Argumentan que fueron violadas sus garantías al grabar conversaciones telefónicas

Diputados del PRD piden a la CNDH ser considerados perseguidos políticos

Ante la expedición de citatorios por la PGR, acuerdan entablar defensa conjunta

GABRIELA ROMERO Y RAUL LLANOS

Durante una hora, tres visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se reunieron con los diputados locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Alejandra Barrales y Carlos Reyes Gámiz con el fin de conocer las razones por las que solicitaron la intervención de este órgano en el caso del espionaje telefónico.

Tal como se había acordado el viernes pasado, los visitadores Gonzalo Romero, Rodolfo Rueda y Antonio Vásquez llegaron al recinto de Donceles y Allende pasadas las 10 de la mañana para conocer de voz de los dos diputados las razones por las que interpusieron la queja ante la comisión nacional.

Barrales explicó que solicitaron a los visitadores considerarlos como "perseguidos políticos", ya que son grabadas sus conversaciones telefónicas sin autorización, violando con ello sus garantías individuales.

"Los visitadores regresarán el 3 de noviembre, nuestro compromiso es entregar una carpeta con el material que sustenta nuestra queja, entre el cual están copias de los diarios en los que se transcribieron nuestras conversaciones telefónicas, así como de los videos transmitidos en distintos noticiarios sin nuestro consentimiento", señaló la vocera de la fracción perredista.

Por su parte, el coordinador del sol azteca en la ALDF, Carlos Reyes Gámiz, comentó que se solicitó a los visitadores conocer de las denuncias que la Cámara de Diputados interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la toma de la tribuna y de la que ellos presentaron ante la procuraduría capitalina por el delito de espionaje telefónico.

Por otra parte, al inicio de la sesión ordinaria de la ALDF trascendió que la PGR ya había girado citatorios contra los diputados locales y militantes del PRD que participaron en la toma de la tribuna de San Lázaro.

Una vez que se confirmó la versión, el legislador Alfredo Hernández Raigosa señaló que la fracción había acordado hacer una defensa conjunta, en la que se incluirá a los militantes, por lo que se contrató un despacho de abogados, cuyos honorarios serán pagados con recursos de la fracción.

Reyes Gámiz aseveró que de ninguna manera se configura el delito de sedición y motín, por lo que la PGR no tiene elementos para solicitar su desafuero ni consignar a los militantes que participaron en esta acción de defensa de los capitalinos. Ratificó que se hará una defensa conjunta y el despacho encargado será el de René Paz Orta.