea Legislativa adelantó que en este periodo de sesiones sacará adelante la reforma electoral, en la que se habrá de regular las precampañas, fijar "sanciones severas" a quienes rebasen los topes de gasto y tipificar esta conducta como delito grave.

En conferencia de prensa, el coordinador y el vicecoordinador de la bancada perredista, Carlos Reyes Gámiz y Alfredo Hernández Raigosa, respectivamente, expresaron que habrán de modificarse, para ello, tanto el Código Electoral como el Código Penal, ambos del Distrito Federal, para contar con reglas claras y especpificas y evitar así actos de corrupción en ese tipo de procesos.

Hernández Raigosa puntualizó que habrá de dotar a las diversas autoridades de las facultades explícitas para revisar los actos de los precandidatos y la procedencia de su financiamiento; también estará la prohibición de que los servidores públicos en general destinen apoyos económicos o materiales a favor de cualquier precandidato, y quedará plasmado que en esta etapa no podrán financiarse los actos de proselitismo con recursos de procedencia ilícita.

De igual forma, mencionó que el Tribunal Electoral del DF habrá de integrarse al Tribunal Superior de Justicia del DF, "a fin de aprovechar al máximo la capacidad y conocimiento de los magistrados, aligerando con ello las cargas de trabajo que se observan en esta última institución.

El vicecoordinador mencionó que en la agenda de prioridades estará reformar el artículo 271 del Código Penal para castigar el delito de tráfico de influencias ejercida por personas distintas del servidor público, y que fue uno de los elementos que permitieron la impunidad de actores políticos relacionados con los videoescándalos y los apoyos del empresario Carlos Ahumada al PRD.

Añadió que otro punto a aprobar en este periodo será el castigar a quien obstaculice o retarde la tramitación de negocios o resoluciones públicas, ajenos o propios a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, con lo que se busca que en los servidores públicos haya probidad e imparcialidad.

De acuerdo con los líderes de la bancada perredista, existen 25 iniciativas relacionadas con la administración y procuración de justicia penal y administrativa y que estarán trabajando en su dictaminación; incluso, hicieron un llamado a la oposición en la ALDF para que muestre voluntad y contribuya a concretar este marco legal que beneficiará a la población en su conjunto.

Por su parte, Carlos Reyes Gámiz convocó a las fracciones del PRI, PAN y PVEM a dejar de lado el escándalo político y privilegiar la discusión y aprobación de leyes prioritarias, y en torno a los señalamientos de corrupción en algunas delegaciones políticas, ofreció la formación de una mesa plural de discusión.

"Discutamos ahí cuantos casos sean necesarios; abordemos el caso de Alvaro Obregón y Tláhuac, pero también el de Miguel Hidalgo; analicemos los elementos de prueba que hay y los que resulten ser sólo de rivalidad política los sacamos y en los que sí haya pruebas contundentes, entonces impulsemos de manera conjunta la solicitud de remoción que corresponda", añadió el coordinador.

En este punto, la presidenta de la Comisión de Gobierno, Lorena Villavicencio, solicitó ayer por escrito al procurador de Justicia, Bernardo Bátiz, y a la contralora Bertha Luján, que investiguen los recientes hechos en que se vio involucrada la delegada en Alvaro Obregón, Leticia Robles, y se determinen las responsabilidades que correspondan.