Informe de la titular de la consejería, María Estela Ríos, enviado a legisladores

Estrategia jurídica impidió que el GDF erogara $380 millones en el último año

RAUL LLANOS Y GABRIELA ROMERO

La estrategia jurídica del gobierno capitalino ha permitido que en el último año se haya podido evitar el pago de al menos 380 millones de pesos por resoluciones judiciales, laudos laborales o juicios de amparo que le han sido desfavorables, revela el informe que envió la consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal, María Estela Ríos, a la Asamblea Legislativa, previo a su comparecencia de hoy.

El documento, de casi 100 cuartillas, precisa que en el caso de los juicios de amparo promovidos de septiembre de 2003 a septiembre de 2004, por particulares en contra de actos de distintas autoridades de la administración pública, hubo cuatro casos relevantes, por su monto económico (443 millones de pesos), en los que se convinieron pagos por sólo 71 millones 710 mil pesos, "lo que representó un ahorro para el Distrito Federal de más de 372 millones de pesos".

Aunado a ello, resalta la consejera que en cuanto a laudos laborales pendientes de cumplimiento se atendieron -en el periodo en mención- 27 casos de las secretarías de Salud, Gobierno, Transporte y Vialidad, y Oficialía Mayor. En esos casos el monto original condenado a pagar era de 14 millones 806 mil 420 pesos, pero por las acciones jurídicas desarrolladas se erogó finalmente un total de 5 millones 935 mil 430 pesos, que también le significó "un ahorro directo" de 8 millones 870 mil 989 pesos.

Respecto de este punto específico, el informe de la funcionaria resalta que se estableció un programa especial de atención a ese tipo de laudos, por medio de lo cual se realizó un análisis jurídico para determinar el alcance de las condenas y las dependencias a las que pertenecía.

Posteriormente, detalla, se establecieron mesas de trabajo por dependencia, poniendo énfasis en aquellas que tienen el mayor número de laudos pendientes de cumplir, con la participación de la dependencia interesada, por medio de sus áreas jurídica y administrativa, a las que la Consejería Jurídica asignó un abogado asesor encargado del seguimiento, y fue así como se definieron las estrategias jurídicas a seguir, buscando llegar a acuerdos conciliatorios con los actores para disminuir así las cantidades a pagar por el GDF.

Más adelante, en el capítulo Asuntos Relevantes, cita que tuvo especial importancia el incidente de inejecución de sentencia derivado del juicio de amparo 589/97, por la "desposesión" de un predio afectado por la construcción de la ampliación del Paseo de la Reforma en la zona de Santa Fe.

Ahí, dice el informe, el gobierno estaba condenado a pagar unos 20 millones de pesos, "y se ha firmado un convenio para el cumplimiento de la sentencia mediante el cual se hará entrega a los quejosos de 8 millones de pesos.

Agrega que otro incidente de inejecución resuelto favorablemente, que destaca por su importancia económica, es el derivado del juicio de amparo interpuesto por Angel Veraza Villanueva contra la expropiación del predio Tecaxi, donde se construyó la ENAH.

En ese asunto, menciona el texto, hubo una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar nueva sentencia, lo que llevó a que se redujera la cantidad de 177 millones 500 mil pesos a 16 millones 891 mil pesos.