Samuel I. del Villar/ II

Fobaproa-IPAB: corrupción Hacienda-Banco de México

"Todos son unos corruptos", relata en sus memorias el ex embajador de Estados Unidos, Jeffrey Davidow. Transcribe la impresión de Robert Rubin, el secretario del Tesoro de Clinton sobre los encargados de aplicar la ley en el gobierno de Zedillo. El motivo fue la Operación Casablanca. Exhibió la lavandería del narcotráfico en la banca mexicana. Pero Davidow señaló la viga en el ojo. "Rubín -complementó- guiaría al gigante Citibank para pagar 12 mil 500 millones de dólares a cambio de uno de los bancos mexicanos (Banamex) que habían sido atrapados en la operación; sin embargo, dudo que sus impresiones acerca de la pulcritud para aplicar la ley en México hayan cambiado radicalmente." Y es que la corrupción fue la guía construida por el Fobaproa-IPAB para llegar a esa venta portaestandarte del sistema bancario en su conjunto.

El membrete

El Fobaproa y el IPAB no han sido más que membrete de la Secretaría de Hacienda (SHCP), del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a partir de las contrarreformas de Salinas de 1990 y 1993. Establecieron el infausto fideicomiso y la irresponsabilidad e inmunidad administrativa y penal de los integrantes de la junta de gobierno del Banco de México, su fiduciario y coadministrador en el "comité técnico" con la SHCP y la CNBV.

"Apoyaron" y avalaron sin control desde 1994 los más escandalosos fraudes de los "banqueros" inventados por el propio Salinas en 1993-1994. Inflaron inauditas ganancias especulativas por su venta libre de impuestos al extranjero. Y subsidian desorbitadas utilidades a sus compradores en medio de la contracción del crédito interno, pero protegiéndolos para que sus márgenes expriman al extremo a los ahorradores y al erario. Han obligado y pretenden seguir obligando, inconstitucional e ilegalmente, a que el ingreso de la población nacional pague una deuda con un costo fiscal de 19 por ciento del PIB, estrangulando el desarrollo del país y orientándolo hacia otra quiebra financiera mayor. El informe Mackey ejemplificó la naturaleza de "apoyos" y avales hacendarios a este desastre:

Un banco "emitió créditos por 14 mil millones de pesos a 59 acreditados... Los créditos se dieron sin un estudio adecuado y los fondos se habían desviado en beneficio del presidente y ciertas compañías que él controlaba".

El "presidente y un grupo de inversionistas, financiados principalmente por funcionarios del banco, adquirieron una empresa extranjera por aproximadamente 500 millones de dólares de dudosa cobranza"

Un banco no fue intervenido hasta un año después de que la CNBV "había identificado graves problemas que involucraban créditos excesivos a partes relacionadas (con la propiedad y control del banco)", cuando resultaba que "la mayor parte del costo final de esta intervención -sería para- Fobaproa por la aparente imposibilidad de cobrar los créditos a las partes relacionadas".

Un "banco prestó fondos a una compañía de factoraje que fue controlada por el mismo grupo que controlaba al banco en el periodo 1993 a 1996" y "todos los créditos se otorgaron sin garantía" con "un costo potencial al Fobaproa sobre esta transacción de mil 182 millones de pesos (moneda nacional)".

En "un banco intervenido se otorgaron créditos a grupos que a su vez eran accionistas del banco" y que al 30 de junio de 1998 "debían al banco varios miles de millones de pesos" por créditos personales y corporativos "a miembros del grupo" que incluyeron "comprar acciones del mismo banco".

El informe manifiesta incluso estar "consciente" de la información pública "atribuida a Carlos Cabal Peniche en el sentido de que 25 millones de dólares se pusieron a disposición de un partido político durante el periodo 1992-1994 por medio de ciertas cuentas fiduciarias en Banco Unión".

Fobaproa, durante cinco años, se endeudó sin control, con contabilidad deplorable, con cartera fraudulenta a la par. También compró indebidamente cartera no fraudulenta de deudores de buena fe, pero dejaron a los bancos seguir cobrándola sin control de la cobranza. Y vendieron cartera comprada a ínfima parte de su valor en colusión con financieros, notablemente del exterior, para que la ordeñaran explotando la buena fe y las garantías reales con ganancias fuera de toda proporción.

Impunidad en el Banco de México

El descontrol constitucional y legal sobre su manejo se consolidó con las contrarreformas de 1993 del mismo Salinas al régimen del Banco de México. Su reclamo de que aseguraban su "autonomía" fue tan demagógico como falso. Lo que garantizó fue impunidad a su "junta de gobierno" para violar la ley y una dependencia total de "un proyecto político que detentaría el poder por 24 años, para ser precisos, cuatro sexenios más", como informó José Angel Gurría ante inversionistas extranjeros al tiempo que se expedía la nueva ley orgánica del Banco de México a fines de 1993. Dispuso que la mayoría de la junta de gobierno, de donde surge su gobernador, debe "haber ocupado por lo menos durante cinco años cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano, o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera"

La determinación de la actividad o desactividad económica nacional y su orientación o desorientación; del crédito y el endeudamiento; de sus costos, pagos prioritarios y negocios "fiscales" con él, quedó en manos de la alta burocracia político-financiera y de los improvisados banqueros impuestos y perpetuados por Salinas y su sucesores extranjeros.

Al mismo tiempo las contrarreformas desobligaron al banco central de la transparencia en su desempeño, de la rendición de cuentas, de pesos y contrapesos en el ejercicio de su autoridad, de auditorías independientes, de la supervisión legislativa. Crearon un monstruoso estado dentro del Estado nacional, por encima de sus poderes constitucionales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, difícilmente más proclive a la corrupción. Llegaron al extremo de decretar la supresión constitucional del carácter de servicio público en "la conducción" del Banco de México y del carácter de servidores públicos de "las personas encargadas de ella", neutralizando sus responsabilidades administrativas y penales, asegurando su irresponsabilidad e impunidad.

El invento del "secreto fiduciario" y "bancario", avalado por un obsecuente Poder Judicial federal, como garantía a la corrupción pública -incluso frente a la obligación y facultad constitucional de que la Cámara de Diputados audite la Cuenta Pública- selló sus manejos indebidos frente a la transparencia, pesos, contrapesos y responsabilidad que exige el régimen de derecho. La burocracia financiera salinista y sus clientes, sin empacho en convertirse también en zedillistas y foxistas, de hecho dieron así un golpe de Estado a los poderes constitucionales comenzando con el de la soberaría del pueblo de México para elegir su gobierno en elecciones auténticas y periódicas.

El Fobaproa comprobaría en seguida y ad nauseam la politización y corrupción de su administración. Todavía en el periodo de Salinas se tiró por la borda el supuesto objeto "preventivo" que el Congreso fijó a Fobaproa de asegurar depósitos a financiarse con primas de los bancos, y de "cumplimiento de las obligaciones" bancarias. También se corrompió el "juicio" del Banco de México para determinar "la garantía requerida" para otorgar "apoyos". Y "la protección directa y expresa a los ahorradores" degeneró en el más formidable subsidio a la administración fraudulenta de banqueros y a la complicidad de hacendistas inventados y perpetuados por Salinas. El propio banco informó de la corrupción de las funciones del Fobaproa en 1994: "las autoridades financieras decidieron intervenir administrativamente a Banca Unión y Banca Cremi" y el Fobaproa "les extendió créditos mediante la compra de sus pasivos en riesgo" en medio de la mayor oscuridad y en ausencia de cualquier control legal, supervisión y aprobación por el Poder Legislativo que ordena la Constitución.

El iceberg de la gran corrupción emergió durante los periodos de Zedillo y Fox. Botones de muestra de la confusión al mayor nivel de la función pública con intereses privados.

Werner, Davis, Arrigunaga, Gil Díaz

Martín Werner fue subsecretario de Hacienda de Zedillo, con Guillermo Ortiz como secretario. Firmó el aval de los pagarés que documentaron la deuda del Fobaproa por la adquisición de la cartera de los bancos. Una vez que el IPAB asumió sus deudas y su cartera, Werner pasó a Goldman Sacks, una de las casas que se distinguió por comprar a un ínfimo valor la cartera documentada a la par por él mismo como subsecretario.

Jonathan Davis fue tesorero de la Federación con Zedillo. Junto con Werner y con la misma ilicitud, firmó el aval de los pagarés por los que el Fobaproa asumió la deuda de los banqueros de Salinas. El lugar clave para taparla con corrupción de la función bancaria y asegurar la impunidad, es precisamente la CNBV, la institución encargada de investigarla, corregirla y sancionarla. Cuando se da el extremo de que el criminal se convierta en el policía de su propia conducta, se garantiza la continuidad, profundidad e impunidad del crimen. Al entrar el gobierno de Fox el señor Davis fue designado presidente de la CNBV.

Javier Arrigunaga fue director general de Fobaproa de Zedillo. Banamex hizo un formidable negocio con su gestión. No había base legal alguna para que este banco participase de los "apoyos" de Fobaproa puesto que, en términos de la revisión Mackey, "a pesar de las devaluaciones y otras crisis económicas de 1994- 1995, logró exceder el requerimiento de la CNBV de un mínimo -de capitalización- de 8 por ciento". Pero la ilegalidad llevó a que en 1995 Fobaproa le comprase una cartera inicial por 14 mil 953 millones, y a que IPAB reportase que la deuda "inicial" de Fobaproa-IPAB con Banamex -y los activos de este banco en el fondo- fuese de 18 mil 399 millones de pesos. Como por arte de magia, la deuda y los activos prácticamente se triplicaron al momento de su imposición al IPAB en 1999, a 51 mil 478 millones.

La formidable inflación del capital de Banamex debe explicar que Arrigunaga pasase a una vicepresidencia de este banco cuando dejó el Fobaproa. No sería la más significativa del Banco de México, su gallina de los huevos de oro.

Francisco Gil Díaz fue vicegobernador del Banco de México de Zedillo en 1998 y subsecretario de Hacienda con Salinas, después de la inflación del capital de Banamex por Fobaproa pasó a la dirección de su empresa Avantel. La confusión de funciones públicas con intereses privados no quedaría allí. Vicente Fox lo designó secretario de Hacienda señalando el rumbo y el mando fundamentales de su gobierno. Lo confirmó públicamente cuando el presidente del "cambio" celebró su toma de posesión con Roberto Hernández en su isla de Punta Pájaros en el Caribe.

Fox había sugerido su rumbo cuando entregó la clave falsa del PAN -en el debate de 2000 entre candidatos presidenciales- para transparentar la nómina del Fobaproa, identificada por Mackey. Subordinó su gobierno al curso desviado sometiéndolo a los dictados de Gil sin la autorización del Congreso para inflar ulteriormente la deuda y los pagos Fobaproa-IPAB con los bancos y con Banamex en particular, y en la misma medida inflando los activos, el capital y las utilidades bancarias. Al 31 de marzo de 2004 el IPAB informó que el monto de su deuda mágica más significativa, con Banamex-Citicorp, se volvió a multiplicar para alcanzar 113 mil 576 millones de pesos, 9 mil 876 millones de dólares.

Evidentemente fue el sustento de la venta de Roberto Hernández y asociados a Citicorp a un precio formidablemente inflado, 12 mil 450 millones de dólares, en relación con su precio de privatización: 3 mil millones de dólares -que de por sí se consideraba inflado al representar 2.62 veces su valor en libros.

Cabe destacar que el precio de venta de Hernández a Citicorp fue equivalente al reportado de los 18 bancos privatizados por Salinas y a 58 por ciento del precio total de las 228 entidades privatizadas por su gobierno por conducto de la SHCP (Pedro Aspe-Guillermo Ortiz).

La venta de Banamex se acompañó del obsequio a la solicitud -de los antiguos patrones del secretario de Hacienda- de transferirles 3 mil 600 millones de dólares por concepto de exención de impuestos. El pilón del "intercambio de acciones" con Citicorp que pretextó la exención es que se diluyó en México la responsabilidad, información y escrutinio públicos de lo que era el banco nacional bandera.