"Absurda" la oposición de pobladores de SLP, dice

Pese a la sentencia en contra, Luege defiende a Minera San Xavier

ANGELICA ENCISO L.

Pese a que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) determinó que la autorización de uso de suelo condicionada que en 1999 dio el Instituto Nacional de Ecología (INE) a Minera San Xavier contravino las disposiciones jurídicas federales y, por tanto, resolvió anular el citado permiso, el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), José Luis Luege Tamargo, defendió el proyecto de la empresa canadiense y tildó de absurda la oposición comunitaria al proyecto.

En la autorización de la manifestación de impacto ambiental (MIA) de la Minera San Xavier, en San Luis Potosí, hay efectos ambientales que se pueden mitigar y es "absurdo" que la comunidad se oponga al proyecto, ya que traería grandes beneficios económicos, sostuvo Luege.

Invitó a la comunidad para que "razone un poco en que sí puede haber explotación minera que cumpla con las condicionantes ambientales; además toda acción del hombre tiene impactos ambientales y la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) busca mitigarlos al máximo".

Agregó que hay explotaciones que se pueden hacer siempre y cuando la minera se ajuste a lo que establece la MIA. "Puede haber hábitat que se afecten, pero pueden tener una extensión mayor, sin embargo en San Luis Potosí el problema es con el tráfico de ejemplares; es lo que más impacta. La minería tiene menos afectación de especies, pues se trata de un tajo de hectáreas; me parece que es algo que sí se puede hacer."

En resolución del 1Ɔ de septiembre pasado, el TFJFA emitió el cumplimiento de ejecutoria como parte del juicio de amparo 65/2004-873, presentado en 2000 por Pro San Luis Ecológico contra la autorización del INE a la minera.

Luege consideró que hay acciones de la minera "que se pueden compensar y el beneficio económico para la región es altísimo, es una generación de empleos, de riqueza, me parece absurdo que la comunidad se oponga a la explotación".

En julio pasado organizaciones, ejidatarios y el gobierno municipal de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, dieron una conferencia de prensa en esta ciudad para advertir que la empresa canadiense, con apoyo del gobierno estatal, los presionaba para que aceptaran el proyecto, a pesar de contravenir la ley ambiental.

En esos días el presidente municipal de Cerro de San Pedro, Oscar Loredo, quien autorizó la obra y ahora enfrenta una demanda por desacato de una orden judicial, señaló que los promotores de la minera pretendían obtener la autorización violando la ley, sin cumplir con las condiciones que impuso a la minera la Semarnat.

Agregó que durante 10 años los regidores habían sido amenazados y presionados para que autorizaran el proyecto y que incluso se "secuestró" la edición de La Jornada San Luis correspondiente al 18 de junio, porque ahí se difundieron las acciones de la empresa y del gobierno estatal para la autorización de la obra.

Carlos Covarrubias, representante de ejidatarios, advirtió entonces que la empresa tenía permisos ilegales de los propietarios rurales sobre los terrenos donde se prevé parte de la explotación minera y frente a ello los ejidatarios tienen cuatro amparos interpuestos en los que se determinó la suspensión de plano de las obras.