La decisión del Congreso de Morelos de declarar culpable del delito de omisión al gobernador de esa entidad, Sergio Estrada Cajigal, deja a ese mandatario colgando de un hilo por demás delgado: el sentido en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la controversia constitucional interpuesta por el propio Estrada, para evitar su remoción, contra el Legislativo de su estado. Cual sea el desenlace final de este lamentable episodio judicial y político, resulta pertinente reflexionar sobre los elementos del contexto en el cual se desarrolla.

Por principio de cuentas, ha de considerarse que el gobernador panista heredó una acentuada descomposición institucional caracterizada por la infiltración de las dependencias públicas de seguridad y procuración de justicia de Morelos por organizaciones delictivas dedicadas al secuestro. Pero, lejos de poner un freno a ese fenómeno, Estrada Cajigal puso esas dependencias, de acuerdo con datos disponibles, en manos de individuos involucrados con el narcotráfico y con otros delitos graves. En el menos malo de los escenarios el gobernador operó con candidez y frivolidad inadmisibles en un representante popular; ése es el supuesto por el cual ha sido sometido a juicio político. Pero no puede descartarse, sin previo proceso judicial, que el todavía gobernador sea culpable no de omisión, sino de participación en los crímenes perpetrados por sus subordinados.

En lo inmediato, y sea cual fuere la determinación de la SCJN, Estrada Cajigal es políticamente inviable e indeseable en Morelos, no porque se prejuzgue sobre su culpabilidad, sino porque el mandatario estatal se ha empeñado en impedir el necesario esclarecimiento de la red de delincuencia organizada conformada por varios de sus empleados de confianza. Resulta comprensible, entonces, que casi toda la clase política local -incluidos, por cierto, muchos panistas que participan en la defensa del aún gobernador a regañadientes y bajo la presión del Comité Ejecutivo Nacional de su partido- cierre filas contra una figura política tan cuestionada y vulnerable.

En el ámbito nacional los infortunios del mandatario morelense constituyen, por dos razones, un golpe demoledor para el foxismo y para Acción Nacional. Por una parte, el asunto pone de manifiesto el doble rasero con el cual se comporta el grupo gobernante, que acosa mediática, propagandística, penal y presupuestalmente al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, por haber abierto una calle en supuesto desacato a una orden judicial, en tanto busca por todos los medios posibles escamotear la acción de la justicia en el caso del gobernador de Morelos, en cuyo primer círculo se ha instalado el narcotráfico y se han tramado, al parecer, varios homicidios.

Por la otra, el propio presidente Vicente Fox, así como la dirigencia nacional panista, han puesto las manos al fuego por la inocencia de un individuo que posiblemente resulte culpable. Hace menos de dos semanas, en Yautepec, el jefe del Ejecutivo federal manifestó su "compromiso con el gobierno del estado", a cuyos "esfuerzos" se sumó "mano con mano". Luis Felipe Bravo Mena, presidente de Acción Nacional, habló de su "confianza en el desempeño" de Estrada Cajigal e hizo votos por que las acusaciones en su contra "se aclaren por la vía jurídica y legal", ignorando que su propio partido impide, hasta ahora, tal esclarecimiento.

Acción Nacional y el gobierno federal habrían debido abstenerse de defender con expresiones tan rotundas y poco prudentes al tambaleante gobernador -como hicieron, en contraste, gobernantes y dirigentes perredistas con René Bejarano, Carlos Imaz y demás implicados en los videoescándalos de marzo-, pero al movilizarse en apoyo de Estrada Cajigal asumieron el riesgo de pagar un costo político enorme en caso de que éste sea destituido, sometido a juicio y hallado culpable.

El gobernador de Morelos es, pues, a estas alturas, una debilidad y un peligro para su partido y para el gobierno federal. El máximo tribunal del país, por su parte, se encuentra, en este caso, ante la disyuntiva de propiciar la impunidad y el encubrimiento o dar paso a la acción de la justicia, y su fallo no sólo será determinante para el mandatario morelense, el PAN y el foxismo, sino también para la credibilidad o el desprestigio del propio Poder Judicial.