Alejandro Nadal

El espacio genético: entre la ciencia y los negocios

Nadie sabe cuándo terminará la guerra comercial sobre transgénicos, pero sí sabemos cuándo comenzó formalmente. El 18 de agosto de 2003, Estados Unidos, Canadá y Argentina solicitaron a la Organización Mundial de Comercio (OMC) convocar a un panel sobre el etiquetado obligatorio impuesto a los productos transgénicos por la Unión Europea (UE). Los quejosos sostenían que el mecanismo regulatorio europeo era "discriminatorio y poco transparente", tecnicismo indispensable para detonar el proceso de solución de controversias al interior de la OMC.

Según Estados Unidos, el etiquetado asusta "innecesariamente" a los consumidores y la moratoria parcial de la UE le cuesta 300 millones de dólares por ventas perdidas cada año. Por su parte, la Unión Europea calificó la medida de litigio innecesario, ya que sus normas debían "restaurar la confianza de los consumidores en los alimentos transgénicos".

Para Estados Unidos el problema es estrictamente legal, pero la UE busca sacar el debate del ámbito estrecho de las reglas sobre comercio y colocarlo en el marco de la protección sanitaria y ambiental. El 26 de agosto, en una decisión muy importante (que pasó desapercibida por el gobierno mexicano), la OMC aceptó la petición de la UE para convocar a científicos para ayudar a dilucidar el problema. Esto es un golpe a la pretensión estadunidense, pero la decisión final del panel se tomará probablemente hasta la primavera del año 2005.

En el corazón de la pelea está la cuestión de saber si los productos genéticamente modificados son idénticos o pueden distinguirse. Según los científicos que están en la nómina de las empresas de biotecnología, son iguales; pero para otros, que son independientes, sí hay diferencias. En el contexto de los acuerdos de la OMC, si la primera posición es aceptada, se debe dar trato nacional a esos productos, lo que llevaría a la desregulación total de la industria de transgénicos en Europa y el mundo.

El desenlace del conflicto se entreteje con el tema del maíz transgénico en México y el debate en el Congreso sobre la Ley de Bioseguridad. Ese proyecto de ley tiene múltiples defectos. Quizá el más notorio es que el principio de precaución no recibe el reconocimiento que le corresponde, dados los tratados internacionales que México ya firmó y ratificó (especialmente el Protocolo de Cartagena). En realidad, ese proyecto de ley busca abrir la economía mexicana a los cultivos y alimentos transgénicos. Y aquí se conecta con el tema de la contaminación por material genéticamente modificado de los maíces mexicanos.

Hace unos días Greenpeace dio a conocer el estudio y recomendaciones que el secretariado de la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte presentó al Consejo de Ministros, integrado por los responsables de Medio Ambiente de México, Canadá y Estados Unidos. En ese documento se recomienda a los tres gobiernos hacer todo lo posible para reducir los riesgos, haciendo valer el principio de precaución. También se sugiere mantener y fortalecer la actual moratoria a la siembra comercial de maíz transgénico en México.

De igual forma, se aconseja reducir las probabilidades de que se siembre maíz transgénico en México, procediendo a etiquetar el maíz importado de Estados Unidos. Cuando no se pueda garantizar que el maíz importado esté libre de transgénicos, deberá ser enviado directamente y sin excepción al molino. Finalmente, en un tema cercano al de la responsabilidad civil, se recomienda evaluar y desarrollar métodos para retirar los transgenes de las razas locales. Habrá que ver quién va a cubrir los costos de limpieza.

Es obvio que Estados Unidos está molesto porque esas recomendaciones debilitan su querella contra la Unión Europea. Y en el caso mexicano, destruyen las pretensiones de aquellos que defienden el absurdo proyecto de Ley de Bioseguridad y califican de adelanto. Los diputados mexicanos ya no pueden aprobar al vapor ese proyecto que irresponsablemente puso el Senado de la República en su charola. Además, Legislativo y Ejecutivo deberán estar atentos al veredicto en la controversia entre Estados Unidos y la UE en el seno de la OMC.

Es cierto que México necesita una ley de bioseguridad, pero la que actualmente se pretende aprobar en la Cámara de Diputados no reúne los requisitos. Y aunque algunos legisladores dicen que "no nos podemos quedar atrás", aludiendo a un supuesto desarrollo tecnológico "moderno", deberían tomar en cuenta que con esa norma estaremos marchando en reversa.

En el portal electrónico de la CCA (www.cec.org), en la página dedicada a este espinoso caso, aparece una fotografía. No se trata de mazorcas de maíz, sino de paquetes de totomoxtle en algún mercado mexicano. Quizá eso es un mensaje inconsciente del webmaster de la CCA: si se aprueba la Ley de Bioseguridad, o si el Consejo de la CCA rechaza las recomendaciones del secretariado, corremos el riesgo de despertarnos un día para ver que nos robaron la sonrisa de la mazorca en la milpa y nos quedamos con el puro totomoxtle vacío.