El Congreso local no pudo aprobarla por cambios que realizó British American

Trasnacional tabacalera detiene en Nuevo León ley de protección a no fumadores

El PVEM acusa al PAN de recibir cañonazos de dinero para boicotear la propuesta

DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL

Monterrey, NL, 8 de noviembre. El Congreso de Nuevo León debate una ley de protección a los no fumadores, la cual prevé sanciones para los padres o tutores de menores que sean sorprendidos fumando, así como multas de 30 a cien salarios mínimos o arresto de 36 horas, tanto a la persona que fume como a la que lo permita en establecimientos públicos como hospitales, escuelas, centros comerciales y vehículos de transporte público.

Este lunes por la mañana, cuando se creía que todo estaba listo para que se aprobara la Ley de Protección a los No Fumadores de Nuevo León, representantes de la compañía British American Tobacco acudieron al Congreso y promovieron cambios de última hora que modificaron sustancialmente el proyecto de dictamen, que había sido avalado el jueves pasado por la Comisión de Desarrollo Sustentable.

La Secretaría Técnica del Congreso, que se encargaría de hacer correcciones sin trascendencia al texto, modificó de fondo varios artículos, lo que hubiera representado un vicio de legalidad y la posible nulidad de la ley antitabaco mediante un recurso de amparo, por lo que no pudo ser discutido hoy en el pleno.

El diputado pevemista Jorge Padilla Olvera acusó a la fracción del PAN de haber recibido cañonazos de dinero para boicotear la ley, aunque admitió que no tenía datos concretos en ese sentido, sino que fue una conclusión a la que llegó dada la forma en que actuaron los blanquiazules al promover cambios de última hora, siendo que tuvieron ocho meses para presentar propuestas.

Padilla Olvera señaló que los panistas estuvieron ausentes durante toda la discusión, y en la última reunión (el jueves) expresaron su desacuerdo. "Eso se llama boicotear, es una estrategia dilatoria, con muy poca maña, pues fue demasiado burdo su intento de boicot", expresó.

Guadalupe Rodríguez Martínez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable, consideró "muy sospechoso" que representantes de la empresa tabacalera hayan tenido en su poder, antes que los diputados, copia del proyecto del dictamen modificado, del cual además hicieron diversas observaciones.

En el proyecto de dictamen que se aprobó en comisiones, con abstención del PAN, se prevé sancionar con multa de 30 a cien días de salario mínimo, o arresto de 36 horas, a quien "en rebeldía" fume en hospitales, guarderías, escuelas, vehículos del transporte público, así como en bibliotecas, cines, teatros, elevadores, centros comerciales y en los edificios públicos, excepto cuando lo hagan en áreas para fumadores.

Asimismo se establecían sanciones de 30 a 50 salarios o arresto por 24 horas a los dueños, empleados o conductores que permitan fumar en las áreas mencionadas, además de clausura de los citados establecimientos cuando los propietarios permitan la violación de la ley, no coloquen los letreros correspondientes o falten a la obligación de crear áreas para fumadores y no fumadores.

Además, el proyecto de dictamen contempla amonestación a los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad de los menores que sean sorprendidos fumando.

En el nuevo dictamen que empezó a circular por la mañana de este lunes, del capítulo de sanciones se eliminó la pena corporal y únicamente se dejaron las multas.

Guadalupe Rodríguez comentó que se metió reversa a la presentación del proyecto de dictamen ante el pleno, para evitar que la nueva ley pudiera ser combatida mediante el recurso de amparo, porque el texto que dejaron en manos de la Secretaría Técnica para que hiciera correcciones de carácter ortográfico, fue modificado sustancialmente en varios artículos al ir más allá de sus atribuciones.

Según datos de Salud estatal, de una población estimada de 4 millones 80 mil personas, pertenecen al rango de 12 a 65 años de edad 3 millones siete mil, de las cuales 875 mil son fumadores.