Estado y trabajadores manejarían y vigilarían los fondos de unos 2 millones de cuentas

Apuestan líderes de empleados estatales por una Afore pública

Delinean un paquete de cambios "sólo para estar preparados ante cualquier eventualidad"

FABIOLA MARTINEZ

Ante la eventual reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dirigentes de trabajadores al servicio del Estado apuestan por la creación de una administradora de fondos para el retiro (Afore) "pública" que se encargue de los recursos para poco más de 2 millones de empleados.

Esa instancia financiera sería manejada y vigilada por el Estado y una representación de los trabajadores; parte de ese fondo sería colocada en mecanismos de inversión no clasificados como de riesgo.

"Todos tendríamos que vigilarnos mutuamente para que el fondo pudiera crecer", señaló la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, Concepción Castañeda Ortiz, diputada del Partido Revolucionario Institucional.

La cúpula de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) sostiene que hasta el momento no existe iniciativa de reforma presentada en la mesa de "análisis" que sobre el particular funciona desde febrero pasado. Ahí sólo hay dos interlocutores: el líder de la FSTSE, Joel Ayala Almeida, y el enviado del titular de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

A nueve meses de que las partes se comprometieron a analizar probables cambios a la Ley del ISSSTE, los dirigentes sindicales delinean un paquete de cambios "sólo para estar preparados ante cualquier eventualidad".

El pasado martes 26 de octubre, la FSTSE difundió un manifiesto en el que ofreció detalles para la creación y función de "un órgano financiero de inversión"; incluso se refirió a la posibilidad de invertir el millonario fondo en el sector energético (habló de la explotación de gas natural en cuenca de Burgos; derivados del petróleo, carreteras de cuota, entre otras opciones).

Propuso también que el Fondo de la Vivienda del ISSSTE regrese a su función como constructor de casa habitación (actualmente funge sólo como organismo hipotecario). Todo ello, dijo Ayala Almeida, para consolidar el pago de la nómina presente y futura de los jubilados y pensionados.

En este punto en particular no hay consenso, toda vez que los dirigentes de los sindicatos del ISSSTE, del gobierno capitalino, de la Secretaría de Salud, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, del Hospital General y diversos institutos del sector salud, señalaron que es necesario "ampliar y revisar esa propuesta".

Respecto a los nuevos empleados, la FSTSE estaría de acuerdo en que el lapso de servicio se alargue de 30 (vigente) hasta 37 y 65 años de edad para obtener pensión con un mínimo de cotización de los 20 años. Los dirigentes de la FSTSE han puesto énfasis en que los derechos actuales se conservarán totalmente.

Sin embargo, de inmediato los grupos disidentes de las organizaciones referidas manifestaron su rechazo al señalar que la única alternativa para sacar al ISSSTE de la crisis por la que atraviesa sería la aportación estatal de 50 mil millones de pesos.

Castañeda opinó que cada sindicato deberá ser responsable de dirimir las diferencias internas en cada organización: "(la disidencia) se trata de un tema político propio de cada sindicato".

La legisladora insistió en que aun cuando prospere la propuesta de la "Afore pública" se requiere conservar una base solidaria y la distribución mixta con base en las cuotas de los trabajadores, las aportaciones del instituto y "una aportación del gobierno federal".

El consejo que administre los fondos, comentó, tendría que fijar los lineamientos, bases jurídicas, regulación y vigilancia, con el fin de garantizar un manejo transparente.

"Si se constituye un consejo, comité o como quiera que se le llame, tendría una representación diversa y el sindicato correspondiente vigilaría al representante de la dependencia; la FSTSE sería el garante del manejo de fondos e inversiones. Todos tendríamos que vigilarnos mutuamente y asegurar que los recursos no corran riesgo", explicó en entrevista. Por su parte, dijo, el ISSSTE "tendría que ser parte de ese comité y le correspondería garantizar el cumplimiento de la ley del instituto".

Aseveró que aun cuando se modifiquen los requisitos para el retiro de los futuros empleados, ningún afiliado (actuales y próximos) perdería prestaciones económicas porque éstas no se ubican en la ley, sino en las condiciones generales de trabajo y en la política salarial del instituto.

Por lo pronto, agregó, queda un largo camino de análisis: falta que se escuchen las propuestas de todos los sindicatos, y que la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados revise los distintos proyectos. "No creo que (la reforma) se concrete en un plazo pequeño como algunos piensan. Ahora lo más importante es luchar por que el instituto tenga un presupuesto suficiente para el año próximo... Las propuestas hasta ahora presentadas forman parte de una estrategia con el fin de estar preparados para lo que pueda venir", dijo.