El 31 de julio de 1983, la más reciente fecha en que se instaló el jurado de procedencia

Bastaron 32 días para quitar el fuero a Díaz Serrano por fraude contra Pemex

Tras entregarse ante un juez, permaneció en la cárcel el resto del sexenio de De la Madrid

JUAN BALBOA

"He venido aquí con el objeto de ponerme a su disposición, de limpiar mi nombre y mostrar mi inocencia; estoy a sus órdenes, señor juez". Esas fueron las palabras que el entonces senador y ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Jorge Díaz Serrano pronunció al entregarse voluntariamente ante el juez noveno de distrito, Jorge Reyes Tayabas, cuatro horas después de ser desaforado.

Así lo registran en sus páginas los principales diarios el 31 de julio de 1983. Esta fue la más reciente ocasión en que la Cámara de Diputados se erigió en jurado de procedencia para desaforar a un legislador. Eran los inicios del gobierno de Miguel de la Madrid. Se dejaba sentir todo el peso del Estado contra el que fue considerado el segundo hombre más poderoso en el gobierno de José López Portillo.

En tan sólo 32 días (del 29 de junio al 30 de julio) la Cámara de Diputados, integrada mayoritariamente por legisladores del PRI, aprobó el desafuero del entonces senador por Sonora. Todo el proceso se derivó de una decisión presidencial -ese es el registro que hicieron la mayoría de los periódicos- y pudo transitar sin cortapisas porque el jefe del Ejecutivo activó el aparato de Estado, y las fracciones legislativas de los partidos Socialista Unificado de México (PSUM) y Acción Nacional (PAN) no se opusieron.

El ex director de Pemex fue víctima de fuego cruzado: de un lado, el Poder Ejecutivo, con la anuencia del Legislativo y, por otro, la campaña mediática de los principales diarios mexicanos, con pocas excepciones, en contra del político más cercano al ex presidente José López Portillo.

La prensa ante el desafuero

La última quincena de junio de 1983 todos los diarios, sin excepción, mantenían su atención en el Grupo Contadora, que habría de reunirse en la ciudad de Cancún para tratar de aliviar el enfrentamiento bélico en América Central. El 22 de junio de ese año, el senador Díaz Serrano publicó en un diario de circulación nacional un artículo sobre la democracia en México. El 29 de junio el legislador volvía a aparecer en las planas de opinión con otra publicación sobre la inversión, pero desconocía que el mismo día (28 de junio de 1983) que entregó su artículo, la Procuraduría General de la República (PGR) anunciaba que, con base en la denuncia presentada por la Contraloría General de la Federación, solicitaba al Congreso de la Unión su desafuero para ejercitar acción penal en su contra por ser presunto responsable de un fraude contra Petróleos Mexicanos.

Todos los diarios de circulación nacional dieron a conocer la noticia: "Acusa la PGR a Díaz Serrano de fraude por 5,100 millones". La información de los medios se basaba, exclusivamente, en un documento oficial, el mismo que la PGR entregó en sesión secreta a la Comisión Permanente de la 52 Legislatura.

La mayoría de los periódicos se mantuvo en una sola línea editorial: criticaron la labor del ex director de Pemex y expresaron su satisfacción por el proceso de desafuero del entonces senador por Sonora. En la opinión periodística había grandes contrastes: mientras el destacado columnista Manuel Buendía formulaba una crítica virulenta -"jefe de una banda de estafadores", le llamaba-, el escritor Fernando Benítez defendía a quien consideraba su amigo.

En los primeros días sólo un diario publicó un editorial y un artículo haciendo referencia a la ruptura del presidente Miguel de la Madrid con su antecesor, José López Portillo. Señalaba con rigor: "Si hubiera que reunir en tres palabras el afán político del gobierno lamadridiano, los emisarios del pasado quizá estarían de acuerdo en que el rasgo dominante es la voluntad de romper con lo de antes..."

Todo el proceso de desafuero en contra del también ex embajador en la hoy desaparecida Unión Soviética transitó con una rapidez sorprendente por todas las etapas procesales. En nueve días las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia determinaron que procedía el requerimiento de remoción del fuero constitucional del senador.

El actual procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, jugó un papel importante en el proceso, primero porque formaba parte de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales; segundo, porque era el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN.

En un artículo publicado en La Jornada el 2 de abril de 2000, Bátiz recuerda así su participación:

"...Me correspondió entonces, como integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, analizar el expediente junto con los demás integrantes de esa comisión y con los de la de Justicia, y no me quedó duda: de la documentación aportada por la procuraduría se desprendían elementos que hacían probable la responsabilidad del acusado; ciertamente la Cámara no juzgó si éste era o no culpable, únicamente determinó si había elementos suficientes para sujetarlo al proceso penal."

El proceso de desafuero de Díaz Serrano fue el tema principal en los medios de comunicación. Las declaraciones de los priístas versaban sobre lo mismo. Miguel González Avelar y Humberto Lugo Gil, los hombres del PRI que controlaban las dos cámaras, aparecían cotidianamente haciendo planteamientos que muchas veces no correspondían a la realidad política que se estaba viviendo: "El proceso se conduce con estricto apego a derecho y sin prisa"

Los medios impresos publicaban otra versión. Destacaban, por ejemplo, que el proceso sucedía a gran velocidad: sólo tres días para defenderse ante la sección instructora; sus dos testigos claves, Antonio Montes de Oca y Agustín Straffon Ortega, simplemente no acudieron a comparecer, argumentando problemas laborales; fueron desechadas todas las pruebas periciales presentadas por el ex funcionario y en tan sólo 32 días le fue retirado el fuero constitucional.

Las crónicas periodísticas destacan el hecho de que minutos antes de que los 364 legisladores (no asistieron 36 diputados), por unanimidad, le quitaran el fuero, Díaz Serrano subió a la tribuna de la Cámara de Diputados para hacer su defensa. Sabía que sería desaforado y detenido por elementos de la Policía Judicial Federal al mando de Florentino Ventura. Tenía conocimiento que el propio procurador general de la República, Sergio García Ramírez, se encontraba en el recinto legislativo.

El ex director de Pemex mantuvo su alegada inocencia y cuestionó todo el juicio; insistió en que se violó la Constitución en el juicio de procedencia; sostuvo hasta el final que no había pruebas ciertas de su responsabilidad y calificó de "dudosa veracidad" las versiones de los testigos y versiones que tomó en cuenta la PGR.

Los registros de los diarios confirman que Díaz Serrano no fue detenido en el Congreso de la Unión. En su automóvil se dirigió, seguido por Florentino Ventura, a su casa en Lomas de Chapultepec. Hizo su maleta, buscó algunos libros y marchó a entregarse al juez noveno de distrito, Jorge Reyes Tayabas. "Estoy a sus órdenes", dijo al presentarse ante el juzgador, según escribieron varios periodistas.

A las 20:50 horas del 30 de julio de 1983 traspasaba la puerta del Reclusorio Sur. Con el número 66/83 se libró la orden de aprehensión en contra del ingeniero Jorge Díaz Serrano por la presunta responsabilidad de fraude contra Petróleos Mexicanos. Todo el resto del sexenio de Miguel de la Madrid lo pasó en la cárcel.