A marzo de este año el costo del saneamiento suma un billón 251 mil 967 millones de pesos

Lejana, la posibilidad de sacudirse la deuda adquirida con el rescate bancario

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

La deuda generada por el rescate bancario, endosada al Estado por un grupo de políticos ligados al estamento financiero nacional e internacional, reproduce una vieja historia de transferencia de recursos públicos a manos privadas bastante conocida en México y América Latina.

Cuando la administración de Ernesto Zedillo inició el proceso de "saneamiento financiero" después de la devaluación de 1994, el gobierno estimó que el precio a pagar por evitar la quiebra de los bancos sería equivalente a 5 por ciento del producto interno bruto (PIB). Entre 1999 y 2003 ya fueron liquidados a los banqueros intereses, derivados de esas operaciones, por un monto similar a 7 por ciento del PIB, mientras el pasivo todavía alcanza otros 11 puntos del producto nacional y sigue en aumento.

En el otoño de 1995, mientras el país comenzaba a acusar los efectos de la crisis iniciada la Navidad anterior, José Madariaga Lomelín y Antonio del Valle Ruiz, presidente y vicepresidente de la entonces Asociación Mexicana de Bancos, comentaban en privado que la debilidad de los bancos al momento de la devaluación del peso había estado a punto de provocar "una crisis económica mayor" a la causada por el colapso de la moneda, que llevó la economía a un derrumbe de 6.7 por ciento ese año.

Ambos banqueros aseguraban que la intervención de las autoridades mediante un rescate indiscriminado para evitar la bancarrota del sistema había sido "lo más apropiado". Ellos ya no están en el negocio, pero los contribuyentes mexicanos tienen por pagar una deuda más grande que la contratada por el país en el exterior durante toda su historia, que ejerce una presión creciente sobre las finanzas públicas y representa un lastre al crecimiento de la economía.

Controvertido en términos políticos, irregular visto a la luz de las leyes del país y oneroso para los contribuyentes, el rescate bancario iniciado hace una década con la intervención gerencial por parte del gobierno federal, en septiembre de 1994, de los bancos Cremi y Unión, determina en gran medida el curso del debate presupuestario cada año. No es para menos: el costo asociado al proceso de saneamiento financiero reproduce paso a paso una experiencia vivida por México con la deuda externa a partir de los años ochenta del siglo anterior: por más que se abona, el pasivo crece y la posibilidad de sacudirse el endeudamiento es más que lejana.

Así como México ha liquidado, por medio del pago de intereses y amortizaciones, al menos cuatro veces la deuda externa que tenía en los años ochenta del siglo anterior, el rescate bancario implica una de las mayores transferencias de recursos públicos a manos privadas y, principalmente, a grupos empresariales del exterior, que son los propietarios mayoritarios del sistema financiero que opera en el país.

Como cada año desde 1995, el debate entre el Ejecutivo y el Congreso por las asignaciones presupuestales topa con el tema del servicio de la deuda asumida por el gobierno del ex presidente Zedillo, al margen de la Constitución, para rescatar a los banqueros que habían adquirido las instituciones durante la privatización realizada por el gobierno del ex presidente Carlos Salinas, entre 1991 y 1992.

Las cifras, elaboradas con base en cálculos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano de fiscalización del Congreso, son reveladoras:

A marzo de este año, el costo del rescate bancario suma un billón 251 mil 967 millones de pesos, monto equivalente a 18.5 por ciento del PIB. La cifra ha sido validada por la Secretaría de Hacienda.

El costo ya pagado con recursos públicos hasta 2003 ha sido de 483 mil 785 millones de pesos, 7.2 por ciento del PIB. Mientras tanto, los pasivos actuales derivados de las operaciones de rescate de los banqueros todavía suman 768 mil 182 millones de pesos, que representan 11.4 por ciento del producto interno bruto.

Los montos de recursos presupuestales requeridos para hacer frente al servicio de esa deuda no son menores, pues alcanzan en promedio medio punto porcentual del PIB y sólo en 2004 representan una erogación de 38 mil 30 millones de pesos. Esta cantidad es sólo la necesaria para cubrir el llamado "componente real" de los intereses generados por el rescate bancario, es decir, la proporción de los réditos arriba de la inflación. No implica que se abone al principal de la deuda, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Este año el tema vuelve a escena, con el pesar de los banqueros y de sus voceros en las cúpulas empresariales y los medios de comunicación. El punto de partida es la negativa de todas las fracciones representadas en la Cámara de Diputados, con excepción de la perteneciente al gubernamental Partido Acción Nacional, de someter a revisión el convenio firmado el 15 de julio por el IPAB y Banamex, BBVA Bancomer, HSBC y Banorte para intercambiar bonos emitidos por el extinto Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) por títulos amparados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

A mediados de octubre, el Banco Mundial, a petición de la Secretaría de Hacienda, elaboró un diagnóstico sobre las asignaciones del gasto público en México. En una parte del análisis, el organismo afirma: "poderosos intereses creados se han adueñado de partes importantes del gasto, mismas que, en consecuencia, se convierten en rubros rígidos del gasto difíciles de reasignar a las prioridades programáticas del gobierno".

Aunque el organismo mundial se refería no sólo a la partida para el pago de deuda -añadió el pago de salarios a la burocracia y algunos programas de gobierno-, la apreciación es válida para el tema del rescate bancario, que consume de manera permanente recursos fiscales para financiar operaciones sobre las que existe duda en cuanto a su legalidad y en momentos de estrechez presupuestaria para atender otras obligaciones del Estado.