René Drucker Colín

Reflexiones sobre "el cambio"

Esta por terminar otro año y resulta que todos, o digamos casi todos, quisiéramos que se acelerara el tiempo para que el gobierno del "cambio" cambiara por otro, pues éste no cambió nada; bueno, falso, prácticamente todo está peor que antes del cambio. Creo que fue Rousseau quien señaló que nada es más peligroso que la influencia de los intereses privados en los asuntos públicos, y en este gobierno del "cambio" quizás esto fue lo que más ha ocurrido.

Y no es que los intereses privados deban desaparecer, todo lo contrario: hay que fomentarlos, pero lo que no deben es mezclarse con los asuntos públicos y ciertamente no afectarlos para beneficios privados. En este sentido me parece que en lo que va de este sexenio se ha mostrado una tendencia hacia implantar, quizás tímidamente, una serie de estrategias que van en la dirección de favorecer la idea de que la salud, la educación superior y la ciencia deben ser bienes privados y no bienes públicos. Esto significaría que el Estado mexicano dejaría poco a poco de tener la responsabilidad de ocuparse de estos rubros, no sé si en su totalidad, pero ciertamente en gran parte de ellos. El modelo desde luego es el modelo gringo, donde la salud y la educación superior a todos les cuesta y un buen de dólares.

El caso de la ciencia es un poco diferente, pues el gobierno invierte un buen presupuesto en esta actividad dado que es estratégica (asunto que en nuestro país ningún gobierno ha querido entender bien). Desde luego, en Estados Unidos y otros países hay gran cantidad de inversión privada en ciencia y ésta es la que finalmente hace que los países sean competitivos económicamente. Sin embargo, hay que señalar que el conocimiento nuevo (generado por los científicos de universidades y centros de investigación) debe ser y preservarse como un bien público. Desde luego aquellas empresas que aprovechen ese conocimiento e inviertan capital de riesgo para generar nuevas tecnologías e insumos claro que tienen todo el derecho, y eso hay que protegerlo, de usar eso para fines privados. Pero esto finalmente redunda en beneficio público, pues estas empresas pueden crear nuevos empleos mejor remunerados y riqueza para el país. Desafortunadamente en México hay muy pocas empresas productivas grandes o medianas que desarrollen nuevas tecnologías, y es razón por la cual estamos tan abajo en la lista de competitividad.

A principios de este sexenio se logró una ley que permite a empresas quedar exentas de 30 por ciento de impuestos sobre el gasto que origine un proyecto de desarrollo tecnológico. Esta estrategia es realmente excelente, pues representa un incentivo fiscal a las empresas para que logren ser precisamente lo que se desea: más competitivas. A la fecha se han exentado cerca de mil 500 millones de pesos. O sea, Hacienda ha dejado de percibir esa cantidad de dinero bajo el supuesto que esto promoverá un desarrollo empresarial, que a la larga se reflejará en mayores ingresos para Hacienda, pues las empresas generarán nuevos empleos al volverse más eficientes y productivas.

Bueno, ésa es la teoría y habrá que ver en el futuro cuál ha sido el resultado de esta estrategia. Para esto se requiere, desde luego, un seguimiento muy cercano y muy constante de las empresas beneficiadas, pero más que nada tiene que hacerse una selección muy cuidadosa de los proyectos a través de los cuales se otorgan esos beneficios fiscales, porque si no el proceso simplemente se volvería un mecanismo para que las empresas evadan más sus impuestos.

Por lo pronto no se ve mucha claridad respecto de todo este proceso, pues, aparte del listado de las empresas beneficiadas, no se puede obtener información sobre los proyectos. Se entiende que deben estar protegidos por el secreto industrial, pero se podría informar de manera general sobre ellos. Si todo este proceso no se hace bien y con información accesible, simplemente se convertirá en otra bola de humo para que el gobierno pueda presumir sobre otro asunto que en el fondo no funciona como debería ser.

Todo esto, sin embargo, no debe distraernos de la responsabilidad del Estado mexicano de financiar apropiadamente la actividad científica, y en los últimos días hemos constatado cómo los diputados de diferentes fracciones políticas se han sumado y casi llegado a un punto de acuerdo en el que se pretende resarcir a la ciencia lo que el Estado le ha querido quitar, e inclusive hasta darle un pequeño, pero significativo aumento. Es de agradecerse este esfuerzo y esperemos que, cuando finalmente se apruebe el presupuesto, los científicos del país podamos tener un respiro, que parece que el gobierno del "cambio" nunca quiso que tuviéramos. A lo mejor la estrategia del gobierno del "cambio" era empeorar.