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México D.F. Martes 9 de noviembre de 2004 |
Transportadoras de valores: una amenaza
 Los
vehículos y los elementos de las empresas transportadoras de valores
se han constituido en grave peligro para la seguridad de las personas en
todo el país y en particular, en la capital de la República.
Prácticamente no pasa semana sin que llegue a los medios informativos
una historia sobre atropellamientos de ciudadanos por las camionetas blindadas,
lesiones intencionales o accidentales con armas de fuego perpetradas por
los custodios, o accidentes vehiculares graves protagonizados por las unidades
de transporte de efectivo, cuando no sobre atracos a esas compañías
perpetrados por sus mismos elementos. En el curso de las recientes cinco
o seis semanas, en la ciudad de México, denominaciones como Cometra,
Panamericana (Serpaprosa), Tameme, Tecnoval y otras se han visto asociadas
a los hechos de violencia e imprudencia cometidos por sus empleados, y
en lo que va del sexenio la procuraduría capitalina ha iniciado
más de una treintena de averiguaciones previas contra custodios
de siete de las 19 compañías de traslado de valores registradas
ante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la ciudad;
hay actualmente más de 15 de ellos presos en diversos reclusorios.
Según datos oficiales, las acusaciones más frecuentes contra
los efectivos mencionados tienen que ver con robos a sus propios patrones,
seguidas por homicidios, lesiones, amenazas de muerte y daño en
propiedad ajena.
Pero las noticias que llegan a los diarios y a los noticiarios
son sólo la punta del iceberg de un cúmulo impune de abusos,
amenazas, atropellos y hostigamientos a la ciudadanía, en lo que
parece conformar una actitud planificada y deliberada de intimidación
y agresión como parte de la estrategia de protección del
dinero que transportan los guardias privados a bordo de unidades conducidas
con modales de tanque de guerra.
Ante esa realidad exasperante, padecida a diario por la
ciudadanía, y ante la capacidad exhibida por las corporaciones de
seguridad referidas para burlar todo intento de regulación y control,
cabe manifestar escepticismo ante los "Estándares de control para
empresas de traslado de valores" dados a conocer ayer por el titular de
la SSP local, Marcelo Ebrard, quien ya el mes pasado había ordenado
la suspensión de labores de Serpaprosa luego de que dos empleados
de esa firma agredieron a tiros a un transeúnte que discutió
con ellos. El documento referido establece que esas compañías
deberán acatar nuevas normas para reclutar a su personal, el cual
será sometido a entrenamiento en manejo de armas, pruebas de polígrafo
y exámenes toxicológicos; asimismo, en caso de incidentes,
atracos o agresiones, las compañías deberán comprometerse
a proporcionar a la SSP registros grabados de las comunicaciones entre
sus unidades.
Pero no bastará corregir las sin duda escandalosas
deficiencias del personal de esas firmas para desvanecer la amenaza que
éstas representan para la seguridad urbana y la vigencia del estado
de derecho.
Por principio de cuentas, la existencia misma de esos
cuerpos de mercenarios, aunque legal, ha llegado a convertirse en un desafío
a las instituciones y a su autoridad. Los custodios cuentan con suficiente
poder de facto, basado en el poderío de su armamento, para
imponer su voluntad en la circulación vehicular, impedir el libre
tránsito de personas y vehículos, realizar detenciones y
ofrecer impunidad a compañeros suyos involucrados en una agresión
contra particulares. Ante los custodios y sus unidades blindadas, los cuerpos
policiales regulares carecen casi siempre de autoridad y capacidad disuasoria.
Por otra parte, la misma lógica corporativa de
las compañías de traslado de efectivo hace inevitable que
sus empleados representen un peligro público, en la medida en que
su misión central y básica, por encima de cualquier otra
consideración, es proteger los valores que transportan. Ante ese
mandato, la integridad física de transeúntes y automovilistas
les resulta casi irrelevante.
Ciertamente, en un entorno de inseguridad como el que
caracteriza al país en el momento actual, y ante el poder de fuego
de que hace gala la delincuencia organizada, los traslados de grandes sumas
de efectivo requieren de medidas de seguridad rigurosas. Pero las entidades
idóneas para vigilar el dinero y los valores son las corporaciones
policiales públicas, y no empresas que operan en la lógica
de maximizar utilidades y reducir costos y por eso mismo no operarán
nunca en el interés de capacitar adecuadamente a su personal y de
garantizar la seguridad ciudadana.
En términos generales, la potestad de comandar
grupos armados es uno de los terrenos que no habrían debido abrirse
nunca a la inversión privada. Los clásicos de la sociología
explicaron hace mucho las razones por las cuales todo Estado debe reservarse
el monopolio de la violencia y el control de las instituciones armadas.
Por eso, si en verdad se desea eliminar los peligros que representan las
transportadoras de valores en particular y, en general, las empresas de
seguridad privada, debe legislarse no para controlarlas, sino para suprimirlas,
y transferir sus funciones a corporaciones policiales depuradas, dignificadas
y bien entrenadas.
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