El GDF tiene 15 días para responder a las recomendaciones de la CDHDF

Hay peritajes que acreditan suicidio de reclusos: Encinas

SUSANA GONZALEZ

Frente a los señalamientos que hizo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, sobre casos de suicidios de internos de cárceles capitalinas que no quedan del todo claros, el secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, aseguró que se cuenta con los peritajes de la procuraduría capitalina que acreditan que un preso se quita la vida.

El jueves pasado, el organismo emitió la séptima recomendación del año dirigida a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (DGPRS), que depende de la Secretaría de Gobierno, sobre siete casos de homicidios y violaciones contra reos de reclusorios varoniles y de la penitenciaría de Santa Martha, algunos de los cuales ocurrieron en zonas de alta seguridad o en dormitorios donde había otros presos.

Las autoridades cuentan con un plazo de 15 días para determinar si rechazan la recomendación o la aceptan de manera total o parcial en los 10 puntos que contiene, pero Encinas dijo que revisan el documento porque los peritajes son "muy claros" sobre algunos de los casos de suicidios a los que se refiere la CDHDF.

De cualquier manera, el funcionario aseguró que "el propósito inicial es aceptar la resolución", pero también advirtió: "por supuesto haremos las observaciones que sean necesarias".

Sobre las dudas de que algunas de las muertes referidas sean en realidad homicidios, Encinas dijo que tampoco se trata de acreditar los suicidios como "actos de fe", puesto que las autoridades han actuado en función de los peritajes de especialistas, aunque reconoció que pudieron haber ocurrido en celdas concurridas o zonas de seguridad, por lo que aseveró que en el Gobierno del Distrito Federal existe "la mejor disposición para que se revise todo". Además, puntualizó, los suicidios ocurridos dentro de los penales capitalinos han registrado una tendencia a la baja en años recientes.

El jueves pasado el ombudsman Emilio Alvarez Icaza insistió durante la recomendación citada en que hay muertes de internos que deben considerarse "probables" suicidios, porque se han detectado "situaciones poco claras. Llaman la atención sobre la veracidad y naturaleza de estos hechos. Es un fenómeno que debe ser investigado", aunque también dijo que eso corresponde determinarlo a las autoridades de la procuraduría capitalina.

La comisión documentó en su séptima recomendación que algunos reos que fueron encontrados muertos habían reportado con anterioridad a las autoridades penitenciarias problemas con otros reos y pidieron su traslado, e incluso ellos o sus familiares hicieron llegar una queja al respecto a la CDHDF.

El 5 de noviembre de 2002, por ejemplo, la comisión recibió una llamada de un interno de la penitenciaría de Santa Martha, donde refirió que él y su compañero fueron golpeados en su celda por otros presos, y que éstos incluso trataron de matarlos porque llevaban consigo diversas armas. Dos semanas después el interno que hizo dicha llamada fue encontrado colgado en su estancia con un pedazo de cable de electricidad.

La recomendación hace hincapié en que en el sistema penitenciario capitalino se han violado los derechos a la seguridad personal de los reclusos en relación con el derecho a la vida e integridad personal, por lo que pide 10 medidas distintas para corregir problemas estructurales.

Tales medidas son: la realización de un estudio técnico y presupuestal en el que se determine la necesidad real del personal de seguridad y custodia por penal, que sirva como base para que la DGPRS solicite un aumento de presupuesto para el año próximo para contratar más personal.

También propone la comisión elaborar un manual sobre el perfil de puesto de mando del personal de custodia, capacitación para el que ya existe y para el que sea contratado, la creación de una unidad de protección civil, iniciar gestiones para crear el servicio civil de carrera en los reclusorios y medidas preventivas para que no se repitan actos violatorios a los derechos humanos de los presos.