Con información privilegiada beneficiaron a la IP; ésta aportó artífices al gobierno

La crisis bancaria convirtió en ejecutivos financieros a funcionarios condescendientes

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

La crisis bancaria que estalló a raíz de la devaluación del peso en diciembre de 1994, cuyo costo equivale a casi una quinta parte del producto interno bruto (PIB), fue gestionada por un grupo de funcionarios y ejecutivos de las firmas financieras para quienes no era un secreto la debilidad del sistema.

Los bancos habían aumentado a la vista de todos su exposición al riesgo, sus reservas no eran suficientes para cubrir los pasivos de difícil recuperación y las autoridades, que contaban con esa información de manera oportuna, optaron por una salida que cargaba a los contribuyentes el pago de los errores.

Desde que se inició el proceso de rescate bancario, funcionarios que tomaron decisiones en favor de las firmas privadas dejaron el gobierno para trabajar con esas instituciones; otros canjearon sus oficinas en los corporativos por posiciones en el sector público. Se trata de un grupo compacto, con acceso a información privilegiada, que mantiene el control de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México desde hace al menos dos décadas.

El 23 de mayo de 1995, durante una audiencia en el Senado estadunidense -que monitoreaba el paquete financiero otorgado por la Casa Blanca al gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo para hacer frente a las secuelas de la crisis financiera-, quedó de manifiesto la laxitud de las autoridades mexicanas respecto al comportamiento del sistema financiero local.

Alfonso D'Amato, entonces presidente del influyente comité bancario del Senado estadunidense, comentaba: "el sector bancario mexicano está en problemas. Con tasas de interés de 100 por ciento, más de 10 mil millones de dólares en préstamos vencidos y una alta inflación (ese año fue de 52 por ciento), el sistema está siendo devastado".

En aquellas semanas, el Banco de la Reserva Federal estadunidense distribuyó en círculos influyentes de Washington un estudio en el que afirmaba que los seis bancos más grandes de México en aquel tiempo, que concentraban 80 por ciento de las operaciones, habían arrojado pérdidas en el primer trimestre de 1995.

Añadía: esos mismos bancos apelaron a "métodos contables creativos y subsidios estatales" para informar que habían obtenido ganancias durante el periodo. "Esta alquimia financiera está ocultando un agujero masivo en el sistema bancario mexicano", declaraba D'Amato.

A principios de julio de 1999 se hizo público el resultado de una revisión al rescate bancario ordenada por la Cámara de Diputados y encargada al auditor canadiense Michael Mackey. En el reporte, el especialista afirmaba que en los procesos de privatización de la banca, realizados entre 1991 y 1992, y posteriormente en el rescate que siguió a la crisis de 1994, la actuación de las autoridades financieras había sido insuficiente y realizada a destiempo.

Se decía también que, como resultado de las debilidades del programa de privatización concluido en 1992, los bancos se habían convertido en víctimas de propietarios y administradores inexpertos que permitieron actividades crediticias riesgosas y en el margen mismo de la ley. Concluía, respecto a la actuación de las autoridades en el rescate financiero durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo: "hubiera resultado más barato quebrar los bancos inviables, que rescatarlos como hizo el gobierno".

La crisis bancaria, que ejerce un lastre sobre el desarrollo actual y futuro del país al reclamar cada año cuantiosos recursos públicos para ser transferidos a las instituciones privadas, no surgió de la noche a la mañana ni como una "maldición". Esa es la idea que trató de dar el gobierno del ex presidente Zedillo.

Bajo el mando de José Angel Gurría, la Secretaría de Hacienda publicó en 1999 un libro, Fobaproa, la verdadera historia, en el que aseguraba que "las crisis bancarias son como los volcanes", es decir, según esa visión, "aparecen sin aviso previo". Esta apreciación oculta que el sistema financiero es regulado y supervisado, al menos eso establecen las leyes, por las autoridades, es decir, por personas que tienen obligaciones y responsabilidades.

En junio de 2001, ya en curso la administración del presidente Vicente Fox, la Secretaría de Hacienda preparó un documento para una cumbre de APEC, en el que ofrece una visión diferente: después de concluida la reprivatización bancaria, señalaba, "el sistema bancario mostró una importante expansión del crédito. La mayor parte de los bancos procuraron aumentar su cuota de mercado, concediendo préstamos de una forma muy agresiva y, visto en retrospectiva, imprudente. En algunos casos, esta expansión del crédito fue acompañada de operaciones fraudulentas, que en muchos casos pusieron a las instituciones en riesgo".

Aunque es diferente la visión de los gobiernos del ex presidente Zedillo y la actual administración sobre los orígenes de la crisis bancaria, hay un elemento común: ambos han empujado con fuerza para dar vuelta atrás a ese capítulo.

Existe evidencia de que Banamex se benefició irregularmente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). La firma bancaria recibió apoyos aun cuando su nivel de capitalización era mayor al requerido para obtener la ayuda. El entonces director de Fobaproa, Javier Arrigunaga, es ahora alto directivo de Banamex.

Martín Werner, quien como subsecretario de Hacienda firmó los pagarés del rescate bancario al margen de lo dispuesto en la Constitución en materia de contratación de deuda pública, es ahora ejecutivo de Goldman Sachs, firma que ha hecho negocio con la intermediación de la cartera derivada de dicho rescate.

Francisco Gil Díaz era ya el secretario de Hacienda cuando Banamex solicitó formalmente a la dependencia que la venta a Citigroup no fuera gravada fiscalmente, con lo que el fisco dejó de percibir por lo menos 3 mil millones de dólares. Gil Díaz era director de Avantel, una subsidiaria de Banamex, durante la segunda mitad del gobierno de Zedillo.

Sobre ninguno hay investigació en curso.