El gobierno acata sus resoluciones ''sin regateos de ninguna especie'', dice a magistrados

Plena autonomía e independencia de jueces: Fox; abogados lo niegan

El orden constitucional, resguardado por tribunales

Valle de Bravo, 1º de noviembre. Ante los asistentes a la reunión anual de la Unión Internacional de Magistrados, el Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, aseguró que su gobierno invariablemente acata las resoluciones judiciales ''sin regateos de ninguna especie''.

Subrayó que ''en México hemos aprendido que la defensa efectiva del orden constitucional depende siempre del nivel de autonomía de los órganos jurisdiccionales, y también depende de la independencia de las y los juzgadores''.

Durante su discurso, Fox aludió al esquema de división de poderes que rige en México, país ''en el que la separación de poderes opera plenamente y donde el poder público se ejerce compartiendo responsabilidades. Quedaron atrás los tiempos del presidencialismo absoluto. La acción del Ejecutivo se encuentra acotada por la Constitución''.

Dijo que otro de los cambios que se ha observado en el país es que la práctica parlamentaria ha permitido avanzar en la solución de los problemas nacionales de manera compartida. ''En el ámbito jurisdiccional, el orden constitucional es resguardado por los tribunales, cuyas resoluciones son acatadas de inmediato por mi administración.''

Fox Quesada inauguró la 40 reunión de los magistrados -provenientes de 65 países-, a quienes expuso la iniciativa de reformas que en materia de seguridad pública y procuración de justicia envió al Congreso de la Unión, convencido de que su gobierno es sensible a la exigencia ciudadana en este ámbito.

La iniciativa -precisó- contempla la articulación de una policía que en las condiciones actuales tiene responsabilidades que se encuentran dispersas. Esta reforma permitirá que ''la autoridad de todos los niveles y órdenes tengamos mayor capacidad de investigar, de detener y presentar ante el juez para lograr combatir los delitos''.

Destacó que parte del contenido de la reforma se refiere a la modificación en los juicios penales, con el objeto de hacerlos orales y que tengan menor duración, lo que supondrá mayor transparencia en el ejercicio de la administración de justicia.

Al explicar a los magistrados los alcances de la iniciativa de reforma, Fox destacó que se busca alcanzar un ''modelo de justicia restaurativa en la cual la víctima y sus derechos deben ser el vértice de la justicia penal''.

Dijo que el proyecto de reformas, enviado al Congreso en marzo pasado, también prevé la existencia de un servicio civil de carrera para todos los cuerpos policiacos en los diversos niveles de gobierno, desde el municipal, el estatal y el federal. Mencionó que la propuesta considera la necesidad de reparar el daño causado por los delincuentes a las víctimas del delito, así como una más adecuada atención a esta última. En este sentido destacó la importancia de que en la reunión de magistrados se incluyera como parte de los temas a discusión, el análisis de un esquema de justicia reparadora y reivindicadora de la posición de la víctima en el derecho penal.

Aún se actúa por consigna o bajo presiones, señalan

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Abogados litigantes rechazaron la postura adoptada ayer por el presidente Vicente Fox, respecto de que en México existe plena libertad e independencia en la labor de los jueces, magistrados y ministros, pues indicaron que en casos ''escabrosos'' o de ''narcotráfico'' que le interesan al gobierno federal, la Procuraduría General de la República (PGR) ''utiliza a los medios de comunicación para que la sociedad considere a los jueces como corresponsables de la impunidad, cuando su labor (de los juzgadores) no es perseguir delincuentes, sino verificar que se cumplan los derechos de las partes involucradas en un juicio''.

El titular del Ejecutivo federal aseguró ayer, durante la inauguración de la 47 reunión anual de la Unión Internacional de Magistrados, que en lo que va de su administración las resoluciones judiciales son acatadas ''sin regateos'', puesto que en México se ha aprendido que la defensa del orden constitucional depende del nivel de autonomía e independencia de los juzgadores.

''Burocracia judicial''

Entrevistados por separado, los litigantes consultados por este diario coincidieron en que aún se dan casos de impartidores de justicia ''que reciben consigna'' o se dejan presionar por autoridades gubernamentales, básicamente porque buscan ''hacer carrera judicial'' y ''aspirar a mejores cargos''.

Los abogados refirieron que no puede hablarse de autonomía en los órganos jurisdiccionales del país debido a que en cualquier tipo de juicio (ya sea penal, civil, laboral o mercantil) los juzgadores dan mayor credibilidad al Ministerio Público Federal que a los defensores legales, a pesar de que en muchos casos la primera en mentir o en inventar testigos o cargos es la propia PGR.

El penalista Alberto Bazbaz Sacal, quien ha defendido a Raúl Salinas de Gortari, consideró que cuando la procuraduría federal tiene interés en un asunto emite boletines oficiales para que los medios de comunicación lo den a conocer, ''y eso evidentemente genera presiones en aquellos jueces que todavía no conocen cuál es su función''.

Agregó que la Procuraduría General de la República tiene todo el derecho de acudir a los jueces y alegar sus asuntos frente a ellos. ''Ahora que si los jueces se sienten presionados... eso tiene que ver con la mentalidad del juzgador; si sienten presión es porque se dejan presionar. (Sin embargo), la diferencia entre los abogados defensores y la procuraduría es que las manifestaciones que realiza el Ministerio Público normalmente se dan por ciertas, y lo que decimos los defensores casi siempre lo dan por mentira los juzgadores.''

Por su parte, el abogado Xavier Olea Peláez, quien representa legalmente a la actriz Michel Vieth, refirió que si bien en lo que va del sexenio ha habido un avance en el Poder Judicial Federal, en el sentido de que hay cierta autonomía en los órganos jurisdiccionales, ''desafortunadamente en algunos casos jueces y magistrados adivinan consignas inexistentes''.

Precisó que ''en los asuntos difíciles o escabrosos -como en casos de narcotraficantes-, en los que los juzgadores fallan a favor de la procuraduría aun cuando no hay elementos jurídicos suficientes, el temor de los funcionarios judiciales recae en que piensan que de fallar en favor del inculpado alguna autoridad superior podría iniciar sanciones (administrativas o penales) en su contra. Todos los jueces buscan que les confirmen sus sentencias (en segunda instancia) para que a corto o mediano plazos los hagan magistrados, situación que califico de burocracia judicial''.

El caso de los ciudadanos vascos, ilustrativo, señala Bárbara Zamora

A su vez, la penalista Bárbara Zamora, defensora de los seis ciudadanos vascos presos en el Reclusorio Preventivo Norte, con fines de extradición a España, aseguró que el presidente Vicente Fox ''mintió al hablar de independencia de los jueces'', ya que en el caso de los vascos ''hemos comprobado que varios jueces y hasta magistrados actúan al servicio del gobierno federal''.

Añadió que los impartidores de justicia se dejan intimidar con facilidad por la PGR, tanto por sus aspiraciones profesionales como por el hecho de que en México existe un sistema ''precario y limitado'' para designar a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.