José Steinsleger

Oficio de alto riesgo

América Latina ostenta el récord de ser la región del mundo con mayor desigualdad entre ricos y pobres, la de mayor endeudamiento externo en conjunto y de un solo país (Brasil), a más de figurar a la cabeza del mundo en asesinatos de líderes sindicales, dirigentes populares, activistas de derechos humanos, mujeres que sólo eran mujeres y niños que sólo eran niños. Otros números récord dan cuenta del sinfín de gobernantes, políticos, jueces y autoridades que prometen investigar estos crímenes "hasta las últimas consecuencias". ƑDónde y cómo situarse ante los valores de la democracia, la libertad y los derechos del ciudadano cuando el derecho a la vida no está garantizado?

América Latina también registra el récord de mayor número de periodistas asesinados en el cumplimiento de su desempaño profesional. Tragedia de la que no estarían exentos los grupos económicos ligados al capital trasnacional, que en sus medios de comunicación impulsan la privatización de los servicios públicos a favor de los nuevos capitales de inicios de siglo. En 2000 se constató la eliminación criminal de 62 periodistas en el mundo, 19 de los cuales (casi 30 por ciento) eran de la región latinoamericana-caribeña. Según la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP, órgano de la Federación Latinoamericana de Periodistas), de 1975 a 2000 murieron asesinados 600 periodistas de América Latina y el Caribe.

En Colombia, 40 periodistas fueron asesinados durante los 10 últimos años, más de medio centenar secuestrados desde 1999, y cerca de 30 obligados al exilio. En 2001 murió una decena de periodistas del país andino: José Enrique Urbano, José Daniel Vásquez, Arquímedes Arias Henao, Pablo E. Parra Castañeda, Cesid Marulanda Romero, Flavio Bedoya Tovar, Carlos Trespalacios, Wilson Peña Pérez, Alvaro Alonso Escobar y Eduardo Estrada Gutiérrez. El 24 de octubre de 2002, el gobierno colombiano anunció que los corresponsales de la prensa extranjera acreditados en Colombia necesitan un permiso oficial para entrar en las zonas controladas por el ejército. Tales zonas fueron creadas por el presidente Alvaro Uribe en el marco del estado de excepción vigente desde el 12 de agosto de 2002, para combatir a los grupos armados. Solamente se conceden permisos a los periodistas "debidamente acreditados" ante la Oficina de Prensa Internacional de la Presidencia, advirtiéndoles del alto riesgo que correrán los que entren en esas zonas.

Es decir, que informar acerca de familias y campesinos que han sido agredidos, asesinados, torturados, de mujeres violadas y casas que han sido quemadas lleva a personajes como Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares), a pensar que no se puede aceptar que el periodismo sea "una arma al servicio de uno de los actores del conflicto".

En Haití, el periodista Brignol Lindor, de Radio Echo 2000 (estación privada de la ciudad de Petit Goave, a 68 kilómetros de Puerto Príncipe), fue asesinado a pedradas y machetazos el 3 de diciembre de 2001.

En México, Félix Alfonso Fernández García, director de la revista Nueva Opción, fue asesinado el 18 de enero de 2000 en Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, por sujetos que viajaban en un automóvil, quienes le dispararon con armas AK-47.

En Guatemala, Jorge Mynor Alegría Armendáriz, de Radio Amatique, fue asesinado el 5 de septiembre de 2001. En Argentina ya se cumplieron más de siete años del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas.

Hace unos años, el derecho a la información y a la libertad de prensa fue el tema central del Encuentro de Editores y Directores de Periódicos de América Latina para una Cultura de Paz, organizado por la UNESCO (Puebla, mayo de 1997). La ponencia del uruguayo Danilo Arbilla, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se llamaba "La promoción y defensa de la libertad de prensa como base de la paz en América Latina". Arbilla enfatizó su oposición a la existencia de leyes de prensa, ya que "a fin de cuentas, éstas tienden a restringir y coartar la libre expresión de las ideas", y expresó su temor de que se aproveche el nombre de la UNESCO para pretender limitar la libertad de prensa.

"El derecho a la información veraz resulta un contrasentido... Ƒquién va a determinar la veracidad de la información?" La interrogante de Arbilla causó muecas de ironía. Alto funcionario de la dictadura militar uruguaya (1973-1985) y editor del semanario Búsqueda, Arbilla fue elegido presidente de la SIP en 2003.

En la misma ocasión, Benjamín Ortiz, del diario Hoy, de Quito, leyó la Declaración de Puebla, en la que se asienta que "... la libertad de expresión es condición primaria para consolidar una cultura de paz en el continente".

Dos años después, Ortiz fue designado canciller del presidente democristiano Jamil Mahuad y firmó el convenio que autorizó el funcionamiento de una base militar del Pentágono en el Pacífico ecuatoriano.