Exigen el cumplimiento de las recomendaciones del relator especial de la ONU

En Jalisco nahuas y huicholes rechazan iniciativa de ley local en materia indígena

Piden modificar la Constitución federal en términos de los acuerdos de San Andrés

ROSA ROJAS

Ante la pretensión del Congreso de Jalisco de aprobar una ley estatal en materia de derechos y cultura indígenas, en la que participen las comunidades originarias en una "consulta" al respecto, las autoridades de los pueblos wixarikas (huicholes) y la organización de médicos tradicionales de la comunidad nahua de Tuxpan, manifestaron su rotundo rechazo a cualquier reforma en la materia "hasta no ver concretada la modificación de la Constitución federal en los términos de los acuerdos de San Andrés y la ley Cocopa".

En asamblea y en sendos documentos, los wixarikas determinaron exigir el cumplimiento de las recomendaciones del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, de que se revise la reforma constitucional de 2001 en la materia, "para ajustarla mejor a la iniciativa de la ley Cocopa", señalaron las autoridades de la comunidad autónoma Wixarika de Bancos de San Hipólito, Durango, así como de la comunidad Tuapurie-Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic, Jalisco.

Los médicos tradicionales nahuas rechazaron su vez "la clandestina consulta" que pretende realizar el Congreso local el próximo día 30 en su comunidad, "sin que hayan sido enterados de su próxima realización los barrios y rancherías donde se encuentra asentada la población indígena de Tuxpan".

Las autoridades de bienes comunales y los gobernadores tradicionales wixarikas, en documento del 9 de octubre, enviado a los congresos de Jalisco y de la Unión, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a la sociedad civil, a las comunidades originarias del país, a las juntas de buen gobierno zapatistas y a la comandancia general del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, exigen que se respete su postura, expresada al propio Stavenhagen en junio de 2003 y al Congreso local el pasado 2 de septiembre, "porque desnaturaliza y resulta absurdo participar y validar una reforma estatal mientras que la ley federal que afecta profundamente nuestros derechos está siendo debatida a escala nacional e internacional por las más altas instancias".

En el documento del 2 de septiembre, los wixarikas recordaron que en los pasados nueve años, conjuntamente con todos los pueblos indígenas del país "nos esforzamos por hacer acuerdos entre los pueblos indígenas, la sociedad y el gobierno, de ahí que participamos en la elaboración de los acuerdos de San Andrés y los hemos ratificado múltiples veces.

"En marzo de 2001 fuimos al Congreso de la Unión, junto con otros pueblos indígenas, a exigir que se aprobara la ley Cocopa y aún así no la aprobaron, en cambio aprobaron una ley promovida por líderes del Senado de los tres principales partidos políticos del país (Bartlett, del PRI, Fernández de Cevallos, del PAN, y Ortega, del PRD)."

Esa ley, agregan, limita su derecho a asociarse libremente, a disfrutar de su territorio, a tener medios de comunicación propios y su libre determinación y autonomía. "Todas esas violaciones a nuestros derechos son del ámbito federal".

Recuerdan que para reclamar contra esa ley tramitaron, con muchas autoridades y ayuntamientos indígenas más de 300 controversias constitucionales contra esa reforma y, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en su contra, los wixarikas tramitaron un amparo que aún no se ha resuelto.

Por ello, decidieron no aceptar ninguna reforma a la Constitución estatal en la materia, ya que una ley menor -estatal- no puede otorgar los reclamos anteriormente exigidos a una ley mayor -federal-, y "con base en los acuerdos que hemos tomado con los pueblos indígenas del país y del estado de Jalisco, como los nahuas, las comunidades que conformamos el pueblo wixarika, abajo firmante, hemos decidido continuar el camino de nuestra autonomía en los hechos desde nuestra raíz, como anteriormente lo señalado y como lo marca nuestra historia y nuestro destino".

Los médicos nahuas, a su vez, denuncian: "frente a un orden constitucional en materia indígena que ha sido unánimemente repudiado por los pueblos indígenas y por amplios sectores de la sociedad civil nacional y estatal, y en contra del cual existen diversos recursos de impugnación en las instancias jurídicas internacionales, los gobiernos federal y locales -incluidas las legislaturas de los estados- han implementado la estrategia de aprobar el mayor número de leyes locales en materia indígena, que lógicamente tendrán que estar subordinadas a la reforma constitucional, con el fin de 'legitimar' en los estados tan repudiada reforma legal e imponerla a nuestros pueblos por la vía de leyes estatales".