Sigue el priísta Aldana, dicen diputados de PRD y PT

En febrero o marzo de 2005, el dictamen sobre López Obrador

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

El proceso de juicio de desafuero contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, continúa en su etapa de desahogo de pruebas, que concluirá el 23 de noviembre con la presentación, ante los peritos de la defensa y la parte acusatoria, de las documentales que permitirán a la sección instructora elaborar el dictamen, cuya conclusión se prevé para febrero o marzo del próximo año.

Tanto López Obrador como la fiscalía de la Procuraduría General de la República (PGR) tienen derecho a ampliar 30 días dicho periodo, además de los días legalmente previstos para iniciar el proceso de alegatos.

Diputados de PRD y PT señalaron que, una vez desahogado el juicio de desafuero contra René Bejarano, exigirán al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, que ordene a la comisión jurisdiccional enviar el dictamen de desafuero del senador del PRI y tesorero del sindicato de Pemex, Ricardo Aldana, para continuar con el proceso.

''Si en efecto el presidente de la mesa está comprometido con la legalidad, no podrá repetir la chicanada que cometió al inicio de la legislatura su antecesor, Juan de Dios Castro, de enviar el dictamen a la congeladora. Si Beltrones, el PRI y los panistas tienen pudor político tendrán que medir con la misma vara la corrupción que impera en esos partidos'', sostuvo el diputado perredista Gerardo Ulloa Pérez.

Dentro del proceso de desafuero que se sigue a López Obrador, el 30 de septiembre pasado la sección instructora recibió de la PGR una maqueta y fotografías aéreas del predio El Encino, con las que el Ministerio Público Federal pretende demostrar que se desacató la suspensión ordenada por un juez en el juicio de amparo para detener la construcción de una calle de acceso al hospital ABC.

Hace dos semanas esa instancia legislativa cumplió con el trámite legal de tomar protesta a los peritos de ambas partes -de la UNAM, por López Obrador, y del IPN, nombrados por la PGR-, que tendrán como tarea principal la inspección del terreno en Santa Fe.