Antonio Ortiz

El miedo a la cultura

Dejando a un lado los lamentables y numerosos errores gramaticales y de sintaxis en la exposición de motivos del diputado panista José Antonio Cabello Gil para presentar la iniciativa de ''Ley que crea (?) el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes", son tan afortunadas algunas de las frases que contiene esta exposición que bien valdría la pena que nuestros actuales diputados las hicieran realmente suyas; como aquella de: ''(...) quienes formamos parte del Estado debemos poseer una vocación de servicio a nuestra sociedad, siempre en búsqueda del bien colectivo.", concepto del que si fuesen conscientes, incluidos los del PAN, todos nuestros legisladores y servidores públicos (que más bien parecieran enarbolar el de ''búsqueda del bien personal"), otra sería nuestra actual historia, caracterizada por un innegable divorcio entre los poderes de la Unión, por un lado, y la sociedad civil al otro extremo, cuando supuestamente todo el aparato gubernamental se debería encontrar al servicio, por no decir a los pies, de la sociedad civil.

En la misma exposición de motivos en la que se ponderan las ''cualidades" de este proyecto de ley se habla de un CNCA ¡autónomo! Sin embargo, después de una cuidadosa revisión de todos los artículos de dicha ley, esta ''autonomía" se desvanece por completo:

¿Qué autonomía puede tener el CNCA si su Junta Directiva, y máximo órgano de gobierno que decidirá la política cultural a seguir, está formada por subsecretarios de Gobernación, Hacienda, Turismo y Educación Pública (SEP), entre otros, además del secretario ejecutivo (presidente del CNCA), quien, por cierto, únicamente tiene voz y no voto en esta junta, además de que es nombrado directamente por el presidente de la República?

¿Qué autonomía puede tener si el Consejo Ciudadano (que propone insertar esta ley en el organigrama de CNCA y que estaría formado por no más de 20 miembros de la comunidad cultural, que únicamente podrán opinar o asesorar y nunca decidir política cultural alguna) es nombrado precisamente por la misma Junta Directiva? De hecho, pareciera que su inserción tiene el único objetivo de utilizarla para ''validar moralmente" la política cultural que defina la Junta Directiva.

Realmente, esta iniciativa de ley presentada por el PAN no dista mucho de la que hasta hoy ha circulado por Internet* como borrador de la que próximamente ''presentará" Sari Bermúdez.

La de Acción Nacional resulta ser más vaga en muchos conceptos, aunque acota el ''poder" absoluto del secretario ejecutivo que le confiere la de Sari.

Ambas iniciativas de ley se caracterizan por asignarle al CNCA una estructura de toma de decisiones sumamente vertical y en la que se le niega cualquier participación en la toma de decisiones a la comunidad cultural y a la sociedad civil, participación que durante décadas se ha reclamado.

En ambas nunca se dice lo que se entiende por cultura y tampoco se menciona la obligación de que el Estado le destine un porcentaje ''equis" del PIB (producto interno bruto) para el desarrollo, conservación y difusión de la cultura.

En estas dos ''iniciativas" también se hace hincapié en el apoyo presupuestal a las llamadas industrias culturales bajo la premisa presidencial de que ''(...) hay que hacer de la cultura una industria redituable en términos económicos".

Igualmente, el interés de estas dos leyes en ''sacar" al CNCA de la SEP se entiende como un síntoma de un problema aún mayor: el nauseabundo estado lamentable de corrupción, despotismo, falta de interés, desorganización y falta de ''una" política educativa de la Secretaría de Educación Pública.

Aún faltarán por venir las propuestas del PRD, PRI, PT y PVEM, si es que les da tiempo de redactarlas o si les interesa la cultura, pero lo cierto es que mientras todas estas iniciativas no cuenten con la participación abierta de la comunidad cultural en su concepción, elaboración y redacción, únicamente servirán para acelerar esta lenta y desastrosa descomposición del Estado mexicano en su conjunto.

Es patético, e incluso de mal gusto, que una ley que pretenda desarrollar, preservar y difundir nuestra cultura para ''el bien común" resulte un engendro más, fruto de la rebatinga y la lucha pendenciera de los diversos partidos políticos; cuando debería ser una ley que sirviese de modelo, en todos sus sentidos, para la elaboración de cualquiera otra por venir en relación con los demás ámbitos de la administración pública.

La elaboración de una ley sobre cultura debe de estar, por lo menos, a la altura de los ampliamente reconocidos logros intelectuales que los diversos miembros de nuestra comunidad cultural han alcanzado.

Si dos de los diagnósticos fundamentales de la comunidad cultural son que el órgano que dicte y ponga en práctica la política cultural sea autónomo, y que proporcione continuidad a un proyecto de cultura nacional, ¿por qué no hacer abiertamente partícipe, desde su génesis, precisamente a esta comunidad cultural?

¿Por qué no verdaderamente convocar y dejar en manos de la comunidad cultural la elaboración de esta ley?

¿Por qué ahora el miedo a la ciudadanización del Estado mexicano, cuando éste fue el principal lema de campaña de nuestro actual Presidente?

* Ambas propuestas pueden consultarse en www.geocities.com/pulsion66/conaculta/