Anula permiso que concedió el INE; no se ajustó a las leyes en materia ambiental, afirma

Fallo judicial frena proyecto de Minera San Xavier, en SLP

También se apoyó en plan que consideraba a Cerro de San Pedro zona de restauración de vida silvestre

LA JORNADA SAN LUIS

San Luis Potosi, SLP, 26 de octubre. El pleno de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) -antes Tribunal Fiscal de ls Federación- determinó que la autorización de uso de suelo condicionada que en 1999 dio el Instituto Nacional de Ecología (INE) a la canadiense Minera San Xavier, contravino las disposiciones jurídicas federales y, por tanto, resolvió anular el citado permiso.

En una resolución fechada el primero de septiembre pasado, el TFJFA emitió el cumplimiento de ejecutoria como parte del juicio de amparo 65/2004-873, presentado en 2000 por Pro San Luis Ecológico en contra de la autorización del INE a la minera.

Pro San Luis Ecológico forma parte de una alianza de diversos organismos que se oponen al establecimiento de la minera en Cerro de San Pedro, municipio ubicado a 18 kilómetros de esta capital.

El dictamen determinó que la autorización otorgada a la minera no fue emitida conforme a las disposiciones legales aplicables en materia ambiental, como ha documentado el escritor Carlos Montemayor en las páginas de La Jornada.

Para llegar a este fallo, el tribunal consideró que el mismo INE reconoció la existencia de especies animales y vegetales "de lento desplazamiento" y con diferentes grados de protección en las entre 300 y 470 hectáreas previstas para el proyecto minero en Cerro de San Pedro. Resalta también la confusión existente en los términos "reubicar" y "reacomodar" que utiliza el INE en la resolución, refiriéndose a las especies animales y vegetales que pueden ser reubicadas.

Entre otros animales, el documento señala el gavilán cola roja, la tortuga del desierto y las serpientes de cascabel, chirrionera y alicante.

Otra consideración que tomó en cuenta el órgano judicial es que en la autorización, el INE adjudica a la minera la responsabilidad de cualquier ilícito en materia de impacto ambiental, pero el mismo INE reconocía que "cualquier sanción impuesta sería irrelevante ante el daño irreversible que se ocasionaría a la zona".

También expresa que, ante las dimensiones del proyecto, las características de la fauna y flora del sitio y los "materiales altamente contaminantes" que se utiliza-rían, la minera necesitaba una manifestación de impacto ambiental específica, y no general, que fue la que presentó la empresa.

El fallo indica que las admisiones del INE violentaban la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que adjudica la responsabilidad de la preservación y regeneración ambiental a la autoridad federal en la materia.

El tribunal desestimó el programa de atención y riesgos establecido en el permiso del INE, con el argumento de que un derrame de la solución de cianuro "ocasionaría daños irreversibles al suelo".

Otro documento en el que se apoyó el TFJFA es el Plan de ordenación de San Luis Potosí y su zona conurbada, emitido por el gobierno estatal en 1993, que incluía a Cerro de San Pedro en la zona de restauración de vida silvestre en un periodo de 20 años. La autoridad judicial determinó que ese plazo no se ha vencido ni se han cumplido los objetivos del plan establecidos para el municipio.

El cambio de uso de suelo, destaca el fallo, "pondría en peligro la biodiversidad de la zona, por lo que no debió autorizarse".

En la parte final del fallo, el tribunal determina que la autorización del INE "se otorgó contraviniendo las disposiciones jurídicas federales y específicas" por lo que considera procedente declarar la nulidad de la resolución". La sentencia recibió siete votos a favor, tres en contra y dos abstenciones del pleno del tribunal.

Contradice las políticas de Fox, arguye

El resolutivo está plagado de anomalías, según la compañía

LA JORNADA SAN LUIS CORRESPONSAL

San Luis Potosi, SLP., 26 de octubre. La compañía Minera San Xavier reconoció que el fallo que anuló sus permisos ambientales amenaza su operación en San Luis Potosí, pero apuntó que hasta ayer contaban con todos los permisos necesarios para operar en Cerro de San Pedro.

En un comunicado de prensa, la empresa informó que el juicio presentado ante el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, perteneciente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está plagado de irregularidades, por lo que no fue transparente.

La decisión judicial, resaltó, va en contra del "propósito del gobierno Federal de promover las inversiones canadienses" en nuestro país. Señala que la principal demanda de cualquier inversionista es "la certidumbre jurídica y un sistema de justicia transparente y expedito", condiciones que no se cumplieron en su caso.

Además la minera descalificó a ese tribunal como especialista en materia ambiental y lo acusó de poner en entredicho el juicio de la autoridad ambiental.

Recordó que la reciente gira de Vicente Fox por Canadá, país de origen de Metallica Resources, se enfocó en promover a México como destino de inversión para los capitales extranjeros.

Historia de un proyecto accidentado

Desde 1997, la Minera San Xavier mostró interés por explotar los restos de oro y plata que quedan en Cerro de San Pedro. Con el priísta Fernando Silva Nieto, la compañía recibió las autorizaciones estatales y municipales, y, en 1999 obtuvo el permiso ambiental del INE.

La empresa era propiedad de dos compañías canadienses: Metallica Reosurces Inc y Cambior. Esta última estaba involucrada en un desastre ecológico en la selva de Guyana. En 2000, Cambior vendió su parte a Glamis Gold, también de Canadá, y en 2003 Metallica obtuvo el ciento por ciento de las acciones.

Con el anuncio del proyecto minero nació también la oposición. Grupos ambientalistas y de conservación arquitectónica iniciaron una lucha social y legal por impedir que la empresa pusiera en riesgo el ecosistema desértico de Cerro de San Pedro y los templos coloniales que alberga el pueblo.

Este año, los bandos han dado varias volteretas. Un tribunal agrario anuló el contrato de renta de 300 hectáreas entre la minera y presuntos ejidatarios que en realidad no lo eran.

Luego de una oposición inicial, el gobernador Marcelo de los Santos Fraga, el presidente Vicente Fox y la empresa lograron que el alcalde priísta, Oscar Loredo Loredo, concediera las licencias municipales que se negaba a dar. Posteriormente el propio mandatario estatal panista anunció que la Sedena había concedido el permiso de uso de explosivos, requisito que tenía pendiente la empresa.

Pero ahora, la empresa reconoce que la viabilidad del proyecto está en riesgo por el fallo del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa en favor de un amparo presentado por los ecologistas en 2000.

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