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P O L I T I C A
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México D.F. Miércoles 10 de noviembre de 2004

Existe frustración colectiva respecto a la democracia, advierte el presidente del IFE

La relación partidos-televisoras, un "asunto de mercado": Ugalde

Hay un entorno de conflictos entre grupos y poderes que "trasciende nuestra autoridad"

El financiamiento de precampañas, la compra y coacción del voto, otras preocupaciones

ALONSO URRUTIA

ugalde2okHa transcurrido ya un año desde que Luis Carlos Ugalde está al frente de la institución responsable de preservar la limpieza y credibilidad de los comicios federales. Un año que ha coincidido con un componente de descomposición política en el país, sobre el cual el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) admite: "Hay un ambiente de escepticismo y frustración colectiva respecto de los partidos y sobre el resultado de la democracia, pero -matiza- es un fenómeno recurrente en toda América Latina".

Reacio a hablar de los conflictos entre poderes y partidos, porque "es un debate en el cual no le conviene involucrarse al IFE", sostiene que su papel es prevenir los riesgos que en este entorno convulsionado pueden precipitarse sobre el proceso electoral: el costo creciente y exponencial de las campañas que aliente la búsqueda de financiamientos ilegales; conflictos internos de precampañas no reguladas en los partidos, así como la compra y coacción del voto, un fenómeno que ha reaparecido en los comicios locales.

Y aunque reconoce que un factor que ha detonado el crecimiento de los costos de campaña son los anuncios en medios electrónicos, para Ugalde la relación partidos-televisoras es un asunto de mercado, de iniciativa privada. No obstante, plantea que esta relación debe estar regulada por esquemas de transparencia y equidad. De lograrlo, considera, se solucionaría gran parte de los problemas de fiscalización.

-¿Cuál es el balance del primer año de su gestión al frente del IFE?

-Se ha caracterizado por actos apegados a la legalidad y la imparcialidad. Destacan las sanciones a los partidos, que han sido históricamente las más altas en relación con los gastos de campaña de 2003. Por sí mismo este hecho no dice nada, pero refleja un esfuerzo por una fiscalización más exhaustiva para prevenir el financiamiento irregular. En lo interno se ha hecho un diagnóstico, porque el IFE puede funcionar mejor y a un menor costo.

-¿Se han remontado ya los cuestionamientos sobre el origen del actual Consejo General?

-Al designarse a este consejo hubo una dinámica desafortunada en la Cámara de Diputados, que limitó el número de partidos que participaron en la designación. Nuestra tarea ha sido tender puentes con todos, en especial con el PRD, porque fue un partido que se inconformó por la decisión. Recientemente tuvimos una reunión con la dirigencia perredista, que manifestó su apoyo a la institución. Si se analizan las votaciones se observará que varían conforme al tema y no corresponden a la supuesta orientación de origen, como lo muestran las sanciones aplicadas. Las decisiones no se asocian a ningún patrón de comportamiento estratégico en ningún sentido.

-¿No percibe una autoridad electoral muy ausente en un ambiente político convulsionado?

-¿Cuál debería ser el papel del IFE dado el ambiente político? -se pregunta-. El ambiente genera preocupación, pero la política necesita certeza y confianza. El IFE va a organizar un proceso que dé garantías de que no hay dados cargados. Al instituto no le interesa el resultado, sino la certeza de que de los procedimientos va a surgir un ganador con legitimidad entre la sociedad y los contendientes.

-Se ha cuestionado que este IFE quiere legitimarse con las elevadas multas. ¿La fiscalización es lo que más confronta al instituto con los partidos?

-Se ha interpretado que esta es una suerte de persecución contra los partidos para debilitarlos. Estamos en contra de ese enfoque. La responsabilidad del IFE es fortalecer a los partidos y la fiscalización es un instrumento de protección, porque si se hace bien y sancionas, el efecto deseado no es debilitarlos, sino inhibir un comportamiento para que no recurran a fuentes ilegales de financiamiento. Es una forma de protegerlos frente a intereses privados.

Ugalde admite la necesidad de revisar el esquema de fiscalización para pasar de un modelo de sanciones a otro de rendición de cuentas. Hay consenso entre los partidos, pero también reconoce que se pudieran impulsar reformas legislativas que mejoren la fiscalización. Actualmente el IFE revisa los gastos de campaña un año después, con base en información de los propios institutos políticos.

Pero ante la incertidumbre de una reforma el instituto ha ofrecido revisar el reglamento de fiscalización porque, dice Ugalde, "nos interesa una relación cooperativa y no de controversias continuas con los partidos".

-¿Está preparado el IFE para evitar en 2006 casos como el de Amigos de Fox y el Pemexgate?

-Hay instrumentos de fiscalización que podrían fortalecerse, pero los que hay son buenos. El gran problema de nuestra democracia es el costo creciente de las campañas. Mientras aumente se requerirán cada vez mayores recursos y los candidatos harán lo que sea necesario para ganar, dado que una vez que se detecta la irregularidad quien es sancionado no es el candidato que ya es gobernante, sino su partido. El asunto medular es contener los costos, porque eso haría a los partidos menos dependientes del financiamiento adicional, con frecuencia ilegal, y evitaremos casos como el Pemexgate y Amigos de Fox.

-¿Esto se desprende de la fórmula de financiamiento de la ley, o hay otra causa?

-Son necesidades del mercado electoral. Para acabar con la desigualdad que se dio en 1994 se promovieron cambios para otorgar un financiamiento cuantioso a los partidos; ya en 1997 y 2000 se vieron los beneficios de esto: hay más pluralidad en condiciones equitativas, se da la alternancia, pero también un fenómeno inflacionario en todo el mercado electoral; mayor uso de medios electrónicos; campañas más ambiciosas de mercadotecnia. Las necesidades han crecido exponencialmente.

-Se ha planteado la necesidad de reformas para que no se gasten tantos recursos en medios electrónicos.

-Sería deseable que los partidos tuvieran condiciones equitativas considerando factores como volumen de espots, horarios y anticipación de la compra. En ocasiones los partidos insisten en que aún enfrentan negociaciones discrecionales que generan incertidumbre. Se requiere más transparencia en las tarifas. Para el IFE sería bueno saber inmediatamente cuánto gastan los partidos en medios electrónicos. Sería beneficioso para la industria de medios que hubiera transparencia sobre costos, tarifas, horarios, espots transmitidos, pero me parece que esto debe mantenerse en un esquema de libre mercado.

"Si el IFE pudiera tener transparencia sobre estos gastos, la fiscalización se resolvería enormemente. Soy de la idea de que la televisión cumple un papel de transmisor de mensajes partidistas; que puede generar interés de participación y cumplir un papel democrático. Para que esto se mantenga es necesario que sea en un marco de transparencia y equidad."

-Una recomposición en este tema ¿impactaría los intereses de las televisoras?

-El papel de los medios en las campañas debe mantenerse como una industria privada, no me cabe la menor duda que, como tal, debe estar regulada.

Para Ugalde, algunas modificaciones que permitieran ampliar la adquisición obligatoria de tiempos en los medios electrónicos por el IFE, para repartirlo conforme al peso electoral de cada partido, pudiera ser una opción sin que ello implique que el instituto se convierta en el único comprador de espots.

-¿Cómo se ve desde el IFE la elección de 2006 en un contexto político como el que prevalece?

-Hay un entorno que trasciende nuestra autoridad: conflictos entre partidos, entre poderes. Como autoridad no queremos ni podemos opinar, porque sería involucrarnos en un debate que no nos compete ni nos conviene. Nosotros queremos ofrecer confianza a la sociedad de que actuamos apegados a la legalidad. Ciertamente hay un ambiente político que más que preocuparnos por cómo nos va a afectar, debemos preocuparnos en cómo contribuir para mejorarlo.

-La confrontación entre poderes, como la que se ha dado en torno al desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, ¿pudiera impactar en la organización electoral? ¿Cómo ve estas condiciones?

-Como mexicano, con preocupación; como funcionario, con enorme responsabilidad. Lejos de preocuparnos nos ocupamos. Nos hemos abocado a elaborar una agenda de riesgos para realizar acciones preventivas que permitan que potenciales conflictos no deriven en tales. Ahí están las precampañas, la compra y coacción del voto, el acceso a los medios de comunicación. Las precampañas no están reguladas, pero en 2005 sin duda habrá mucha actividad, queremos tener medidas administrativas para revisar si se reportan los gastos de las mismas al IFE.

"Es probable también que las precampañas generen controversias en los partidos y cada vez más los militantes pueden acudir al IFE o al tribunal electoral para denunciar irregularidades o demandar restitución de derechos políticos. Otro tema es el de la compra y coacción del voto, que es un fenómeno que se ha repetido en algunas elecciones locales, lo que implicará campañas de educación cívica.

-En el contexto de los videoescándalos, ¿no es ir muy cuesta arriba lanzar una campaña para promover la participación?

-Hay un ambiente de escepticismo y frustración colectiva con respecto a los partidos, al resultado de la democracia, pero es un fenómeno recurrente en América Latina. A pesar del reto no tenemos otra opción que insistir en que la democracia es la única vía para contener el conflicto de manera civilizada. No hay alternativas viables, puede haber espejismos en el corto plazo que sugieran que puede haber otra alternativa, pero la democracia es la única viable. El reto es traducir la democracia electoral y el pluralismo en gobernabilidad democrática.

-¿Qué piensa del desafuero de Andrés Manuel López Obrador?

-Evitaría cualquier comentario porque es algo hipotético. Evidentemente al IFE le interesa que el proceso electoral sea legal e incluyente, que participen todas las fuerzas políticas y sientan que las reglas son transparentes.

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