Rezago en resarcir garantías a afectados: Alvarez Icaza

Se comercia con la reparación del daño a víctimas: Laurell

SUSANA GONZALEZ G.

Los niños que no tienen derecho a la educación y las miles de personas que viven en pobreza sufren un daño que debe ser reivindicado, advirtió la secretaria de Salud del gobierno capitalino, Assa Cristina Laurell, al participar en el seminario organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) sobre la reparación del daño a las víctimas, inaugurado ayer.

La funcionaria lamentó que dicho tema se haya comercializado y mercantilizado tanto que ya es "objeto de un jugoso negocio de abogados sin escrúpulos y aseguradoras" que tratan de buscar el mayor provecho en términos monetarios ante supuestos casos de negligencia médica, por lo que propuso que se le ubique en el terreno de la redignificación de la persona y no únicamente en el ámbito jurídico.

"Las víctimas no deben pagar las consecuencias del crimen que sufrieron, debe verse cómo se les puede reparar el daño que sufrieron", expuso. Lamentó que, por ejemplo, en el ámbito laboral exista una cotización del cuerpo humano, porque no se pide lo mismo cuando se pierde un brazo o se sufre una violación sexual que cuando alguien queda marcado con una cicatriz en la cara.

Por su parte, Emilio Alvarez Icaza, presidente de la CDHDF, dijo que aun cuando desde hace años existe una amplia gama de instrumentos internacionales para garantizar la reparación del daño a las víctimas, tanto de delitos como de violaciones a sus derechos humanos, por parte de autoridades, "en nuestro país todavía es escasa su aplicación para la parte ofendida, sobre todo cuando el responsable de esta agresión ha sido el Estado".

Insistió en que debe vencerse la creencia de que cuando se menciona que un funcionario violó derechos humanos se ataca políticamente al gobierno y, por ello, éste se resiste a reconocerlo.

La reparación del daño es uno de los temas que más trabajo ha costado a la CDHDF en las recomendaciones que ha emitido a las diferentes instancias del gobierno capitalino, porque no se ha encontrado la receptividad que se hubiera esperado, e incluso en algunos casos han sido rechazadas, refirió.

Si bien dijo que en algunos casos se ha avanzado en el tema, e incluso se han sentado precedentes importantes, como ocurre en las secretarías de Salud, Seguridad Pública y de Gobierno, Alvarez Icaza señaló a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) como la dependencia que más reservas ha mostrado al respecto.

Cuando se comete una violación a los derechos humanos, dijo el ombudsman, ocurre una transgresión de las obligaciones del Estado y ello genera nuevas obligaciones para éste, pues está obligado a investigar tal abuso, someter a los responsables a un proceso justo y eficaz e imponerles un castigo apropiado.

En cuanto a la víctima, indicó, el Estado debe ofrecer una reparación adecuada, que incluya indemnización, rehabilitación, restitución, satisfacción y las medidas para garantizar que no se repetirá lo ocurrido.

Al seminario fueron invitados los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, y de la PGJDF, Bernardo Bátiz, pero enviaron en su representación al subsecretario Manuel Mondragón y a la subprocuradora jurídica, Margarita Espino, respectivamente.