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México D.F. Martes 9 de noviembre de 2004

Hay incongruencias jurídica y política en el caso, considera el escritor

Ayudará Carlos Montemayor a los seis vascos presos en México

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Los seis ciudadanos de origen vasco presos en el Reclusorio Norte con fines de extradición a España recibieron ayer la visita del escritor Carlos Montemayor, quien se comprometió a ayudarlos mediante las reflexiones que realizará tanto en foros del Poder Judicial Federal (PJF) como en diversos medios de comunicación, a fin de que "diferentes círculos sociales se informen de la incongruencia jurídica y el error político de que están siendo víctimas los vascos".

Entrevistado frente a la zona de aduanas del penal capitalino, el especialista en lenguas indígenas aseguró que el gobierno federal, con el apoyo de jueces y magistrados, está permitiendo que haya "una ausencia de derecho" en el procedimiento de extradición que enfrentan los reclamados desde julio de 2003, y "eso se debe a un doblegamiento político, económico, moral, lo cual también ocurre en el caso de la construcción de un Wal-Mart en Teotihuacán, con la Minera San Xavier en San Luis Potosí, con el nombramiento de la nueva autoridad en Petróleos Mexicanos o con los contratos de servicios múltiples".

Asimismo, refirió que México "está cediendo territorio, principios, soberanía, leyes, conquistas laborales y sociales del país en aras de una globalización que despoja a toda la sociedad de su dignidad y de su capacidad de defensa".

Después de reunirse por más de una hora con los seis acusados de pertenecer a la organización vasca ETA -quienes están a la espera de que el juzgado quinto de distrito A de amparo resuelva una demanda de garantías contra la Secretaría de Relaciones Exteriores que autorizó su extradición-, Montemayor indicó que los vascos "son víctimas en muchos sentidos, pero fundamentalmente porque, más que tratarse de una incongruencia jurídica la que enfrentan, son víctimas de una incongruencia política".

Sobre la multa que les aplicó la semana pasada el tercer tribunal colegiado en materia penal, tras considerar que un recurso de defensa de los vascos carecía de validez jurídica y estaba infundado, el investigador en lenguas indígenas refirió: "es curioso que los jueces que han estado revisando el caso de la extradición no acepten pruebas de descargo que serían suficientes para liberarlos de inmediato, y que quieran multarlos porque ellos se quieren defender".

Consideró que el gobierno federal y el PJF se equivocaron al autorizar y avalar, respectivamente, la extradición de los vascos, pues "se violaron diversas garantías procesales".

Agregó que las irregularidades en contra de los detenidos se cometieron desde su detención, en la que participaron policías españoles. Sobre este tema dijo: "el acoso de la policía española a los ciudadanos vascos data de muchos años atrás. Estamos hablando desde principios de los años 90, así que la participación de españoles en las pesquisas a los ciudadanos vascos que radican en México es una incongruencia política por parte de nuestras autoridades y una incongruencia de seguridad nacional".

A lo anterior, mencionó, se debe añadir "las ilegalidades en aspectos jurídico-procesales, lo que hace prácticamente imposible hablar de juicios de extradición ya no digamos medianamente imparciales, sino incluso puede ser imposible hablar de juicios en cualquier sentido, porque es una abolición del derecho de manera brutal (...) Los vascos están siendo víctimas justamente de una ausencia de derecho, y esto es lo que estaré destacando en los próximos días".

-En el caso de los vascos queda la impresión de que hay una subordinación de las autoridades mexicanas al gobierno de España. ƑUsted qué piensa?

-El caso de los seis vascos acosados no es un caso aislado, sino que se trata de un esquema que prácticamente está desmantelando al país entero, esto es lo grave del proceso total que está sufriendo México, así que no es de extrañar que si los secretarios de Medio Ambiente y de Economía (Alberto Cárdenas y Fernando Canales, respectivamente) prefieren apoyar a la Minera San Xavier que proteger a los 2 millones de personas que viven en el Valle de San Luis Potosí, no es de extrañar que jueces, magistrados y autoridades se sometan a presiones de uno de los socios comerciales de México que, más que socios, son dueños de México, como ocurre en el sistema financiero.

El escritor calificó de "aberración jurídica y política" el procedimiento de extradición que enfrentan los reclamados, ya que "el protocolo que están aplicando en México en el caso de los vascos, consiste justamente en anular toda posibilidad de defensa y eso los deja al margen de la ley".

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