Presiona al instituto para que le reprograme pagos y presenta queja contra el PRD

El PRI abre ofensiva jurídica en el IFE

ALONSO URRUTIA

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) parece haber iniciado una ofensiva jurídica en el Instituto Federal Electoral (IFE) cuando se acercan los meses decisivos para las definiciones de precampañas y el posicionamiento de los partidos de cara a los comicios de 2006.

A la presión que ha emprendido en contra del organismo electoral, para que le reprograme los pagos por más de 350 millones de pesos que aún debe por malos manejos financieros derivados del Pemexgate, se agrega la queja recién presentada en contra del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que responsabiliza de haber obtenido financiamiento paralelo.

La queja presentada contra el PRD parte de la premisa de que el financiamiento no reportado al Instituto Federal Electoral (IFE) fue realizado con el conocimiento de la dirigencia nacional del partido, entonces bajo la presidencia de Rosario Robles Berlanga. El centro de las pruebas son los videos que involucran a militantes perredistas con el empresario Carlos Ahumada, una de cuyas empresas, Grupo Quart, dio aportaciones a los candidatos.

Sin duda lo que más interesa al PRI es la reprogramación de su deuda, lo cual le permitiría aliviar sus maltrechas finanzas en un periodo clave. En 1999, cuando se acercaban las elecciones presidenciales, el proceso interno del PRI, que significó importantes gastos del partido y de los precandidatos, permitió al tricolor un posicionamiento importante de cara al proceso federal.

En esta ocasión, de mantenerse los términos de la aplicación de la multa por las violaciones a las disposiciones sobre financiamiento, se condicionaría financieramente al partido. De acuerdo con los plazos fijados en la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el priísmo tendría que finiquitar el pago de mil millones de pesos en el primer trimestre de 2006.

Esto es, en ese lapso recibiría aproximadamente los 23 millones de pesos que actualmente le asignan, 50 por ciento de las prerrogativas que por ley le corresponden. La petición priísta considera la posibilidad de que el IFE amplíe los plazos de pago hasta 48 meses, esto es, cubrir solamente 7.8 millones de pesos mensuales.

La reprogramación que eventualmente podría hacer el IFE representaría allegarle al PRI poco menos de 15 millones de pesos mensuales, lo que anualmente significaría alrededor de 180 millones de pesos, en un año de definiciones políticas. La petición priísta se funda en el código fiscal, según el cual cuando se ha pagado más de las dos terceras partes de la multa -el PRI adeuda alrededor de 370 millones de pesos- es posible solicitar una reprogramación del resto de los pagos, lo que en este caso ampliaría el plazo de 16 a 48 meses.

Hasta el momento las comisiones de Fiscalización y de Prerrogativas no se han pronunciado al respecto, pero han iniciado ya la revisión jurídica del caso, aunque existe un documento de la Dirección Jurídica del IFE que señala la inviabilidad de la petición priísta, pues ello implicaría, en los hechos, modificar los términos de la resolución del TEPJF, los cuales son inatacables.

Empero, algunos consejeros se han dado a la tarea de desacreditar la opinión jurídica del instituto, con el argumento de que quienes adoptan las decisiones son precisamente los consejeros. El PRI ha amagado con apelar ante el TEPJF del eventual rechazo a su petición, lo cual fundamenta en el hecho de que aun cuando ha realizado todas las acciones administrativas a su alcance, financieramente es imposible que el PRI pueda cumplir sus responsabilidades estatutarias y financieras si no se modifican los plazos de pago.

Lo que queda claro es que aun cuando los consejeros han afirmado que el criterio para responder al PRI será estrictamente técnico, una eventual respuesta positiva tendría un innegable impacto político.

Esto es una parte. La otra es la queja administrativa contra el PRD por supuestos malos manejos financieros. Así, hizo llegar 83 pruebas que incluyen autoinculpaciones de perredistas, expresadas en videos y entrevistas, de lo que el PRI considera un financiamiento paralelo. El tricolor pone especial énfasis en el papel de Quart en los recursos manejados por el perredismo.

La queja priísta también demanda que se investigue el manejo de la deuda perredista, que se disparó a 654 millones de pesos, de los cuales 410 millones corresponden al periodo de Robles, plantea. El incremento de la deuda perredista representó, señala el tricolor, inequidad en la competencia, lo cual representaría "una ventaja ilegítima" en favor del PRD.

Elabora iniciativa para reducir fondos al instituto en 2005

En tanto, de acuerdo con un comunicado del PRI, el partido analiza la posibilidad de presentar una propuesta para que se le reduzca el presupuesto al Instituto Federal Electoral (IFE) a partir de 2005, con el fin de que se garantice una operación transparente y equitativa.

El tricolor explicó que busca conformar un punto de acuerdo que sea llevado a las instancias legislativas correspondientes para su análisis y posible aprobación.

Destacó que es fundamental que el IFE trabaje para fortalecer el sistema de partidos y la democracia mexicana, toda vez que tiene un compromiso con la gobernabilidad y la fortaleza de las instituciones.

En otro comunicado, el vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Sergio Martínez Chavarría, dijo que no conoce a los tres militantes priístas que lo acusaron de querer expulsarlos.

Armando González, Hugo Espinosa e Israel Betanzos aseguraron hace unos días que Martínez Chavarría y el secretario de Organización del PRI, José Ramón Martell, operan para dejarlos fuera del partido

En ese sentido, Martínez Chavarría comentó al respecto que "en el partido tenemos tareas más importantes que hacer; hay una dinámica de trabajo muy exhaustiva, hay mucho qué hacer como para andar en asuntos que no tienen ninguna trascendencia".

Reiteró que su atención se centra en las intensas actividades dentro del partido, por lo que rechazó ese tipo de acusaciones que carecen de valor y fundamento.

(CON INFORMACION DE NOTIMEX)