El incidente ocurrido el viernes en Ciudad Juárez, cuando un grupo de maestros y trabajadores al servicio del Estado intentaron bloquear el trayecto del vehículo en que viajaba el presidente Vicente Fox -algunos lograron incluso dar manotazos y patadas a la camioneta del mandatario-, ha dado lugar a una serie de penosas discordancias en el seno del gobierno federal y del partido en el gobierno.

Las formas de esa protesta fueron torpes, contraproducentes y peligrosas; así lo señaló la clase política en su conjunto, aunque muchos hicieron referencia a un elemento contextual de gran importancia: la cerrazón oficial frente a las reivindicaciones y movilizaciones populares, ante la cual diversos sectores sociales no encuentran más vía de expresión que el tumulto y la interpelación directa a los representantes populares. No faltaron, por lo demás, los extrañamientos por el descuido del Estado Mayor Presidencial (EMP), que permitió a los inconformes llegar, prácticamente sin obstáculos, hasta las unidades de la comitiva.

Aunque desde un primer momento el secretario de Gobernación, Santiago Creel, cada vez más dado a los desplantes y a los excesos verbales, calificó los manotazos sobre la carrocería de "actos ilícitos que violentan el estado de derecho", hasta anteayer el resto del gobierno pretendía minimizar lo sucedido. Fue, dijo Rubén Aguilar, vocero de Los Pinos, "un hecho puntual, de carácter ocasional", que "jamás" puso en riesgo la seguridad del Presidente. El EMP, se dijo desde el poder, actuó en forma correcta, con "prudencia" y "corrección". El incidente, indicó la Procuraduría General de la República (PGR), no daría lugar a una averiguación previa, sino simplemente a la elaboración de un acta circunstanciada, y se dio prácticamente por descartado que esa dependencia fuera a actuar de oficio contra los manifestantes. Acaso el propósito de esa benevolencia era quitar los reflectores de las fallas de organización e información del EMP, o disminuir la relevancia del zipizape en tanto indicador del enorme y cada vez menos controlable descontento social que han generado las políticas del foxismo. Pudo escucharse, además de la de Creel, la voz desentonada de su posible rival, el aspirante presidencial panista Carlos Medina Plascencia, quien no dejó pasar la oportunidad para fustigar al secretario de Gobernación, al que acusó de "actuar con omisión para no mancharse el plumaje".

Tal vez para evitar críticas de ese estilo -que, se entiende, restan puntos en la contienda por la postulación presidencial blanquiazul-, el Palacio de Covián emitió ayer señales de automatismo policial que contrastan con los esfuerzos previos por minimizar lo ocurrido en Ciudad Juárez: el subsecretario de Gobernación, Felipe González, presentó una denuncia de hechos ante la PGR "contra quienes resulten responsables" de haber manoteado sobre la camioneta del Presidente. Por otra parte, en lo que parece un intento de zancadilla al EMP, al gobierno de Chihuahua o a ambos, el vocero de la SG, Gonzalo Altamirano, aseguró que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), adscrito a la secretaría que encabeza Creel, se comunicó con antelación con las autoridades de la entidad norteña y sostuvo con ellas un "intercambio de comunicación oportuna".

En suma, la gresca en Ciudad Juárez, que por sí misma habría sido un incidente lamentable pero menor, ha dejado al descubierto la descoordinación entre el Cisen, el EMP y las instancias locales de seguridad; ha permitido entrever algo de las patadas bajo la mesa que están teniendo lugar en el panismo y en el círculo presidencial, y ha puesto en evidencia la incapacidad del foxismo para escuchar y atender los descontentos sociales que no encuentran otra vía de escape que los empujones a los vehículos de la comitiva del mandatario. Es revelador -e indicativo de este largo, incierto y exasperante fin de sexenio- que el episodio, en vez de suscitar la sensibilización del grupo gobernante, tenga como consecuencia un amago de persecución policial de los descontentos políticos.