Será careado con el ex servidor preso Gustavo Ponce

Autoriza juez el traslado de Ahumada a La Palma

Ayer le fue dictado el cuarto auto de formal prisión

MIRNA SERVIN VEGA

El empresario preso Carlos Ahumada Kurtz fue notificado ayer del cuarto auto de formal prisión en su contra, por el delito de promoción de conductas ilícitas; sin embargo, aunque no es considerado grave, al ser integrado en el mismo proceso que ya existe en su contra, no alcanza libertad bajo fianza.

Por la noche también se dio a conocer que el juez 11 penal del Reclusorio Preventivo Norte, Carlos Morales, autorizó el traslado de Ahumada al penal de máxima seguridad de La Palma, en el estado de México, con el fin de que tenga un careo con Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

Este se llevará a cabo el 15 de diciembre próximo y en la audiencia también participará Antonio Martínez Ocampo, quien fuera apoderado de las empresas de Ahumada. Para ello, también será trasladado a La Palma para que amplíe su declaración en el proceso que se sigue contra Ponce, lo cual fue solicitado por el abogado del ex funcionario capitalino.

El cuarto auto de formal prisión contra Carlos Ahumada fue dictado por el juez 50 de lo penal, José Eligio Rodríguez Alba, con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente, luego que se acreditara este cargo a través del análisis de los videos confiscados en las oficinas del empresario, donde se observa que este entrega grandes sumas de dinero a René Bejarano.

Lo anterior quedó asentado en la causa penal 104/2004 y los abogados del inculpado cuentan con tres días para llevar a cabo la apelación y con 15 para aportar pruebas en su defensa.

El 4 de noviembre pasado, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal fincó esta cuarta acusación y el juez 50 se trasladó al Reclusorio Norte para notificar al inculpado.

Cabe recordar que Ahumada también enfrenta un proceso por uso de recursos de procedencia ilícita en agravio del sistema financiero del Distrito Federal, debido a los distintos fraudes que se cometieron en las delegaciones Gustavo A. Madero, Tláhuac, Iztapalapa y Alvaro Obregón a través de contratos hechos con sus empresas para realizar obra pública que fue pagada sin que se ejecutara.