Comentarios a esta sección

México D.F. Miércoles 27 de octubre de 2004

El anuncio de la restructuración de las cuatro líneas aéreas que maneja Concesiones de Infraestructura de Transporte (Cintra) en dos grupos (uno formado por Mexicana y Aeroméxico, y otro por Aerocaribe y Aerolitoral), con vistas a su venta a inversionistas privados pone en el interés de la opinión púiblica, de nueva cuenta, la perversidad depredadora del modelo económico aún vigente. Al igual que los bancos, las autopistas y los ingenios, las aerolíneas nacionales fueron "desincorporadas" con los argumentos de que el Estado tenía que adelgazar, que el gobierno es un administrador corrupto e ineficiente por naturaleza y que los recursos procedentes de las ventas serían invertidos en el combate a la pobreza. Esta no se redujo de manera apreciable, el Estado perdió un instrumento fundamental en el ejercicio de la soberanía nacional y una fuente de ingresos, y los compradores de las líneas aéreas las llevaron muy pronto a una situación financiera insostenible, al igual que lo ocurrido con las instituciones financieras y las carreteras concesionadas. Para evitar la quiebra de las dos principales compañías de aviación se creó Cintra en 1995, y cuatro años más tarde el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), con 52 por ciento de las acciones de esa empresa, tomó su control.

De entonces a la fecha las arcas públicas han venido manteniendo a flote la industria aeronáutica nacional, afectada por los enormes pasivos originados en la crisis de 1994-1995 y, posteriormente, por la brutal caída mundial del mercado del transporte aéreo, causada por los atentados del 11 de septiembre de 2001 y las consiguientes políticas "antiterroristas" impuestas a aeropuertos, aerolíneas y pasajeros por el gobierno estadunidense y sus aliados. En ese lapso, y a expensas de los contribuyentes, Cintra se ha expandido y hoy constituye un conglomerado de aerolíneas, una compañía de carga aérea, una empresa de apoyo terrestre, un centro de reservaciones, un centro de capacitación y una firma de reparación y mantenimiento de turbinas. El consorcio moviliza 80 por ciento del transporte aéreo nacional, cuenta con una flota de 129 aviones y da trabajo a más de 13 mil personas. Tras varios años consecutivos de experimentar pérdidas, en el tercer trimestre de 2004 el consorcio obtuvo, por primera vez, una utilidad neta de casi mil 500 millones de pesos.

Así pues, una vez que se ha inyectado dinero público a manos llenas en restructuración, mantuención y amortización de pérdidas de la compañía, ahora se proyecta su traspaso a inversionistas privados.

La concepción de la operación, desde el rescate hasta la venta -propuesta para el año entrante- constituye ejemplo claro de cómo este gobierno, al igual que sus antecesores, ha venido socializando los pasivos y privatizando los activos, y ha proseguido en la aplicación de la receta ortodoxa de liquidar toda empresa en manos del Estado que demuestre ser viable. En un contexto de aguda escasez de recursos, el zedillismo y el foxismo subsidiaron las líneas aéreas hasta que éstas dieron signos de que podían ser rentables. Ahora, en vez de proponer la constitución de una o varias entidades paraestatales que aporten recursos al fisco, otorguen al Estado un instrumento de soberanía y se conviertan en instrumento gubernamental para incidir en una economía a la deriva y regulada sólo por la ley de la selva, es decir, por las fuerzas del mercado en completo libertinaje, el gobierno se empecina en vender ese patrimonio de todos los mexicanos. Si la adquisicón de las líneas aéras quebradas le fue impuesta a la sociedad en el marco del "rescate" bancario zedillista, hoy el foxismo se apresta a imponer su desincorporación, una vez que tales empresas han sido saneadas. Está a punto de consumarse, de esta forma, un nuevo saqueo de las arcas públicas.