Hace años se debate el papel de la ética en el conocimiento, pero faltan acuerdos

Plantean a científicos dirigir su labor al beneficio social; el saber "no es neutral"

LAURA POY SOLANO

A la par del desarrollo científico en décadas recientes, que llevó al descubrimiento del genoma humano, la creación de organismos transgénicos y el uso de nuevas tecnologías, como la ingeniería proteínica y la nanotecnología -que permite manipular la materia átomo por átomo-, entre otros adelantos, surgen nuevas interrogantes sobre el papel de la ciencia en el desarrollo sustentable de la sociedad, así como en torno a su compromiso ético de velar por el respeto a la dignidad humana y la conservación del medio ambiente.

A partir de la firma, en 1999, de la primera Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico, impulsada por diversos organismos internacionales, científicos de todo el orbe exhortaron a los estados a construir un marco normativo mundial que asegurara un uso ético y democrático del conocimiento científico, ante el riesgo de generar "mayor desigualdad y exclusión para la población".

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) denunció la desigualdad existente en los beneficios que otorgan los nuevos saberes científicos, los cuales, afirma, deben estar al servicio del conjunto de la humanidad y contribuir a dotar a todas las personas de una comprensión más profunda de la naturaleza y la sociedad, una mejor calidad de vida y un medio ambiente sano y sostenible para las generaciones futuras.

Lo anterior, porque "se ha comprobado que conforme el saber científico se transforma en un factor decisivo de la riqueza, su distribución es más desigual".

En el entorno de un nuevo debate internacional, la comunidad científica reconoce que la pretendida neutralidad de la ciencia no es más que una posición "ingenua", que ya no es sostenible ante la "evidente responsabilidad de los científicos en el uso que se da al conocimiento que desarrollan".

En ese contexto, Juan Pedro Laclette, director del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que la ciencia ya no puede pretender "escudarse en una supuesta neutralidad, cuando es fundamental que en la formación de los científicos se incluya la preocupación por el uso social y económico que se pueda dar a sus investigaciones".

En países en vías de desarrollo, agrega, "donde la ciencia tiene tantas limitaciones, es indispensable que el conocimiento científico mire hacia su entorno social y enfoque sus esfuerzos en beneficio de la población, sin olvidar que existe una obligación y un compromiso con la sociedad que invirtió en el desarrollo de la ciencia y la tecnología y espera que los nuevos saberes beneficien a toda la población".

Progreso sustentable, el compromiso

Tras la creación, en 1998, de la Comisión Mundial de Etica del Conocimiento Científico y la Tecnología de la UNESCO, la comunidad académica internacional inició un debate sobre los compromisos éticos que los investigadores debían asumir frente al desarrollo de dicha áreas en el nuevo siglo.

Ejemplo de ello es el acuerdo internacional Programa en Pro de la Ciencia, suscrito durante la primera Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el Siglo XXI, organizada por la UNESCO y el Consejo Internacional para la Ciencia, en Budapest, Hungría, a finales de 1999, a la cual asistieron representantes de más de 50 países, y cuya fue finalidad consolidar un conocimiento científico al servicio del progreso, la paz y el desarrollo sustentable.

Dichos encuentros generaron en la comunidad científica el interés por impulsar "un debate democrático, vigoroso y bien fundado sobre la producción y aplicación del saber científico". No obstante, a más de cinco años de estos encuentros, en la mayoría de los países en desarrollo no se concretó un debate plural sobre el papel de la ética en el saber científico.

Carlos López Beltrán, investigador y coordinador del posgrado de filosofía de la ciencia del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, señala que el debate ético sobre la ciencia comienza a descubrirse a principios del siglo XX, cuando se derrumba la "idea simplista" de que el conocimiento científico "es ajeno a los intereses políticos, económicos y religiosos que genera el contexto social".

Hoy en día, asegura, el equilibrio de los valores éticos y culturales que impone un mundo globalizado "representa el mayor reto en la búsqueda de un compromiso ético de los estados, los científicos y la sociedad para impulsar un conocimiento que beneficie a la humanidad y no privilegie los espacios de poder económico o político".

No podemos soslayar, añade, que tanto el desarrollo del conocimiento científico como su aplicación se generan en una estructura de valores culturales establecidos a lo largo de siglos, "lo cual indica que el destino y la orientación de la ciencia moderna no sólo compete a organismos internacionales, sino a la sociedad en general, que debe establecer metas realistas sobre los alcances que puede tener el conocimiento científico sobre el desarrollo de la humanidad".

Marco jurídico y vacío legal

Marcia Muñoz, investigadora y especialista en bioética y biotecnología del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advierte que sin una legislación que proteja los derechos de los ciudadanos ante el uso y acceso a las nuevas tecnologías, "se corre el riesgo de perpetuar la desigualdad y el abuso en los derechos de los ciudadanos, como en el uso de la información genética, la cual aún no está legislada en la mayoría de los países".

En México, como en muchos naciones en desarrollo, "no existe un marco jurídico acorde con los retos que impone el acelerado desarrollo de la ciencia y su impacto no sólo en la sociedad, sino en los derechos de los ciudadanos", abunda.

El peligro, agrega, es que no contamos con una normatividad que regule el manejo ético de los resultados de las investigaciones científicas, que en el caso de los protocolos de investigación para la creación de nuevos medicamentos o vacunas "representa un grave riesgo para la salud de la población, ya que no garantiza un conocimiento informado sobre los posibles efectos de esas investigaciones, pues, a diferencia de los países desarrollados, donde existe una legislación que regula exhaustivamente esos procedimientos, en México sólo se cuenta con un reglamento de la Ley General de Salud".

La comunidad internacional, destaca, impulsa la creación de un marco normativo internacional que regule el acceso a las nuevas tecnologías, "pero también para establecer un límite en su aplicación, a fin de garantizar el respeto a la dignidad humana y los derechos básicos de todo ciudadano".

Sin embargo, reconoce que una de las principales preocupaciones para los especialistas es "asegurar que todos los países, en especial los que se encuentran en vías de desarrollo, cuenten con los recursos suficientes para impulsar el conocimiento científico y tecnológico, pues de lo contrario se profundizaría la brecha entre ricos y pobres, dado que sólo los primeros tendrían los recursos para acceder a los beneficios de las nuevas tecnologías".

Piratería científica

La falta de un marco jurídico que regule la aplicación y el uso de las nuevas tecnologías en las sociedades modernas también afecta los derechos de los científicos sobre su trabajo intelectual.

Octavio Paredes López, presidente de la Academia Mexicana de Ciencia (AMC), señala que la "piratería científica" afecta sobre todo a los investigadores de países en desarrollo, "que no cuentan con una legislación que proteja sus aportaciones al conocimiento científico".

La incertidumbre jurídica en que se mueve el conocimiento científico, señala, no sólo genera que los especialistas duden antes de dar a conocer sus ideas o hipótesis científicas si sus investigaciones no han sido publicadas aún, "pues se corre el riesgo de que otros se apropien de este conocimiento, sin que se sancione a los responsables".

El uso del conocimiento científico con fines inapropiados, afirma, es otro de los "vacíos jurídicos" que enfrentan los investigadores ante un avance acelerado de los canales de información, "que hoy en día pueden poner al alcance de las masas cualquier conocimiento científico, como la manipulación genética, que si bien representa un gran avance para socializar el conocimiento científico y acercar a la sociedad con los investigadores, sin una adecuada reglamentación también podría representar un riesgo considerable".

En los próximos años, asegura, deberemos enfrentar no sólo nuevos retos en el conocimiento científico y su aplicación, sino en la creación de mecanismos jurídicos y sociales que garanticen el respeto al trabajo intelectual de los científicos al castigar cualquier forma de "piratería" del conocimiento y el derecho de la sociedad a estar informada y a participar de los beneficios que aportan esos avances.