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México D.F. Miércoles 10 de noviembre de 2004

El foxismo en el poder depositó grandes esperanzas en los resultados que pudieran obtenerse de la 21 Reunión de la Comisión Binacional México-Estados Unidos, que se realizó ayer en esta capital. El razonamiento que da pie a esas ilusiones es que el cambio de gobierno que tendrá lugar en enero próximo en el país vecino -lo habrá, aunque el presidente siga siendo el mismo- creará condiciones propicias para superar el largo empantanamiento en que se encuentran las negociaciones con Washington en los temas que más preocupan a México: la migración y el comercio, y que George W. Bush sabrá agradecer, en su segundo mandato, las enormes concesiones realizadas por el lado mexicano en materia de sumisión energética y colaboración contra el terrorismo y el narcotráfico.

En aras del lucimiento diplomático las partes firmaron ayer acuerdos en materia ambiental y educativa y se reunieron en mesas de trabajo sobre economía, comercio, energía, educación y cultura, vivienda y desarrollo urbano, transporte, ciencia y tecnología, asuntos laborales, salud y prosperidad. Pero los temas que realmente importan y que definirán la calidad de la relación bilateral son los señalados en el párrafo anterior: comercio, energía, seguridad y migración y, a caballo entre los dos últimos, el asunto de la frontera común.

En materia comercial no hay muchas posibilidades de convertir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en un "TLC plus", una propuesta foxista que parece una proyección hacia el norte del malogrado Plan Puebla-Panamá y que implicaría nada menos que la conformación de una "comunidad económica de América del Norte". Importantes sectores políticos, económicos y sociales de Canadá y México han expresado su rechazo consistente a la idea y, en cuanto a Estados Unidos, no es fácil hallar motivos por los cuales el gobierno de Bush pudiera inclinarse a alterar unas reglas comerciales que, al menos ante México, le resultan sobradamente favorables y cuya alteración lo obligaría, para colmo, a confrontarse con los intereses de una porción imprescindible de su base electoral.

Por lo que hace al sector energético, si bien éste no es oficialmente uno de los temas centrales de la agenda, es evidente que forma parte de las preocupaciones principales de ambos gobiernos. Washington busca incrementar, por vía de la propiedad directa, su control de los hidrocarburos y la electricidad que produce México y el gobierno nacional parece estar, por desgracia, de acuerdo con esos planes, que se han traducido en descuentos injustificables del precio del crudo mexicano que se vende a Estados Unidos. Como signo ominoso y enigmático de la creciente dependencia y del consenso intergubernamental para incrementarla, siguen pendientes de pleno esclarecimiento las recientes declaraciones del secretario de Energía, Fernando Elizondo, en el sentido de que las fuerzas armadas estadunidenses vigilaban nuestros pozos petroleros, declaración que fue desmentida con bochorno por buen número de funcionarios.

El asunto de la frontera compartida fue abordado ayer por el secretario de Seguridad del país vecino, Tom Ridge, desde una perspectiva de peligro para Estados Unidos, ya que por ella, dijo, podrían infiltrarse terroristas hacia territorio de su país y podría desarrollarse un tráfico de armas del sur hacia el norte. Debe ponerse esta caracterización en su justa perspectiva, es decir, al revés de como lo expresó el funcionario mencionado: tradicionalmente el tráfico de armas se realiza, en forma preponderante, en dirección norte-sur, y por medio de ese trasiego se establece un vínculo estrecho y directo entre la industria armamentista estadunidense -soporte económico, electoral y hasta ideológico de Bush y compañía- y el narcotráfico mexicano y latinoamericano; por lo demás, si se considera que son mexicanos, y no estadunidenses, quienes mueren cotidianamente en la zona fronteriza, es inevitable admitir que la hasta ahora demarcación internacional es fuente de peligros e inseguridad para nuestro país, no para el del norte. En otro sentido, el único posible factor que podría convertir a México en objetivo de grupos terroristas internacionales sería su colindancia y su interdependencia con Estados Unidos.

Para finalizar, el tema migratorio. El presidente Vicente Fox y sus colaboradores se muestran ansiosos por obtener concesiones estadunidenses en este terreno -ya que no las ha habido en ningún otro-, pero los hechos parecen indicar que es mínima la posibilidad de que Bush respalde un acuerdo con México para regular, racionalizar y humanizar el flujo humano procedente de nuestro país. Un convenio semejante sólo estuvo en los cálculos de la Casa Blanca en tanto ésta careció de programa y dirección de gobierno, es decir, entre enero y septiembre de 2001. A partir de ese mes la administración de Bush se dio a sí misma propósitos y contenidos que permanecerán vigentes durante este segundo periodo y en los cuales el anhelado acuerdo migratorio no aparece por ningún lado. Al llegar a nuestro país, Colin Powell, el todavía secretario de Estado del país vecino, dijo que la firma del instrumento referido es una "prioridad" de Washington; tal vez sus palabras hayan sido un mero ejercicio de modales diplomáticos, porque, horas antes, al hablar para los medios en el avión que lo traía a México, el funcionario enlistó esas prioridades -Unión Europea, Irak, Afganistán, India, Pakistán, Rusia, Sudán, Liberia, Costa de Marfil, Medio Oriente, China, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Tailandia-, y América Latina, México y sus migrantes no aparecieron por ningún lado. Desde otra perspectiva, la regularización de los connacionales que trabajan en el país vecino implicaría su inmediata dignificación laboral y salarial, y hay que recordar que los ínfimos salarios que perciben actualmente, posibles sólo porque no disponen de documentación regular, son un componente esencial de la competitividad internacional de los productos estadunidenses. El optimismo en este terreno tampoco parece estar bien fundamentado.