Critican facilidades a trasnacionales

Señora directora: La instalación de una tienda de Wal-Mart en la zona de Teotihuacán es una agresión para los pobladores porque modifica las tradiciones, su entorno y abre la puerta a las trasnacionales para que continúen violentando las leyes que protegen las áreas arqueológicas en nuestro país.

La instalación de ese supermercado sólo demuestra a qué intereses responde la burocracia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Nos parece sospechoso que cuando se trata de quitar el derecho a las comunidades para habitar un lugar, que forma parte de los proyectos de algún político profesional, esta burocracia se vuelve intransigente y celosa de su deber, pero cuando se trata de otorgar permisos de construcción a políticos y trasnacionales entonces se hacen proyectos creativos y se desarrolla la imaginación para persuadir a la opinión pública sobre las bondades de los proyectos que instalan (ejemplo: Cuicuilco y ahora Teotihuacán).

Somos dueños de un predio que habitamos desde hace más de 10 años y cuando lo compramos tenía uso habitacional H-3/40, pero desde un inicio la burocracia de la delegación se interesó por él, ya que vivimos a escasos 40 metros de la calzada Ermita Iztapalapa; como no aceptamos que ellos construyeran a cambio de meter gente en nuestro proyecto, empezaron a obstruir nuestros derechos hasta que en el año 2000 la nueva administración delegacional, junto con burocracia del INAH, actuando bajo consigna, cambiaron el uso del suelo. Ignoraron nuestra existencia y nuestros derechos. Ante tal situación, demandamos al INAH que demostrara la existencia de los vestigios arqueológicos, más cuando sus arquitectos han llegado a las inspecciones oculares y no han tenido argumentos ni pruebas para demostrar lo dicho. Incompetentes para sostener sus argumentos tratan de persuadirnos diciendo que "se debe preservar el lugar porque nuestros antepasados pisaban esta zona" (sic). Luego de sus visitas nos muestran dictámenes que hablan de estructuras piramidales que se pueden afectar por las construcciones.

Se han negado a demostrar la existencia de los vestigios arqueológicos en este lugar, pero impiden que construyamos; cuando pedimos que ofrezcan alternativas de reubicación, hablan de falta de recursos y presupuesto.

¿Por qué permiten la construcción de una tienda en Teotihuacán y a nosotros nos prohíben construir a menos de 100 metros de la calzada Ermita Iztapalapa?

Como dijera el brasileño Fernando de Matta: "Las leyes sólo las aplican a los individuos, no a las personas". Para la gente común se aplica todo el peso de la ley, para los poderosos se revisa el caso para exceptuar la ley. Nuestra dignidad es la de todos.

Vecinos del predio El Calvario. Callejón de San Felipe M-11, Lote 9, Col. El Santuario, Iztapalapa. Josefina Allende, Roberto Alonso Osorio, María de los Angeles Plata, Remedios Ramírez, René Bustos Romero, María de la Luz Gamboa, Susana Rangel Vázquez, Enriqueta Castro Tapia, Margarita Villegas, Graciela Vázquez y 29 firmas más

Que el gabinetazo visite zonas arqueológicas

Señora directora: Es urgente formar una comisión que formule un itinerario a todos (o al menos los principales) destinos arqueológicos para que el gabinetazo visite ordenadamente, cual escolares, dichas zonas. El objetivo es que conozcan México y sepan dónde no deben autorizar molls tipo Wal-Mart; de paso probablemente alcancen a entender la razón por la que no deben eliminar de los libros de texto los temas referentes a la historia precolonial del país en el que viven. Deben llevar a sus cónyuges. Sugiero que la visita sea guiada por el maestro Matos, erudito en la materia, y por Jesusa Rodríguez para que expliquen en sencillito. No debe faltar el personal directivo del INAH.

Yolanda Robles

Cuestiona proceder de gobernantes

Señora directora: Como ciudadana me uno a las voces que reprueban la forma en que un grupo de burócratas y maestros protestaron contra las reformas al ISSSTE, cuando la figura presidencial estuvo en riesgo y requirió que el Estado Mayor Presidencial interviniera ante la turba, pero aún más reprobable es la forma en que el secretario de Gobernación exige que el PRD se deslinde de los hechos.

Los comentarios de Creel Miranda, lejos de alentar un clima de estabilidad para la nación, estimula a la ingobernabilidad al lanzar inmediatamente pronunciamientos contra las bases políticas. El Presidente y el secretario de Gobernación sostienen un debate de periodicazo y noticias de home-video contra algunos partidos, sin definir un rumbo claro en su política de gobernación.

El Poder Legislativo ahora se dedica a resolver asuntos de desafuero con mayor celeridad que en resolver una plataforma de desarrollo integral para la nación, apoyados con mensajes comerciales que anuncian recuperación de empleos y poder adquisitivo del pueblo (para alentar la inversión), aunque los mexicanos vemos que cada día disminuye nuestra calidad de vida y un futuro no muy promisorio para nuestros hijos.

Todos las corrientes políticas han sido exhibidas en actos de corrupción (Amigos de Fox, Vamos México, Pemexgate, el Niño Verde, el caso Ahumada y anexos) y sólo se ataca a un solo partido. Lo temerario es preguntarnos ahora: ¿qué respeto existe para el pueblo mexicano por quienes nos gobiernan, legislan y mienten? ¿Qué respeto puede tener el mismo pueblo que va a la pobreza ante una figura presidencial que vive en su castillo con toallas caras? El pueblo puede llegar a cansarse y aplicar la cita bíblica "con la vara que midas serás medido".

María Victoria Machorro Lazo

Diputados exigen que se reinstale a despedidos del INEGI

Señora directora: Solicito de la manera más atenta que publique en El Correo Ilustrado el presente documento.

Vicente Fox Quesada

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Mariano Azuela Huitrón

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Desde hace más de 480 días un grupo representativo de 2 mil 300 trabajadores despedidos por el titular del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) permanecen en plantón afuera del edificio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la colonia Nápoles. Su petición principal es la reinstalación en su trabajo y sus actividades principales son en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede).

Percibimos que el despido de estos empleados fue totalmente ilegal, ya que en varios juicios han demostrado tener derecho a su reinstalación y el INEGI no demostró en los juicios la naturaleza temporal de su contratación, ni mucho menos ha acreditado que el trabajo que desempeñaban haya concluido.

En su cuarto Informe de gobierno, usted, señor Presidente, expresó que los trabajos del Procede terminarán junto con su sexenio, por lo que no entendemos por qué se despidió a los empleados de ese programa o por qué no se les reinstala en los puestos que venían desempeñando.

Señores Fox y Azuela: no es posible que a cuatro años del despido de estos empleados no tengan una respuesta favorable a sus justos reclamos y que la justicia prometida en la campaña a la Presidencia de la República no pueda llegar a los trabajadores de México y en especial a los despedidos del INEGI.

Exigimos su reinstalación inmediata, así como el pago de las prestaciones que se les adeudan. Hagamos en nuestras instituciones una muestra de justicia.

Respetuosamente

Diputados federales: Alejandro González Yáñez, PT; Juan Pérez Medina, PRD; Pedro Avila Nevares, PRI; Francisco Amadeo Espinosa Ramos, PT; Nancy Cárdenas Sánchez, PRD; Roberto Vega Galina, PRI

Denuncian retención ilegal de joven en Chiapas

Señora directora: El pasado domingo 18, Pablo Pérez Pérez, de 20 años, abordó la camioneta de transporte público de la línea Transportes Lagos de Montebello, que salió de la ciudad de Comitán a las 12:45 con destino a Benemérito de las Américas, en la región Marqués de Comillas. Aproximadamente a las 15 horas, al llegar al retén que mantiene el Ejército Mexicano a la altura del poblado Loma Bonita, el vehículo en que viajaba fue detenido para la incómoda revisión habitual. Los elementos a cargo solicitaron a Pablo mostrar su identificación; él proporcionó el original de su acta de nacimiento, documento usualmente utilizado en Chiapas para ese fin.

No obstante que pedir identificación es en sí violatorio de un derecho constitucional, los soldados exigieron que presentara su credencial de elector. El declaró que no la había tramitado aún y la respuesta militar fue, ante las personas que se encontraban en el vehículo, que descendiera porque quedaría retenido. Sabedor de sus derechos inalienables, Pablo se negó a bajar, pero la amenaza militar fue rotunda: "si no bajas, no te devolvemos tu acta original", obligándolo así a descender, sin darle tiempo para bajar el bulto que traía consigo.

Luego de mantenerlo injustificadamente retenido por dos horas, cometiendo con ello el delito tipificado como privación ilegal de la libertad, los soldados procedieron a liberarlo diciéndole simplemente: "por pendejo, ahora vete a pie".

Gracias a la honradez del chofer del transporte y a un gasto extra de traslado, Pablo logró recuperar sus pertenencias: un bulto que contenía suelas y otros materiales de zapatería con valor de 450 pesos, que había ido a comprar a Comitán para el trabajo al que se dedica.

¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando en Chiapas las arbitrariedades que cometen las fuerzas armadas y policiacas? ¿Cuánto tiempo más permitiremos que siga su impunidad? ¿Cuándo dejarán de tratarnos como extraños en nuestra propia tierra? Situaciones como ésta siguen siendo comunes y cotidianas en nuestro estado, sin que el autollamado "gobierno del cambio" haga absolutamente nada por erradicarlas.

Coordinadoras Regionales de Chiapas de la Sociedad Civil en Resistencia de Los Altos, Marqués de Comillas, Fronteriza, Centro y Norte-Selva. Daniel Luna Alcántara y Ludel Flores

Acusan de represión y autoritarismo a rectora de la UPN

Señora directora: Nuevamente queremos hacer público un acto más de represión y autoritarismo realizado por alguien de quien se esperaría una actitud científica, humana, política y pedagógica: la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Marcela Santillán Nieto.

El pasado 14 de octubre esta señora solicitó y autorizó que cuatro patrullas con 15 elementos armados de la SSP ingresaran a las instalaciones de la UPN, unidad Ajusco, quienes mediante el uso de la fuerza y agresiones verbales detuvieron a tres compañeros estudiantes.

Durante la detención los policías amenazaron con arma de fuego a compañeras que se encontraban en el lugar tratando de impedir que se los llevaran. Los compañeros Víctor Gómez Arciniega, Armando Natanahel Chávez Guido y Jesús Israel Rosales Chávez estuvieron prácticamente secuestrados, ya que después del arresto los "pasearon" durante dos horas por la delegación hasta llegar al juez cívico 23; ahí se encontraban dos miembros del personal jurídico de la UPN, entre ellos el licenciado Juan Acuña, quien se caracteriza por disfrazar de legalidad los atropellos de las autoridades, y el coordinador de vigilancia interna. Estos malinformaron a una comisión de estudiantes que los detenidos no se encontraban en ese lugar y que posiblemente estarían en "algún lugar de Cuemanco y Periférico", pero los compañeros ya se encontraban ahí. Cuatro horas más tarde se logró confirmar esta información.

Los estudiantes de la UPN repudiamos este acto de represión. No entendemos qué hace Marcela Santillán Nieto dirigiendo una universidad pedagógica con estos múltiples abusos y atropellos a los derechos y dignidad de los jóvenes.

Si no usa la razón ni el diálogo para resolver los problemas que atañen a la comunidad universitaria, ¿qué puede esperar el pueblo de México con estas autoridades que dirigen escuelas formadoras de científicos y profesionistas para resolver conflictos sociales? Una vez más: los jóvenes no somos delincuentes por el hecho de ser estudiantes. En éste y otros momentos su alternativa ha sido la represión.

Hacemos responsables a Marcela Santillán Nieto y a todo su equipo de trabajo: Tenoch Cedillo Avalos, Juan Acuña Guzmán, Elsa Mendiola Sanz, Adalberto Rangel Ruiz de la Peña, Javier Olmedo Badia, Arturo García Guerra, Fernando Velásquez Merlo, Abraham Sánchez Contreras, entre otros, del deterioro y daños que sufre la comunidad universitaria de la UPN ocasionados por su incompetencia para resolver problemas y de las consecuencias que conlleva avalar y acudir al uso de la fuerza pública dentro de una institución educativa, arriesgando la integridad física de estudiantes, trabajadores y académicos. (Carta resumida.)

Responsables de la publicación: Angel Torres Chávez, Ernesto Galván Hernández, consejeros académicos estudiantiles

Incorrectos, datos de la CNDH: Mexsida

Señora directora: El sábado 16 de octubre Ricardo Hernández Forcada, responsable del Programa VIH/sida de la CNDH envió una respuesta al Centro Pro en relación con la discriminación y el VIH-sida, que contiene varios señalamientos incorrectos:

1. El Programa de VIH de la CNDH no se inició durante la gestión de Soberanes, como afirma Hernández Forcada. Su primera acción se dio en 1991 con la publicación de la primera cartilla de derechos humanos de las personas que viven con esa enfermedad, por cierto pionera en el mundo en este tema. Publicación que se hizo en coordinación con GIS-Sida, Mexicanos contra el Sida y lo que entonces era Conasida. A partir de ese año se abrió un programa para recibir quejas en este ámbito. En 1995 se abrió un programa de VIH/sida que además de la recepción de quejas impulsó la promoción y sensibilización, así como clasificar quejas que permitiera identificar con mayor precisión la causa de la discriminación. Estas acciones se dieron cuando Carpizo y Madrazo estuvieron al frente de la CNDH. Cuando Mireille Roccatti la encabezó el programa fue prácticamente desmantelado, sólo parcialmente reactivado durante la gestión actual a solicitud y propuesta de nuestra organización, Letra S, Demysex, y Sisex. El señor Hernández retoma el pasado mes de marzo este programa, a raíz de nuestra protesta por las respuestas del primer visitador, a quien no le importaban los casos de discriminación en las escuelas de la SEP y la falta de intervención de la CNDH.

2. Respecto del mecanismo de conciliación que la CNDH denomina "amigable composición", efectivamente existe, y la ley de esta instancia lo contempla. Sin embargo, la CNDH ha abusado de este mecanismo conciliatorio para no lastimar a las autoridades, del cual los quejosos ni siquiera son enterados cuando su caso se somete a amigable composición. No se les solicita su opinión sobre los términos de la conciliación, ni tampoco su consentimiento. Es decir, se viola el derecho a la información y a la autodeterminación de los quejosos. El abuso de la conciliación se complementa con un uso "homeopático" de las recomendaciones. Como si esto fuera poco, mientras las recomendaciones tienen carácter público y deben difundirse, las amigables composiciones que la CNDH realiza permanentemente nunca son conocidas por nadie más que por los interesados.

3. Por otra parte, las recomendaciones de la CNDH son administradas en "microdosis" a las autoridades y, además, son utilizadas políticamente, es decir, cuando le resultan útiles a su presidente; baste ver las de los crímenes del pasado, mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, la ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Isssfam), y los casos de niños (as) discriminados por la SEP en las escuelas del país. Estas últimas fueron quejas acercadas por Mexsida a la CNDH; algunas tenían antigüedad hasta de tres años en la oscuridad de los archivos de este organismo.

Con estas precisiones Mexsida quiere dejar asentado que la CNDH hace uso político del VIH/sida para favorecer la relección de José Luis Soberanes, quien sólo ha asumido su papel de "defensor del pueblo" casualmente durante el proceso de búsqueda de su ratificación.

Silvia Panebianco Labbé, Arturo Díaz Betancourt, Mexsida

Precisión del IFAI

Señora directora: Por este medio quisiera hacer algunas precisiones a las notas publicadas en el diario que usted encabeza, en sus ediciones del pasado viernes 15 de octubre, página 37, con firma de Renato Dávalos, y miércoles 20 de octubre de 2004, en la página 40, de Carlos Camacho.

En ambas notas se hace referencia a informes "publicados por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI)", en los que se asegura que aspirantes a la candidatura perredista al gobierno de Hidalgo aparecían en la nómina de la administración estatal.

Es pertinente aclarar que el IFAI es un organismo cuya competencia y autoridad se circunscribe a la administración pública federal, es decir, al Poder Ejecutivo federal, por lo que no tiene ninguna injerencia en los estados de la República y sus órganos de gobierno.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Felipe Chao Ebergenyi, director general de Comunicación Social del IFAI

Respuesta del reportero

Señora directora: Remitiría al funcionario Chao con varios integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, quienes tuvieron en sus manos la información de referencia en torno a su proceso interno hidalguense.

Renato Dávalos

El espionaje enturbia más el entorno político

Señora directora: Los abajo firmantes condenamos los actos de espionaje a que pueda ser sujeta cualquier persona en este país, los cuales violan las garantías individuales, además de ser un delito federal.

Son varios los acontecimientos que nos demuestran que este tipo de prácticas no han quedado atrás con el cambio de régimen y siguen siendo utilizados para afectar a adversarios políticos que están contra el proyecto neoliberal.

Tal es el caso de las grabaciones aparecidas los días martes 12 y miércoles 13 de octubre pasados, las cuales fueron producto de intervenciones telefónicas entre funcionarios del GDF y diputados locales del PRD.

Todo esto enturbia más el entorno político y pareciera tener la intención de crear un ambiente de linchamiento contra toda persona cercana al proyecto encabezado por el jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, y desvía la atención del tema central que es la modificación al artículo 122 constitucional, con la cual se saquean más de 9 mil millones de pesos del presupuesto de la ciudad.

Esto es aprovechado por los enemigos del proyecto democrático dentro del PAN, el PRI, el PVEM y algunos oportunistas, como el senador Demetrio Sodi de la Tijera, que gustaba de apoyar el juego sucio dirigido hacia el GDF y el PRD. Respetamos su opinión, pero nos preguntamos si su actuar obedece a un militante de izquierda; basta recordar la participación que tuvo en la aprobación de la Ley Indígena y el caso de El Encino, en el cual también pidió la destitución de funcionarios del GDF, así como las constantes críticas al PRD, partido al cual supuestamente pertenece. Lo anterior genera dudas, ya que tiene propuestas más cercanas al PRI o al PAN.

Hacemos un llamado al Comité Ejecutivo Nacional del PRD para que llame a comparecer al senador y cualquier opinión distinta que tenga sea dirimida dentro del partido.

Damos nuestro apoyo total al subsecretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, así como al proyecto que encabeza el jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador.

Atentamente

Roberto López Suárez, secretario de Planeación del PRD-DF; Israel Díaz Vallarta, presidenta del PRD en Xochimilco; Mario Alberto Solís Hernández, presidente del PRD en Azcapotzalco; Armando Palacios Martínez, presidente del PRD en Tláhuac; Francisco Zepeda, secretario general del PRD en Magdalena Contreras; Eulalia Bermúdez, secretaria del PRD en Benito Juárez; Elvira López, secretaria del PRD en Benito Juárez; María Fe Pineda Torres, secretaria general del PRD en Venustiano Carranza; Laura Piña Olmedo, presidenta del PRD en Venustiano Carranza; Xóchitl Bravo Espinoza, secretaria general del PRD en Tlalpan; María Elena Flores Ramírez, secretaria de la Mujer del PRD-DF; Tania Roque Medel, secretaria de Prensa y Propaganda del PRD-DF