León Bendesky

Presupuesto 2005

Las discusiones en torno del presupuesto federal para 2005 han mostrado mayor protagonismo del Congreso frente a la propuesta original enviada por la Secretaría de Hacienda. Se ha mejorado también el modo de trabajo al adelantarse los tiempos del debate y de los dictámenes para aprobar las leyes correspondientes. Esto apunta a la posibilidad de un avance en la institucionalidad que enmarca al diseño y la aplicación de la política fiscal en el país.

Esa institucionalidad apenas empieza a esbozarse. La práctica parlamentaria observada en esta temporada presupuestal no marca una mejor gestión política, administrativa y técnica de la fiscalidad, punto débil de la estructura de la economía y de la política económica en conjunto.

El problema que se enfrenta no sólo es de asignación de los recursos, asunto por demás relevante, sino que primero involucra hacerse de suficientes recursos para aplicar las medidas requeridas para alentar la expansión económica, satisfacer las necesidades de inversión en infraestructura y reducir los grandes atrasos en el bienestar de la mayor parte de la población.

La ley fiscal para 2005 no garantiza una presión recaudatoria del tamaño que se necesita, o cuando menos una dirección inequívoca y duradera. Tampoco combate la economía informal, que cada año se extiende a expensas de los negocios que pagan impuestos y de los trabajadores que deberían estar registrados en el IMSS.

Los criterios generales que se advierten en la preparación del presupuesto indican que se sigue pensando que la economía mexicana opera en un entorno de estabilidad financiera que debe protegerse manteniendo un muy reducido déficit fiscal. Habría que empezar a cuestionar de modo más decisivo ese supuesto. A octubre la inflación acumulada en el año es de 4.09 por ciento, mientras si se mide en términos anuales, o sea, con respecto al mismo mes del año anterior, llega ya a 5.4 por ciento.

Estas cifras parecen reducidas y hacen perder la perspectiva del ritmo de crecimiento de los precios y de su impacto en las actividades productivas y en la distribución del ingreso. Así, debe verse que desde diciembre de 2000 hasta octubre de 2004 se ha acumulado una inflación de 19.4 por ciento, lo que constituye un dato relevante que debe volver a poner en el centro del debate, precisamente, las condiciones de la estabilidad.

Además, sólo entre mediados de noviembre de 2003 y de este año, la tasa de interés de referencia -(TIIE a 28 días) pasó de 4.93 por ciento a situarse en 8.7 por ciento, lo cual indica mayor presión sobre el costo de los créditos tanto del sector público como de empresas y familias.

Uno de los argumentos para reducir el déficit primario el año entrante se centra en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y de la confianza de los inversionistas. Este es otro asunto que amerita una reconsideración. La disciplina fiscal no ha llevado a la inflación esperada, los precios aumentan y también los intereses, en tanto que el tipo de cambio del peso frente al dólar se ha contenido por la abundancia de divisas generadas por las remesas de los trabajadores y los altos precios del petróleo. Así se cierra el circuito del financiamiento en México. La disciplina fiscal es necesaria, pero la contención en aras de un crecimiento que no se consolida y de un premio por parte de quienes traen capitales al país no se materializa.

Un punto clave del presupuesto es la estimación del precio del petróleo. La diferencia entre Hacienda y el Congreso no deriva de ninguna base técnica, sino de una discrepancia política con respecto al uso de los recursos que pueden tenerse en 2005. Si se parte de un precio más bajo y hay excedentes habrá mayor capacidad discrecional del Ejecutivo para aplicarlos; si se contabiliza un precio más alto, los recortes serán inevitables, por ello, ambas partes tratan de mantener mayor control sobre los recursos potenciales.

Otro aspecto destacado en el debate presupuestal es el del impuesto sobre la renta, especialmente el aplicable a las empresas por conceptos como deducciones del costo de ventas. Las medidas impositivas deben generar mayor capacidad e incentivos para la inversión, sobre todo en un entorno de relanzamiento del mercado interno.

Ahí está el conflicto que sigue definiendo al sistema bancario en cuanto a la intermediación efectiva de los recursos financieros. La protección del mercado interno necesita también condiciones para acrecentar el nivel de ahorro de las empresas y familias. Hasta ahora el sistema financiero sigue trunco en términos de su modo de operación, su organización institucional y las tensiones que ejerce sobre los recursos públicos, es decir, sobre las finanzas del gobierno.

Han quedado más claras las confrontaciones inherentes a la fiscalidad, pero aún se está lejos de crear un entorno en que la gestión de las finanzas públicas empiece a modificar la manera en que funciona esta economía. Los grandes consensos necesarios para ello siguen ausentes.