Un tribunal falla en favor de ellos; particulares buscan litigar en los medios, señalan

UAG y varias firmas deben restituir terrenos a ejidatarios de Zapopan

ROSA ROJAS

Tras litigios que han durado 30 años, la comunidad indígena y ejido de San Juan Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco, está a un paso de recuperar otra parte de la tierra que le fue reconocida en 1970 -en resolución presidencial, por 3 mil 77 hectáreas-, la cual está en poder de grandes empresas y de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), luego de que el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito falló a favor de la comunidad un recurso de amparo, condenando a varios particulares a restituir 20 hectáreas al ejido.

Ante ello se ha desatado una campaña mediática contra la comunidad de San Juan Ocotán y su abogado, Rubén Avila Marín, a quienes la UAG y otros firmantes han acusado, en desplegados publicados en diarios de Guadalajara y el Distrito Federal, de "chantaje y extorsión" contra 200 empresas.

Al respecto, Avila Marín indicó: "la UAG pretende intimidar a los órganos de impartición de justicia con periodicazos", ya que teme que las sentencias que se lleguen a dictar no le sean favorables, además de que no logró -como solicitó- que la Suprema Corte de Justicia atrajera el caso.

Agregó: "si bien es cierto que los firmantes de la inserción pagada exigen seguridad en la posesión de tierras que dicen de su propiedad, también lo es que los núcleos agrarios Comunidad Indígena y Ejido de San Juan de Ocotán han venido exigiendo durante más de 30 años, primero en la esfera administrativa de la Secretaría de la Reforma Agraria y actualmente ante tribunales agrarios, el derecho que les confieren las respectivas resoluciones presidenciales".

A su vez, para Julián Medina, integrante del grupo de abogados Consultoría Agraria General, resulta claro que "existen derechos en contradicción" y, de acuerdo con nuestro sistema jurídico, serán las autoridades competentes las que resuelvan en definitiva las controversias promovidas ante el tribunal unitario agrario, distrito 15, con sede en Guadalajara, Jalisco.

Explicó que están por resolverse varios juicios iniciados por indígenas contra empresas e instituciones, entre ellas Bimbo y la UAG, y que como el tribunal colegiado que los dictaminará es el mismo que ya falló en favor de los comuneros-ejidatarios, "lo más lógico es que vaya a resolver en el mismo sentido, dándonos la razón, por eso nos quieren dar la muerte de la mosca, queriendo litigar en los medios lo que no han sabido disputar en tribunales".

Avila Marín comentó que varias empresas "de las que supuestamente firmaron la inserción" contra él y la comunidad y ejido de San Juan Ocotán -como distribuidora Coca-Cola, Grupo Jaguar, El Romeral y Gasolinera Cudea- suscribieron acuerdos conciliatorios con la comunidad ante el tribunal agrario, distrito 15, dando por terminada la controversia.

"Las empresas estuvieron de acuerdo en pagar a la comunidad las superficies que están ocupando; es como decir: 'reconocemos que la tierra es de la comunidad y te ofrecemos pagarte mediante un avalúo'; la comunidad estuvo de acuerdo y fue cuando se realizaron los convenios porque, como ya están las empresas instaladas sobre la superficie, iba a ser imposible que restituyeran la tierra; por eso se dio una salida negociada. Quiero suponer que aparecen en el desplegado sin su consentimiento porque si ya firmaron un convenio y tuvieron un acuerdo se me hace medio malevolo que digan lo contrario."

Explicó que los indígenas han firmado convenios con empresas por unas 15 hectáreas. El precio de la tierra, comentó, es variable, depende dónde se ubique. "Si está sobre una vía de comunicación el metro anda por mil 500 pesos." La asamblea de San Juan Ocotán la integran 133 ejidatarios-comuneros.

Comentó que la UAG "pelea 240 hectáreas que básicamente es la única tierra libre de construcciones dentro del periférico de la ciudad de Guadalajara. Ellos tienen interes ahí porque alrededor de esas tierras hay zonas residenciales. Tienen una escritura apócrifa que obtuvieron mediante artilugios, y con ella alegan que son propietarios de esa superficie; aparte de la UAG, otros propietarios tienen superficies menores".

Por su parte, los integrantes del comisariado de bienes comunales Daniel Anguiano Huerta (presidente), José Olivares (secretario) y Federico Santos (tesorero) señalaron en un escrito que la inserción pagada contra la comunidad "es calumniosa y difamatoria, en razón de que sólo una mente calenturienta puede quejarse de chantajes y extorsiones en su perjuicio, pues de ser esto verídico, no hubieran transcurrido 30 años de lucha jurídica, en que el ejido y la comunidad con éxito han soportado toda clase de presiones por aquellos que, según nuestro criterio, indebidamente detentan" las tierras ejidales y comunales.

Añadieron que la comunidad india y el ejido "han sabido perder y respetar lo resuelto por la autoridad" en los juicios en los que se ha dado la razón a los demandados, por lo que los firmantes de la inserción pagada "también deberían respetar las resoluciones dictadas en su contra; caso concreto: Cementos Apasco, SA de CV, que a esta fecha, con argucias legaloides, ha impedido el que se ejecute la sentencia definitiva dictada en su contra.

"Resulta risible y puede tratarse de una broma macabra y de mal gusto", añadieron, que los empresarios en litigio contra la comunidad manifiesten que con la tramitación de los diversos juicios de restitución o de exclusión "se ponga en peligro la tranquilidad del país", porque Comunidad Indígena y Ejido de San Juan de Ocotán "tienen plena confianza en el recto proceder de los funcionarios encargados de administrar la justicia en nuestro país".